Causa Vialidad: tras un año del fallo, sigue sin ejecutarse el decomiso de $685.000 millones contra Cristina Kirchner
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/06/598225.jpg)
A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el expediente volvió a su punto más sensible: la ejecución económica del fallo.
El monto fijado en la sentencia asciende a unos $685.000 millones, aunque hasta ahora no se concretó el decomiso efectivo de los bienes necesarios para cubrir esa cifra.
En ese contexto, el máximo tribunal debe resolver un nuevo planteo que podría habilitar la ejecución final del patrimonio, con la posibilidad de avanzar incluso hacia la subasta de activos a través de plataformas digitales, indicó el diario La Nación.
Un listado de 111 bienes bajo análisis para su remate
El eje actual de la causa está puesto en un conjunto de 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que fueron señalados para su tasación y eventual ejecución.
El objetivo es avanzar con el recupero parcial del monto fijado en la condena, que debe ser afrontado de manera solidaria por todos los condenados en la causa.
Sin embargo, el proceso no es completo: aún resta otro grupo de bienes que continúa bajo evaluación en el Tribunal Oral Federal N°2.
La ejecución se demora por múltiples instancias judiciales
Desde que la condena quedó firme, la defensa de Cristina Kirchner impulsó distintas presentaciones en cadena: primero en el Tribunal Oral Federal N°2, luego en la Cámara Federal de Casación Penal y finalmente en la propia Corte Suprema.
Ese recorrido procesal fue postergando la ejecución patrimonial, a pesar de que el fallo ya se encuentra firme.
En paralelo, los bienes de mayor volumen económico se concentran en la expresidenta y en sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes integran el grupo alcanzado por el decomiso.
Casación rechazó los recursos y dejó habilitada la ejecución
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recientemente los recursos extraordinarios presentados por las defensas, lo que dejó firme el avance hacia la ejecución de bienes.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron por mayoría en contra de los planteos, al considerar que no existían fundamentos federales suficientes para habilitar la intervención de la Corte Suprema.
En esa línea, señalaron que los argumentos de las defensas no planteaban una cuestión constitucional concreta, sino diferencias con decisiones ya adoptadas.
El juez Mariano Borinsky acompañó la decisión de declarar inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, aunque mantuvo una postura diferenciada respecto de otras presentaciones del expediente, agregó La Nación.
El criterio judicial: el delito no genera derechos patrimoniales
En sus fundamentos, Hornos reafirmó el criterio aplicado en causas de corrupción, al sostener que el delito no puede constituir una fuente legítima de enriquecimiento.
Barroetaveña coincidió en que no se verificaban supuestos de arbitrariedad ni cuestiones federales que justificaran abrir la instancia extraordinaria ante la Corte.
Con la intervención de Casación ya definida, el Tribunal Oral Federal N°2 envió un oficio a la Corte Suprema para avanzar con aspectos operativos del decomiso.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu, responsable de la ejecución de la sentencia, pidió precisiones sobre el destino de los bienes y planteó la posibilidad de que algunos puedan ser asignados al propio Poder Judicial o al Consejo de la Magistratura para uso institucional. La definición de la Corte será clave para habilitar la etapa final del proceso de ejecución.
Arresto domiciliario y condiciones de cumplimiento
En paralelo al avance del expediente patrimonial, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su vivienda de la calle San José 1111.
A un año de la condena firme, solicitó cambios en las condiciones de detención: la eliminación de la tobillera electrónica, la ampliación del régimen de visitas y más flexibilidad para el uso de la terraza del inmueble.
El fiscal Diego Luciani se opuso a los pedidos, y el juez Giménez Uriburu ratificó las condiciones vigentes.
Cómo es el régimen actual de detención
El tribunal estableció que únicamente pueden ingresar al domicilio familiares, médicos, abogados y personal de custodia. El resto de las visitas requiere autorización judicial previa.
Respecto del uso de espacios abiertos, se autorizó el acceso a la terraza por dos horas diarias, dentro de una franja horaria establecida.
Según la última resolución, la ex presidenta mantiene acceso a un espacio habilitado para actividades físicas y recreativas dentro del régimen de arresto domiciliario.