¿Se desregula la actividad de las inmobiliarias?: proyectos, posturas y qué puede pasar

El Gobierno nacional avanza con una iniciativa que promete abrir un amplio debate en el Congreso y en el mercado: un proyecto de desregulación inmobiliaria que, según confirmó el ministro Federico Sturzenegger, será enviado en junio. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir costos, eliminar restricciones y ampliar la competencia en distintos sectores de la economía, con foco en el funcionamiento del mercado de compraventa de inmuebles y el ejercicio profesional.

La iniciativa, que será tratada en el Congreso de la Nación Argentina, se inscribe en una línea de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y su equipo económico, con el objetivo de modificar estructuras regulatorias consideradas restrictivas. En este caso, el eje central apunta a la actividad inmobiliaria, donde se busca intervenir sobre los costos de intermediación y las condiciones de acceso a la actividad.

De acuerdo con lo anticipado por el funcionario, el proyecto tendrá como objetivo principal abaratar las operaciones de compraventa y ampliar las competencias dentro del sector. Esto implicaría cambios en las condiciones actuales bajo las cuales operan corredores, inmobiliarias y otros actores vinculados al mercado.

Qué iniciativas existen en el Congreso para desregular la colegiación profesional obligatoria

En paralelo, ya existen iniciativas en el Congreso que avanzan en la misma dirección. Una de las más relevantes es el proyecto presentado por la diputada Marcela Pagano, que propone una transformación del sistema de matriculación profesional. La iniciativa plantea sustituir la obligatoriedad de pertenecer a colegios o consejos profesionales por un Registro Nacional gratuito, habilitante para ejercer en todo el país.

Este esquema implicaría un cambio estructural: los colegios profesionales dejarían de tener carácter obligatorio y pasarían a funcionar como entidades de adhesión voluntaria, sin poder para impedir el ejercicio de quienes no estén afiliados. El registro, que dependería del Ministerio de Capital Humano, permitiría a los profesionales desempeñarse en cualquier jurisdicción sin necesidad de matriculaciones adicionales ni pago de aranceles.

El proyecto también prevé que los colegios existentes puedan integrarse al nuevo sistema mediante convenios, cumpliendo funciones operativas, pero sin el rol disciplinario ni la exclusividad en la habilitación profesional. Además, establece un plazo de adecuación de 120 días para la transición hacia el nuevo modelo.

Estas iniciativas se enmarcan en un debate más amplio sobre la regulación de las profesiones en Argentina, que no se limita al sector inmobiliario. En distintos bloques parlamentarios se presentaron propuestas para revisar la obligatoriedad de matrículas en actividades como la escribanía, el corretaje y otras profesiones colegiadas.

Los argumentos oficiales a favor de la apertura del mercado

Desde el oficialismo, los argumentos a favor de la desregulación apuntan a eliminar barreras económicas y facilitar el acceso al ejercicio profesional. Según los fundamentos del proyecto, los costos asociados a matrículas, cuotas y tasas pueden representar un obstáculo para quienes recién ingresan al mercado laboral o atraviesan situaciones económicas adversas.

En el caso del sector inmobiliario, también se sostiene que una mayor apertura podría incentivar la competencia, reducir costos de intermediación y dinamizar las operaciones. Esta visión es compartida por algunos actores del mercado, que consideran que el esquema actual limita la innovación y la incorporación de nuevos modelos de negocio.

Sin embargo, la propuesta generó una fuerte reacción por parte de colegios profesionales y entidades del sector. Desde distintas organizaciones se plantea que la regulación actual cumple un rol central en garantizar estándares de calidad, transparencia y seguridad jurídica en las operaciones.

Uno de los principales argumentos en contra se vincula con la distribución de competencias en el sistema federal argentino. Los colegios sostienen que la regulación de las profesiones liberales corresponde a las provincias, en virtud de lo establecido por la Constitución Nacional, por lo que una intervención del Estado nacional podría generar conflictos jurídicos.

Además, advierten que la eliminación de la colegiación obligatoria podría derivar en un aumento de la informalidad y en una mayor exposición de los consumidores a prácticas irregulares. En ese sentido, destacan el rol de los colegios en la fiscalización, la aplicación de códigos de ética y la capacitación profesional.

Qué cuestionan los representantes del sector inmobiliario

Representantes del sector inmobiliario también cuestionan el impacto que la medida podría tener en la calidad del servicio. Señalan que la actividad requiere conocimientos técnicos en materia legal, contractual, impositiva y comercial, y que la formación profesional es un elemento clave para garantizar operaciones seguras.

En la misma línea, entidades remarcan que la colegiación no solo regula la actividad, sino que también protege a los usuarios, al establecer mecanismos de control y sanción ante incumplimientos.

En contraste, otras voces del mercado respaldan el proyecto y consideran que la apertura generará nuevas oportunidades. Algunos referentes sostienen que los colegios profesionales actúan como estructuras corporativas que limitan el acceso y encarecen la actividad, y que un esquema más flexible permitiría el desarrollo de modelos innovadores.

En este punto, se destaca el avance de plataformas tecnológicas y redes inmobiliarias que operan con esquemas más descentralizados. Estas modalidades, que ya funcionan en otros países, podrían expandirse en un contexto de menor regulación, generando cambios en la forma en que se intermedian las operaciones.

Además del proyecto específico sobre el sector inmobiliario, la discusión legislativa incluye propuestas más amplias sobre la desregulación de actividades profesionales. Estas iniciativas reflejan una tendencia hacia la revisión de los marcos normativos vigentes, en línea con la agenda económica del Gobierno.

El tratamiento en el Congreso se anticipa como un proceso complejo, en el que confluirán distintas posiciones políticas y sectoriales. Mientras el oficialismo buscará avanzar con la iniciativa, la oposición y los actores involucrados plantearán objeciones vinculadas a aspectos legales, económicos y sociales. Además, en caso de aprobarse, por las posturas explicadas anteriormente, la eventual ley podría ser discutida en la Justicia, al entender que hubo una intromisión del Estado nacional en cuestiones que son provinciales.