La Justicia condenó a integrantes de la mafia de los contenedores que traficaban ropa desde China
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 dictó penas de entre tres y siete años de prisión para los 12 acusados del primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la "mafia de los contenedores". Los jueces Jorge Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni hallaron culpables a todos los imputados por contrabando agravado.
La organización montó un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros: ingresaban indumentaria y rollos de tela desde China declarados fraudulentamente como carbonato de calcio.
El tribunal dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.
Cuántos años estarán en prisión cada uno de los integrantes de la mafia de los contenedores
Las penas más altas recayeron sobre tres figuras clave de la organización. Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza fueron condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado.
La condena consideró agravantes por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, la sentencia abarcó 32 hechos. En el de Zaragoza, 31.
Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, recibió seis años de prisión. La misma pena cayó sobre Eduardo Joaquín Urraco. El resto de las condenas se distribuyó así: Hernán Gabriel Petitmangin (cinco años y diez meses), Osvaldo José Lemos (cinco años y seis meses), Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía (cinco años cada una), Alejandra Beatriz Delgado (cuatro años) y María José y María Gimena Zaragoza -hijas de José María- (tres años en suspenso como partícipes secundarias).
El tribunal también condenó a las dos personas jurídicas imputadas. TT Cargo SA y Cuiper SA recibieron el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
La Justicia ordenó además el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor que destapó la maniobra. También cayeron bajo decomiso el dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, ubicada en Tacuarí 237, en el centro porteño.
Cómo funcionaba la mafia de los contenedores
La causa se originó a partir de una denuncia y de distintas irregularidades detectadas en operaciones de importación realizadas entre 2014 y mayo de 2016. La investigación quedó en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 6, con apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Según la acusación, existía una estructura integrada por empresarios, despachantes de aduana, funcionarios aduaneros y sociedades creadas para facilitar el ingreso irregular de mercadería al país.
La organización utilizaba distintas modalidades para reducir o evitar el pago de impuestos de importación. Entre las principales maniobras investigadas figuran:
- declarar una mercadería de menor valor que la realmente transportada;
- consignar menos cantidad de productos que la ingresada;
- ocultar parte de la carga dentro de los contenedores;
- utilizar empresas "pantalla" o sin actividad real para importar;
- contar con la presunta colaboración de funcionarios aduaneros que facilitaban los controles o los eludían.
Los investigadores también detectaron diferencias entre el peso declarado de los contenedores y el peso real registrado por los sistemas de navegación marítima, una de las pruebas clave para reconstruir el supuesto fraude
La organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental diseñado específicamente para burlar los controles aduaneros.
En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba correctamente como textil. Sin embargo, en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.
La diferencia impositiva era enorme. Un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles. El carbonato de calcio apenas unos miles.
La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos u$s4,5 M en menos de seis meses. Otras estimaciones del expediente elevan sustancialmente esa cifra.
Cómo se destapó la maniobra: un contenedor abierto en el puerto
La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques.
La decisión fue interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto. Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir.
Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país. La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano.
El expediente se desprendió de una causa principal investigada por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.
En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión. El máximo lo reclamó para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero.
El fiscal advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate. El tribunal finalmente fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años. Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, se llevó seis.
La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas. El caso TT Cargo marca un hito en la lucha contra la "mafia de los contenedores", una trama que dejó al descubierto la magnitud del contrabando organizado en el país.
Los antecedentes: de la "Aduana paralela" a la "mafia de los contenedores"
La investigación por la denominada "mafia de los contenedores" no fue el primer gran escándalo vinculado con presuntas maniobras de contrabando en la Argentina.
Desde la década de 1990, distintas causas judiciales pusieron la lupa sobre redes que habrían operado para eludir controles aduaneros y reducir el pago de impuestos.
Uno de los casos más resonantes fue el de la llamada "Aduana paralela", que salió a la luz durante el gobierno de Carlos Menem. La investigación apuntó a un supuesto circuito ilegal mediante el cual importadores y funcionarios habrían manipulado documentación y declaraciones aduaneras para ingresar mercadería pagando menos tributos de los correspondientes.
Otro expediente de gran repercusión fue la denominada "mafia del oro", que investigó maniobras de exportaciones fraudulentas de lingotes de oro y otros metales preciosos durante los años noventa. Según la Justicia, las operaciones permitían obtener reintegros impositivos indebidos mediante documentación adulterada y exportaciones simuladas.
Con diferencias en las modalidades y los protagonistas, estas investigaciones tuvieron un denominador común: la utilización de estructuras organizadas para vulnerar los controles del comercio exterior y obtener beneficios económicos mediante maniobras fraudulentas.
La causa de la "mafia de los contenedores" es considerada por los investigadores como uno de los expedientes más importantes de esa larga serie de casos vinculados con el contrabando y la corrupción aduanera.
El crecimiento del contrabando descontrolado preocupa a los empresarios
El crecimiento "sorpresivo" del contrabando en algunos mercados específicos es lo que más inquieta al sector privado. Los teléfonos celulares encabezan la lista de preocupaciones.
Pasó de representar el 7% del mercado al 35% en pocos años, según alertó el sector privado durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito.
El dato lo reveló Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El dirigente empresario reclamó reforzar los controles fronterizos para combatir un fenómeno que, según estimaciones privadas, provoca pérdidas fiscales de entre u$s2500 millones y u$s3000 millones al año.
"El contrabando siempre existió y es probable que siga existiendo", sostuvo Grinman al inaugurar el encuentro. No obstante, advirtió que el fenómeno mantiene una estrecha relación con otros delitos como el fraude marcario y la piratería del asfalto.
En Argentina hay 60 millones de líneas activas. Se renuevan alrededor de 10 millones de equipos por año. Históricamente, el contrabando representaba cerca del 7% de ese mercado.
Según el sector privado, cada año ingresan 3 millones de celulares por contrabando. La cifra equivale a 130 contenedores anuales, lo que da cuenta de una organización criminal sofisticada.
Otros rubros golpeados por el comercio ilegal
Grinman citó relevamientos privados que muestran una fuerte presencia de mercadería ilegal en distintos sectores. Los números son contundentes:
- En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alrededor del 40% de la cerveza comercializada sería de origen ilegal
- El contrabando de cigarrillos ronda el 10%, un nivel similar al promedio mundial
- Textiles y alimentos completan la lista de rubros más afectados
El presidente de la CAC reconoció los esfuerzos del Gobierno para fortalecer los controles fronterizos. Sin embargo, advirtió sobre la complejidad del problema.
"Sabemos de las mejoras que está intentando el Gobierno para controlar fronteras tan grandes", afirmó. Agregó que en muchas localidades del norte "mucha gente vive de eso", por lo que también debe contemplarse el impacto social de cualquier medida.