Francisco Adorni dijo que un cero de más generó una diferencia de $117 millones y quedó en suspenso la indagatoria
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La investigación sobre el patrimonio de Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado bonaerense presentara un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas.
La presentación buscó responder a las observaciones realizadas por el fiscal Guillermo Marijuan, quien había solicitado que el legislador fuera citado a indagatoria.
Adorni negó que las diferencias encontradas en sus declaraciones patrimoniales respondieran a una intención de ocultar información y atribuyó los datos cuestionados a equivocaciones materiales y posteriores correcciones.
Su abogado, Marcelo Peña, pidió que el requerimiento fiscal sea rechazado. También planteó, de manera alternativa, que antes de una eventual indagatoria se produzcan nuevas medidas para determinar con precisión el origen de las diferencias.
La diferencia de $117 millones que generó dudas en la causa de Francisco Adorni
La controversia gira especialmente alrededor de un crédito hipotecario. En una declaración correspondiente al inicio de 2024, Adorni había informado una deuda de $13 millones.
La cifra cambió en la presentación posterior: allí apareció un pasivo inicial de $130 millones, mientras que el monto consignado al cierre era de $60 millones.
A partir de esos números, la Fiscalía interpretó que durante el período se había producido una reducción de aproximadamente $70 millones que no encontraba una explicación suficiente. Esa lectura fue uno de los elementos considerados para pedir la indagatoria.
La versión que ahora presentó Adorni es diferente: sostiene que los $130 millones fueron consignados por error, ya que la cifra correcta era de $13 millones, como figuraba en la declaración anterior. De esa manera, sostiene que la supuesta cancelación extraordinaria de deuda nunca existió.
El argumento con el que busca descartar una maniobra
Para la defensa, la propia magnitud del error juega a favor de su explicación. Peña sostiene que alguien que quisiera modificar artificialmente su situación patrimonial difícilmente elegiría declarar un pasivo diez veces superior al que había informado previamente.
"Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio, exagerar de manera ostensible el pasivo inicial y exhibir una cancelación extraordinaria no constituye un método discreto ni razonable; genera, como ocurrió, una alerta automática", señaló.
El planteo apunta así a cuestionar la interpretación de la Fiscalía y a sostener que la diferencia puede explicarse por un error de carga, sin necesidad de atribuirle una finalidad deliberada.
Qué pasó con las declaraciones posteriores
La defensa también buscó explicar las distintas modificaciones realizadas sobre las declaraciones patrimoniales. Durante mayo y junio de 2026, se introdujeron cambios vinculados con valuaciones, saldos, ingresos, gastos, efectivo y cuentas bancarias, entre otros datos.
Parte de esas actualizaciones se produjo luego de requerimientos de la Oficina Anticorrupción. Para Peña, ese dato resulta relevante porque demuestra que las presentaciones fueron corregidas a medida que se detectaron inconsistencias o se solicitó información adicional.
El argumento de Adorni es que la existencia de rectificaciones no demuestra por sí misma que hubiera existido una intención de falsear sus datos patrimoniales.
La incorporación de $24,5 millones en efectivo
Otro de los puntos que aparece en el expediente es una modificación realizada sobre una declaración correspondiente a 2025. En esa oportunidad se incorporaron $24,5 millones en efectivo.
Adorni explicó que $21 millones de esa suma estaban relacionados con la venta de un inmueble que había recibido como parte de la sucesión de su padre.
La defensa pretende acreditar esa procedencia mediante la documentación vinculada con la sucesión, la operación inmobiliaria y los movimientos de las cuentas bancarias. De esta manera, busca demostrar que los fondos tenían un origen identificable y respaldado documentalmente.
La formación profesional también quedó bajo análisis
Otro aspecto discutido por la defensa está relacionado con los conocimientos técnicos de Adorni. El legislador es contador público y tiene experiencia vinculada con tareas de administración financiera y control del sector público.
Para la Fiscalía, esa trayectoria puede ser relevante al evaluar si estaba en condiciones de comprender los requisitos de las declaraciones patrimoniales. La defensa, en cambio, considera que la formación profesional no permite concluir automáticamente que una equivocación haya sido deliberada.
El planteo sostiene que conocer los procedimientos para confeccionar una declaración jurada no elimina la posibilidad de cometer errores materiales ni convierte una rectificación posterior en evidencia de una conducta intencional.
La discusión sobre las rectificaciones
La defensa también rechazó que las modificaciones realizadas en las declaraciones sean utilizadas como indicios suficientes de una conducta dolosa.
Según su interpretación, las rectificaciones forman parte de los mecanismos disponibles para actualizar o corregir la información patrimonial. Además, remarcaron que algunas de ellas fueron realizadas después de pedidos efectuados por organismos oficiales.
Por eso, Peña sostiene que esas modificaciones deben analizarse junto con el resto de la documentación y no ser consideradas, de manera aislada, como una prueba de ocultamiento.
Ahora, Rafecas deberá evaluar los argumentos presentados por Adorni y las medidas de prueba incorporadas al expediente antes de determinar cómo continúa la investigación.