Piden volver a indagar a Spagnuolo, Calvete y más de 20 personas por el presunto desvío de $75.000 millones
El fiscal Franco Picardi dio un nuevo golpe en la investigación sobre el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pidió que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones que busca profundizar en las presuntas irregularidades dentro de Andis.
La movida judicial apunta a desentrañar un entramado de corrupción que, según la fiscalía, involucra a más de 20 empresarios con más de 30 firmas. Todos habrían formado parte de una estructura criminal que operó desde adentro del Estado.
Spagnuolo fue la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado. Ya había sido indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario estatal. Ese dinero habría ido a parar a un reducido grupo empresarial.
Para Picardi, existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas. El objetivo: direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público.
Los cuatro presuntos jefes de la asociación ilícita en Andis
El juez Sebastián Casanello identificó a cuatro presuntos líderes de la asociación ilícita que se habría montado dentro de la Andis. Estos son los perfiles de cada uno:
Diego Spagnuolo, extitular de la Andis: Fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo. También por asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.
Daniel Garbellini, exnúmero dos de Andis: Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública. Además, asociación ilícita en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.
Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista: Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario. También por defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario, y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.
Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis: Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario. También por defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.
Spagnuolo está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una "asociación ilícita", según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Hoy la causa está en manos del juez Ariel Lijo.
"Las personas involucradas, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal", dice Picardi en su nuevo dictamen.
El fiscal remarcó que la maniobra afectó directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal "Incluir Salud".
Cómo funcionaba el sistema de compras que habrían manipulado
En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado SIIPFIS. Es el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones.
Según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas. Todo en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.
"Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas", sostuvo Picardi. Los funcionarios públicos de la Andis brindaron información sobre las fechas de las compulsas.
Además, dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios del organismo. Esto permitía que personas de las firmas que comercializaban con Andis ingresaran directamente al SIIPFIS.
Ese mecanismo era el que se usaba para administrar las prestaciones PACBI (Programa de Asistencia para Personas con Necesidades Especiales). La puerta de entrada al fraude estaba en el propio sistema informático del Estado.
La lista completa de los nuevos citados a indagatoria
Los llamados a indagatoria en esta nueva ronda son Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero y Martim Goncalo Armella.
También Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone y Javier Antonio Bernat.
Completan la lista Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
Los nuevos hallazgos de la fiscalía buscan demostrar que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo. Desde el sector público, la dirección habría estado en manos de Spagnuolo y Garbellini. Desde el sector privado, en manos de Calvete y Atchabahian.
La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la Andis funcionó como una "verdadera ventanilla administrada discrecionalmente". El objetivo era concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines.
Las contrataciones se ejecutaron por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal, según concluyó la fiscalía.
Los audios de Spagnuolo que desataron la investigación
La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación en la Agencia.
Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei. La circulación de ese material, de origen desconocido, puso en marcha la investigación en la Justicia Federal.
El fiscal Picardi buscó en todo momento que el expediente cobrara vida por fuera de aquellas grabaciones. Tanto Spagnuolo como otras defensas cuestionaron los audios y pidieron la nulidad de la causa. Entre ellas, la de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.
En un fallo dividido, la Cámara Federal le ordenó al juez Casanello que "disponga de todo lo necesario" para despejar las dudas sobre el origen de ese material.
Sin embargo, ni Lijo ni Casanello ordenaron una medida al respecto. Se ampararon en que ese es el objeto de una causa paralela, que está en manos del fiscal Carlos Stornelli.