El Gobierno multó a la UTA y a La Fraternidad por incumplir conciliaciones obligatorias durante el paro del 19 de febrero
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El Gobierno nacional decidió aplicar fuertes sanciones económicas a los gremios del transporte Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por haber adherido al paro general del 19 de febrero pese a que se encontraban bajo conciliación obligatoria. Las multas, definidas por la Secretaría de Transporte, alcanzarían 70 mil millones de pesos para la UTA y 20 mil millones para La Fraternidad, según informaron fuentes oficiales.
La medida fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien instruyó al área de Transporte -dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello- a sancionar a los sindicatos que participaron de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo.
Multas por incumplir la conciliación obligatoria
La decisión del Ejecutivo se tomó luego de considerar que ambos gremios incumplieron el procedimiento de conciliación laboral obligatoria, que estaba vigente al momento del paro.
En el caso de la UTA, la conciliación había sido dictada el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 del mismo mes, mientras que para La Fraternidad la medida regía desde el 4 de febrero hasta esa misma fecha.
Desde el Gobierno señalaron que la sanción busca marcar un precedente frente a lo que consideran una violación de la normativa laboral.
"Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley", explicó una fuente oficial.
Inicialmente, dentro del Ejecutivo se evaluó avanzar con la quita de la personería gremial a las organizaciones sindicales. Sin embargo, finalmente se optó por aplicar sanciones económicas, aunque la posibilidad de retirar la personería no quedó descartada si los gremios desconocen las multas.
Cómo se calculan las sanciones
Las penalidades se fundamentan en el régimen de infracciones laborales, que establece que las multas pueden oscilar entre el 50% y el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la medida de fuerza.
Sobre la base de ese criterio, fuentes del Gobierno proyectaron que:
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La UTA podría afrontar sanciones superiores a los 70.000 millones de pesos.
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La Fraternidad debería pagar más de 20.000 millones de pesos.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que el objetivo de la decisión es "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".
También recordaron que antes de la huelga de 24 horas el Ejecutivo había advertido a los sindicatos sobre la necesidad de respetar las conciliaciones obligatorias vigentes durante el conflicto.
La advertencia del Gobierno
En el entorno oficial señalan que la medida constituye una "nueva oportunidad" para los sindicatos.
No obstante, remarcan que si las organizaciones gremiales desconocen el pago de las multas, el Gobierno podría retomar la estrategia inicialmente evaluada y avanzar con la sanción máxima: la quita de la personería gremial.
Esa herramienta implicaría retirar el reconocimiento legal del sindicato, lo que afectaría su capacidad de representación formal en negociaciones colectivas.
La postura de los sindicatos
Desde los gremios del transporte cuestionaron la decisión oficial y la interpretaron como una forma de presión para evitar futuras medidas de fuerza.
Fuentes sindicales sostienen que las nuevas herramientas surgidas de la reforma laboral permiten al Ejecutivo limitar los paros en sectores considerados esenciales, como el transporte público.
En ese marco, afirman que la adhesión al paro del 19 de febrero respondió a una convocatoria nacional y no a conflictos propios de cada actividad.
Ese argumento será central en la discusión con el Gobierno, ya que los gremios sostienen que la conciliación obligatoria regía para reclamos sectoriales y no para una huelga general.
Diferencias entre la UTA y La Fraternidad
Dentro del Gobierno también distinguen las posiciones de los líderes sindicales.
El titular de la UTA, Roberto Fernández, es considerado por funcionarios como un dirigente más cercano al oficialismo, ya que en otras oportunidades decidió no adherir a paros de la CGT argumentando que su gremio estaba bajo conciliación obligatoria por conflictos salariales.
En cambio, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, es visto por el Ejecutivo como un dirigente más confrontativo con el Gobierno.
Maturano, incluso, ha marcado diferencias con otros sindicatos ferroviarios en el marco de las negociaciones paritarias del sector.
Anticipo de batalla judicial
Mientras la UTA no respondió públicamente sobre cómo enfrentará las sanciones, desde La Fraternidad adelantaron que rechazarán las multas y llevarán el caso a la Justicia.
"En cuanto nos llegue la comunicación oficial, nuestros representantes legales contestarán y seguiremos la pelea en la Justicia", indicaron voceros del gremio ferroviario.
De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos del transporte abre un nuevo capítulo judicial y político, en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical por las reformas impulsadas por la administración libertaria.