Caso ANDIS: Miguel Ángel Calvete se negó a declarar en la ampliación de la causa
La causa que investiga corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. El empresario Miguel Ángel Calvete declaró ante la Justicia pero eligió no responder ninguna pregunta.
La indagatoria se realizó de forma virtual. Calvete está detenido en otra causa y participó desde el penal.
La citación la impulsó el fiscal Franco Picardi y la ordenó el juez Ariel Lijo. Se trata de una ampliación del expediente que analiza la compra de insumos médicos de alto costo durante la gestión anterior.
Durante la audiencia se leyeron los nuevos hechos que se le atribuyen al empresario. Según la fiscalía, Calvete habría funcionado como "articulador" entre funcionarios y empresas proveedoras, con intervención directa en adjudicaciones y en presuntos retornos derivados de contrataciones estatales.
Calvete ya estaba procesado en una etapa anterior del caso. Ahora enfrenta nuevas imputaciones.
Su estrategia fue la misma que adoptaron otros acusados: guardar silencio y no responder ante el tribunal.
El megaesquema que investiga la Justicia en ANDIS
El expediente apunta a un entramado de maniobras que habrían implicado la erogación de aproximadamente $75.478 millones de fondos públicos. Ese dinero habría ido a parar a un grupo reducido de firmas.
La cifra es brutal. Y sigue creciendo a medida que la fiscalía suma nuevas operatorias al expediente.
Según Picardi, se detectaron maniobras desarrolladas de manera conjunta entre funcionarios y empresarios vinculados a la provisión de insumos de alto costo. La investigación abarca hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
En ese período, funcionarios del organismo habrían direccionado compras de insumos conocidos como PACBI para beneficiar a determinadas empresas. El mecanismo habría incluido acuerdos previos, fijación de precios y simulación de competencia en los procesos de contratación para garantizar que siempre ganaran las mismas firmas.
Compulsas truchas y sobreprecios millonarios
Uno de los puntos centrales del caso son las compulsas de precios. Se trata de mecanismos abreviados de compra que el Estado usa cuando necesita adquirir algo rápido.
Según la fiscalía, esos procesos habrían sido utilizados de forma irregular. En particular, se analizaron 21 procesos vinculados a medicamentos por más de $30.337 millones.
En esas operaciones se detectaron posibles sobreprecios y exclusión de competidores. La pesquisa también incluyó contrataciones de prótesis, implantes cocleares y otros insumos de alta complejidad.
Esos productos estaban destinados a personas con discapacidad o enfermedades graves. La Justicia investiga si el Estado pagó de más y si hubo empresas que quedaron afuera a propósito.
En este contexto, se identificó la participación de más de 20 empresarios y unas 30 firmas.
Los funcionarios señalados por la fiscalía
En el ámbito público, la investigación señala como figuras relevantes al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a Daniel María Garbellini. Ambos se presentaron ante la Justicia en los últimos días.
También optaron por no declarar. La estrategia del silencio parece ser la línea que comparten todos los imputados.
Según la reconstrucción judicial, el esquema habría consistido en convocar reiteradamente a un grupo reducido de empresas vinculadas entre sí, generando una "competencia aparente" mientras actuaban de manera coordinada para asegurar adjudicaciones previamente definidas.
El juez Lijo señaló que el mecanismo bajo análisis habría incluido el manejo de información privilegiada sobre cotizaciones, órdenes de compra y pagos. También la exclusión deliberada de otros oferentes.
En ese marco, dispuso la inhibición general de bienes de los imputados.
Qué viene ahora en la causa ANDIS
En paralelo, la causa se relaciona con otras decisiones judiciales. A comienzos de abril, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo en otra línea del caso.
Esa investigación apunta a delitos vinculados a contrataciones públicas. El expediente cuenta actualmente con 34 personas imputadas y continúa en etapa de instrucción.
En los próximos días se prevén nuevas indagatorias. La Justicia avanza en el análisis de las pruebas para determinar las responsabilidades dentro del esquema investigado.
Por ahora, todos los acusados que pasaron por el tribunal eligieron guardar silencio.