Nueva ley de Discapacidad: qué cambios propone el proyecto que debatirá el Senado

El Senado trataría la próxima semana el proyecto de ley que establece un nuevo régimen para las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, por lo que quedó habilitada para su debate en el recinto, previsto para el 19 de noviembre.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, avanzó sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados.

En concreto, propone modificar los requisitos de acceso a las pensiones, permitir que sus beneficiarios puedan trabajar formalmente sin perder automáticamente la prestación, establecer un sistema de auditorías periódicas y garantizar un esquema permanente de financiamiento para las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.

Además, busca establecer mecanismos permanentes de financiamiento, control, evaluación y coordinación federal. También ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, incorporado por la Ley 27.793, y de la Ley 26.816, que regula el régimen de empleo protegido para personas con discapacidad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo está preparado para avanzar con su aprobación. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", expresó a través de una publicación en X.

Durante el debate en comisiones, legisladores del oficialismo y de distintos bloques opositores respaldaron la necesidad de establecer un régimen permanente, aunque también hubo cuestionamientos sobre el contenido de la propuesta y la falta de consultas a las organizaciones del sector.

El tratamiento se produce ante el vencimiento de la emergencia nacional en discapacidad, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

Pensiones por discapacidad: cuáles serían los requisitos para acceder

Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación del artículo 9 de la Ley 13.478, que regula las pensiones inembargables destinadas a personas sin recursos propios suficientes.

La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar este beneficio a personas de 70 años o más, personas imposibilitadas para trabajar y personas con discapacidad que no estén amparadas por un régimen previsional.

Para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

• Acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
• Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para demostrar identidad, edad y nacionalidad
• Ser argentinos nativos, por opción o naturalizados
• En el caso de las personas extranjeras, acreditar una residencia legal mínima y continuada de cinco años en el país anteriores a la solicitud
• No percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Para determinar este requisito se tendrá en cuenta el ingreso individual y no el del grupo familiar
• No cobrar otra jubilación, retiro permanente o pensión contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente
• Aprobar una evaluación socioeconómica, de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación y en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad

En caso de que el solicitante sea propietario de una vivienda, deberá acreditar que se trata de su única vivienda familiar.

El proyecto aclara que las pensiones por invalidez laboral continuarán sujetas a las normas que establecen sus propios requisitos.

Cuánto se cobraría por las pensiones no contributivas

El proyecto mantiene el régimen actual que establece que tanto la pensión no contributiva por invalidez laboral como la pensión no contributiva por discapacidad tendrán un monto mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.

La prestación se actualizará de acuerdo con las disposiciones vigentes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulado por la Ley 24.241.

De esta manera, el valor de ambos beneficios seguirá vinculado a la evolución del haber mínimo del sistema previsional.

Pensión por discapacidad y trabajo formal: cuándo serán compatibles

Otro de los cambios previstos es la posibilidad de que las personas titulares de una pensión no contributiva por discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente el beneficio.

El proyecto establece que la prestación será compatible con un empleo formal y también con la inscripción en los regímenes general o simplificado vigentes. Para conservar el cobro, los ingresos del beneficiario no deberán alcanzar o superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Si las remuneraciones exceden ese límite, la pensión quedará suspendida automáticamente durante el período en que se mantenga esa situación.

La iniciativa también contempla un mecanismo para recuperar el beneficio. Cuando finalice la relación laboral, cualquiera sea su causa, o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.

El derecho a percibirla se restablecerá desde la fecha en que se presente esa solicitud.

Qué cobertura de salud tendrán los beneficiarios

El proyecto garantiza que las personas titulares de una pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad tengan acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.

La prestación deberá contemplar las coberturas básicas previstas en la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Esta norma establece servicios y prestaciones destinados a atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Además, la iniciativa dispone que las instituciones y las personas que brinden servicios o atención a este colectivo deberán garantizar la capacitación de sus trabajadores.

La formación tendrá que promover una atención no discriminatoria, respetuosa y accesible, basada en el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad y adaptada a las tareas que desempeñe cada trabajador.

Auditorías y controles sobre las pensiones por discapacidad

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar que los titulares de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad continúen cumpliendo las condiciones necesarias para recibirlas.

La tarea estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

Para realizar los controles, el organismo podrá cruzar información con distintas bases de datos públicas, entre ellas las de la ANSES, la Secretaría de Trabajo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

El objetivo será verificar los requisitos documentales y socioeconómicos que puedan comprobarse mediante esos registros.

