Irregularidades en la UOM: Furlán fue a tribunales y dijo que "no hubo nada delictivo"
El ex titular del gremio metalúrgico y otros dirigentes están acusados de administración fraudulenta e infiel contra la organización y la obra social
En el marco de una causa sobre presuntos desmanejos en los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), el ex secretario general de la organización gremial, Abel Furlán, se presentó a declarar en los Tribunales de Comodoro Py y afirmó que "no hubo nada irregular ni delictivo" y solicitó su sobreseimiento.
El dirigente llegó al establecimiento judicial acompañado por su abogado Alejandro Rúa y dejó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 10, quien lleva el proceso en el cual se lo acusa a Furlán de ejecutar una "maniobra de administración infiel" de los fondos del sindicato y la obra social.
A Furlán, la ex empleada del gremio Soledad Calle y otros dirigentes se les imputa haber formado parte en una maniobra de administración infiel, que habría perjudicado los intereses patrimoniales de la UOM y la OSUOMRA, procurando un beneficio económico indebido a favor de la empresa USEM SA.
Qué dijo Furlán para descartar fraude contra los afiliados
En el documento presentado, Furlán señaló que "no hubo nada irregular ni delictivo", ni "ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude". Detalló que el sindicato había firmado otros contratos de fideicomiso con el Banco Nación y de administración con la empresa Donington SA, los cuales se rubricaron por 20 años de forma orgánica.
En 2022, ante la finalización de esos entendimientos, el consejo directivo de la UOM solicitó "replantear la conveniencia o no de la renovación" de los mismos y, de esa manera, el entonces secretario general decidió firmar el acuerdo con USEM, el cual fue aprobado por unanimidad.
Explicó que "la contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes", al tiempo que sostuvo que fue "necesaria", ya que estaba establecido entre las exigencias del acuerdo con el Banco Nación que se designe a una personería jurídica. Y rechazó la versión de que tenga facultades para administrar los fondos, descartando que exista un "conflicto de intereses".
La defensa del ex titular de la UOM sobre el contrato con USEM
Sobre la fundación de USEM apenas 82 días antes de la firma del contrato, opinó "que una sociedad haya sido organizada para atender una necesidad concreta no demuestra simulación", al tiempo que advirtió que "lo jurídicamente relevante es si tuvo existencia real, capacidad y actividad efectiva".
A continuación, apuntó que resultó ser "en verdad un legítimo acto de administración del secretariado nacional, facultado por el consejo directivo y aprobado por el Congreso Nacional de Delegados, a través de las aprobaciones internas necesarias y en cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y asamblearias vigentes".
La defensa del ex titular del gremio metalúrgico pidió a Ercolini que deje sin efecto la medida cautelar que dispuso la inhibición general de sus bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad, y sea sobreseído. Reiteró que "la contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes" e insistió en que la contratación de la empresa fue "necesaria", ya que el acuerdo con el Banco Nación exigía la designación de una personería jurídica.
Por qué intervinieron el gremio metalúrgico
Al margen de esta causa judicial, la UOM está intervenida desde mayo pasado por orden de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal declaró la nulidad de los comicios realizados en marzo de este año en la Seccional Zárate-Campana y del Congreso Nacional de la UOM, donde había sido reelecto Furlán como secretario general.
La medida judicial hizo lugar a una impugnación y denuncia presentada por una lista opositora (la Lista Naranja de Campana, encabezada por Ángel de Roso), reclamando que el proceso electoral careció de las garantías suficientes de transparencia (como votaciones extendidas por varios días sin escrutinios diarios y el manejo de urnas por la Junta Electoral), por lo que se dispuso la intervención por 180 días, el desplazamiento de Furlán y de toda la conducción nacional del gremio, designando como interventor al abogado Alberto Biglieri.
A partir de la intervención, comenzaron una serie de investigaciones que apuntaron principalmente contra Furlán y Calle, quien se desempeñaba en el sector de relaciones internacionales de la organización y además era directora y socia de USEM SA, una firma contratada por el sindicato para administrar aportes de los afiliados.
Las acusaciones contra Soledad Calle y otros dirigentes gremiales
La USEM es una sociedad anónima inscrita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2022. En febrero de 2023 firmó un convenio por diez años con la Unión Obrera Metalúrgica y su obra social para administrar servicios financieros y el reparto de fondos entre las seccionales del gremio.
Calle -dirigente política, exconcejala de Campana (asociada a La Cámpora)- figura como accionista de la firma. Su nombre se visualizó cuando se supo que, en agosto del año pasado, escrituró a su nombre un departamento en el edificio de San José 1111, donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a un precio de u$s189.000, tal como refleja un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Para esa misma fecha también adquirió un auto por u$s70.000.
El juzgado sostiene que, durante la ejecución del contrato, USEM se habría limitado a recibir instrucciones y precargar operaciones, sin evidencia suficiente de que haya cumplido con las prestaciones sustantivas asumidas, particularmente las tareas de análisis, auditoría y validación de las obligaciones de pago. La empresa administraba el 80% de los aportes de sus 200.000 afiliados, quedándose con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. Según trascendió, USEM recibió al menos $2.466 millones en concepto de honorarios:
- $698 millones durante 2024
- $1.086 millones en 2025
- $681 millones hasta julio de 2026
Además de Furlán y Calle, deberán declarar Adalberto Bracon (presidente de USEM) y los dirigentes metalúrgicos Osvaldo Lobato, Naldo Brunelli y José Luis Ortiz. El juzgado también ordenó profundizar la investigación sobre los movimientos migratorios y los viajes al exterior de los imputados durante el período en que se ejecutó el contrato, para determinar si se utilizaron fondos de las entidades para costear dichos desplazamientos.