Discapacidad: quiénes dejarían de cobrar y qué cambia con el proyecto de Milei que reabre un conflicto político

El nuevo proyecto del gobierno de Javier Milei para reformar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad reabre una pelea legislativa que el oficialismo ya perdió hace pocos meses atrás. El conflicto promete repetirse ahora con un cambio más profundo que podría reducir significativamente el universo de beneficiarios.

La iniciativa ingresó por el Senado -donde La Libertad Avanza se siente más fuerte que en Diputados- y se plantea como una ley "contra el fraude de pensiones por invalidez". El objetivo central es modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada por las dos Cámaras tras el veto de Milei.

El Gobierno bloqueó la implementación de esa norma por una presunta insuficiencia de recursos económicos para cumplirla a pesar de que la Justicia le ordenó hacerlo y, en cambio, apunta a modificarla y retrotraer todo a la situación previa.

Así, uno de los cambios más importantes que contiene el proyecto es la redefinición de la pensión por discapacidad, con el restablecimiento del criterio de "invalidez laboral" que limita la prestación a quienes estén imposibilitados de trabajar y deja de lado el enfoque más amplio de la legislación vigente.

Pensiones por discapacidad: quiénes pueden dejar de cobrar la asistencia con el nuevo proyecto de Javier Milei

El proyecto mantiene la pensión en el equivlente al 70% del haber mínimo jubilatorio pero reemplaza el criterio de protección amplia basado en el Certificado Único por Discapacidad (CUD) por el sistema de "invalidez laboral".

Al respecto, establece que la pensión será "incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente". De esta forma, solo podrán acceder quienes no puedan trabajar. En los hechos esto dejará afuera a quienes hoy combinan la asistencia con algún tipo de inserción laboral.

Por otro lado, el proyecto obliga a que la Secretaría Nacional de Discapacidad realice auditorías periódicas para verificar los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello habilita el cruce de datos permanente entre la ANSES, el ARCA, la Secretaría de Empleo y Seguridad Social y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La Secretaría de Discapacidad podrá disponer la suspensión preventiva de la pensión "cuando de dichos cruces de información surja el incumplimiento de alguno de los requisitos objetivos". Los titulares afectados que consideren que no incurrieron en incumplimiento podrán solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio hasta que se dicte la resolución pertinente.

"Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos documentales y socioeconómicos, la Secretaría procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos médicos mediante la realización de auditorías médicas", agrega el proyecto.

Cómo será el reempadronamiento para los titulares de las pensiones

El otro punto central del proyecto es el reempadronamiento general y obligatorio de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez, quienes deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 90 días y podrá ser prorrogado por única vez por un máximo de 30 días.

La reglamentación de la ley -si se aprueba- podrá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas para el reempadronamiento. Pero en caso de incumplimiento del deber de reempadronarse en el plazo establecido, se habilita la suspensión preventiva automática de la prestación.

El titular de la pensión contará con un plazo máximo de 60 días para regularizar su situación. Si cumple con el reempadronamiento dentro de ese lapso "la prestación deberá restablecerse de manera inmediata, con efectos retroactivos al momento en que se hubiere dispuesto la suspensión".

"Vencido dicho plazo sin que el beneficiario hubiere cumplido con el reempadronamiento, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral mediante acto administrativo fundado, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso", precisa el proyecto.

Cuál es el cambio más sensible para el financiamiento de las prestaciones

El otro eje del proyecto apunta al sistema de prestaciones al redefinir el principio de universalidad. Se garantiza un piso mínimo de prestaciones, pero sin aranceles ni valores uniformes para todo el país.

De esta forma, se elimina el nomenclador que fijaba valores homogéneos para las distintas jurisdicciones y en adelante, si la ley se aprueba, los precios de terapias, centros de atención, acompañantes y otras prestaciones dependerán de las negociaciones entre prepagas, obras sociales, y prestadores de servicios de salud.

El Estado nacional solo intervendrá cuando sea el financiador directo -por ejemplo, a través del PAMI- y actualizará los valores de los aranceles de forma trimestral pero sin estar atado de forma automática a la inflación (IPC), índice que solo se tomará en cuenta cuando la actualización "no se efectúe dentro del período estipulado".

Esto implica el riesgo de que en algún momento los valores queden atrasados respecto de la inflación y se suma a que, al abandonar el nomenclador y dejar el financiamiento atado a la negociación entre prepagas, obras sociales y prestadores, el sistema se verá más fragmentado y el esquema de redistribución solidaria más debilitado.

Y es que las empresas de medicina prepaga más grandes estarían en mejores condiciones de negociar con los prestadores de salud mientas que las obras sociales más chicas, principales beneficiadas por el esquema anterior, podrían encontrar mayores dificultades para afrontar los costos.

El conflicto político que reabre Milei en el Congreso con el proyecto sobre discapacidad

La presentación de este proyecto que fue enviado por el ministro de Salud, Mario Lugones, uno de los funcionarios alineados con el asesor presidencial Santiago Caputo, reabre un conflicto político en el Congreso con alto costo social, que el Gobierno no parece poder (o querer) superar.

La emergencia en discapacidad fue uno de los temas -junto con la ley de financiamiento universitario- que el año pasado unificó al arco opositor en el Congreso, que le propinó fuertes derrotas consecutivas a Milei entre la aprobación de las leyes y la insistencia parlamentaria frente a los vetos presidenciales, lo que proyectó una imagen de debilidad.

Además, esa disputa llevó a que el oficialismo perdiera un capítulo entero del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde una mayoría rechazó el conjunto de artículos que proponían derogar precisamente la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

El oficialismo vuelve a la carga ahora con esa discusión y la tensión vuelve a escalar. Organizaciones sociales y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una marcha para este miércoles frente al Ministerio de Salud, mientras el Gobierno evalúa cómo avanzar en el Congreso.

A diferencia del año pasado, en esta oportunidad el primer paso lo dará en el Senado. No es casual que el proyecto haya sido enviado allí, dado que la correlación de fuerzas es más favorable para la bancada que lidera Patricia Bullrich, quien igualmente deberá abrir una nueva negociación con los bloques dialoguistas para armar una mayoría.

Si bien el Senado no es tan difícil para los libertarios como la Cámara de Diputados, el margen político para avanzar en un tema como éste igualmente es acotado. En las oportunidades anteriores solo el PRO, parte de la UCR y un puñado de aliados provinciales acompañaron al Gobierno.

"Discapaciad, salud mental y apelar el pago a las universidades son cosas que no ayudan precisamente a generar amistades", deslizó a iProfesional un operador parlamentario que sigue de cera la relación entre LLA y los bloques más dialoguistas, en referencia a los proyectos más controvertidos que se sumaron a la agenda y que todavía no tienen fecha de tratamiento.

Además, la puja parlamentaria se da en momentos en que sigue abierta la causa judicial en la por el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector del organismo Diego Spagnuolo es investigado por presuntos pedidos de coimas, en un caso que roza a Karina Milei y los Menem.

En cualquier caso, el nuevo proyecto para reformar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad implica la reedición de una disputa política muy delicada para el gobierno de Javier Milei y, en caso de que esta vez la gane, un cambio importante para los beneficiarios.