El proyecto también establece garantías para los beneficiarios durante el procedimiento. Si del cruce de información surge que una persona no cumple alguno de los requisitos, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá notificarla fehacientemente e informar los motivos de la observación y el plazo para presentar su descargo.

Una vez vencido ese plazo, el organismo podrá disponer la suspensión preventiva de la prestación.

Además, las personas afectadas podrán solicitar la rehabilitación inmediata y provisoria de la pensión mientras se resuelve el procedimiento administrativo, siempre que consideren que no incurrieron en el incumplimiento señalado.

Las auditorías deberán garantizar el debido proceso inclusivo.

Cómo se financiarán las pensiones y las prestaciones por discapacidad

La iniciativa establece que los gastos derivados de su aplicación serán afrontados inicialmente con partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, la atención médica de sus beneficiarios y la prevención y el control de las discapacidades.

Si esos créditos resultaran insuficientes, el proyecto contempla la posibilidad de cubrir el excedente mediante compensaciones presupuestarias con partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro.

También dispone que las leyes de presupuesto deberán garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema de manera permanente.

En ese sentido, establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al contemplado en el ejercicio inmediato anterior.

Además, faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Qué pasará con las deudas pendientes a los prestadores

El proyecto incorpora una disposición transitoria para regularizar los pagos pendientes de las compensaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 27.793, destinadas a los prestadores que hayan cumplido los requisitos establecidos por esa norma.

Si al momento de la sanción de la nueva ley todavía existieran compensaciones sin cancelar, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá comunicar y publicar un cronograma para completar los pagos.

Ese calendario tendrá que difundirse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma y prever la cancelación total de las compensaciones dentro de los 90 días corridos, para quienes hayan finalizado el correspondiente trámite administrativo.

El vencimiento del plazo de emergencia establecido por la Ley 27.793 no afectará el derecho de los prestadores que hayan cumplido las condiciones para recibir esos pagos.

La Secretaría Nacional de Discapacidad también deberá publicar información estadística sobre el estado de ejecución de las compensaciones pendientes.

Qué información deberá publicar el Gobierno y cuándo entrará en vigencia la ley

La iniciativa establece la obligación de difundir periódicamente información estadística sobre la ejecución presupuestaria de los programas, los valores vigentes de los aranceles del sistema de prestaciones básicas y la cantidad y los montos de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.

Los datos deberán publicarse en formatos abiertos y accesibles, con resguardo de la información personal y sensible de los beneficiarios.

El Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad de aplicación y reglamentar la ley dentro de los 30 días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

En cuanto a su entrada en vigencia, el proyecto dispone que comenzará a regir al día siguiente de su publicación. También establece la derogación de los artículos 7, 8 y 16 de la Ley 27.793.

Qué cambia respecto del sistema actual de pensiones por discapacidad

Uno de los principales cambios del proyecto es que busca reemplazar el esquema de emergencia establecido por la Ley 27.793 por un régimen permanente, con reglas específicas para el acceso a las pensiones, su financiamiento y los mecanismos de control. De esta manera, las prestaciones dejarían de depender de un marco excepcional y pasarían a contar con una estructura normativa de carácter permanente.

En cuanto a los montos, la iniciativa mantiene el valor de las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con las actualizaciones correspondientes. También conserva la posibilidad de compatibilizar el cobro del beneficio con un empleo formal o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se excede ese límite, la prestación quedará suspendida, aunque podrá solicitarse su rehabilitación cuando los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope o finalice la relación laboral.

Otra modificación es la ampliación expresa de la cobertura médica. Mientras que la normativa de emergencia reconocía esta garantía para los titulares de pensiones por discapacidad para protección social, el nuevo proyecto también la contempla para quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez laboral.

En materia de controles, la iniciativa establece un nuevo esquema de auditorías a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. El procedimiento deberá garantizar la notificación de los posibles incumplimientos, el derecho a presentar un descargo y la posibilidad de solicitar la rehabilitación provisoria de la prestación mientras se resuelve la situación administrativa.

Por último, el proyecto incorpora garantías presupuestarias para sostener el sistema y establece plazos para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Así, además de mantener aspectos centrales del régimen vigente, busca establecer mecanismos permanentes de financiamiento, seguimiento y cobertura.