Qué cambiará para alquileres y desalojos si se aprueba la ley de Propiedad Privada
La Cámara Alta vota un texto renovado para definir nuevas condiciones sobre ocupación de tierras y resguardo ante inversiones externas
La ley de propiedad privada enfrenta este jueves su definición en el Senado. El debate arranca en la Cámara Alta con una agenda extensa que incluye tres proyectos centrales: la normativa sobre discapacidad, la incorporación al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Esta última iniciativa vuelve al Senado en segunda revisión. El motivo: Diputados incorporó modificaciones sustanciales al texto que el Senado había aprobado el 6 de agosto, generando un nuevo capítulo en el ping-pong legislativo entre ambas Cámaras.
La votación en Diputados reflejó la tensión política. El proyecto obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Los números muestran que el oficialismo tuvo que negociar duro para conseguir los apoyos necesarios.
El costo de ese respaldo fue alto. El bloque que lidera Patricia Bullrich debió resignar apartados clave de la propuesta original. La concesión más significativa: abandonar la derogación de las restricciones a la venta de campos a extranjeros.
Así, el Gobierno dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras Rurales apenas arrancó la gestión de Javier Milei. Federico Sturzenegger, el principal impulsor del proyecto, tuvo que aceptar ese retroceso para garantizar la viabilidad parlamentaria.
Qué busca cambiar la ley de propiedad privada
La iniciativa apunta a reforzar la protección del derecho de propiedad privada con modificaciones profundas. Los ejes principales: expropiaciones, desalojos, regularización dominial y registros inmobiliarios.
Según argumentó el oficialismo, el objetivo central es otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios y limitar intervenciones estatales consideradas arbitrarias sobre bienes privados. El proyecto reformula procedimientos para la recuperación de inmuebles y avanza hacia una modernización del sistema registral.
Los cambios incluyen nuevos mecanismos para acelerar desalojos, requisitos más estrictos para expropiaciones y la vuelta de las restricciones sobre tierras rurales que el DNU 70/2023 había eliminado.
Falta de pago de alquileres y desalojos más rápidos: el nuevo trámite express
El proyecto introduce un giro radical en los procesos de desalojo. La propuesta establece que estos trámites se resuelvan por juicio sumarísimo, un procedimiento más breve que el proceso ordinario tradicional.
El cambio aplica tanto para inmuebles urbanos como rurales. La medida busca reducir los tiempos que hoy demoran los propietarios en recuperar sus propiedades ante ocupaciones o incumplimientos.
En casos de alquileres de vivienda por falta de pago, la norma fija reglas claras. El propietario deberá intimar al inquilino con un plazo no menor a 10 días corridos desde la notificación para regularizar la deuda. La intimación debe detallar el lugar de pago.
La iniciativa incorpora controles judiciales específicos para ciertos trámites. Cuando se alegue cambio de destino, deterioro de la propiedad, obras nocivas o uso abusivo, el juez deberá efectuar un reconocimiento judicial en 72 horas desde la primera providencia, con asistencia del defensor oficial para constatar quiénes ocupan el inmueble.
El texto permite solicitar la desocupación inmediata en determinados casos, bajo caución juratoria. Además, prevé controles especiales cuando hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
Como contrapeso, la norma establece una penalidad económica. Los propietarios que logren la desocupación inmediata ocultando hechos o documentación relevante pagarán hasta 10 veces el valor mensual del alquiler.
Expropiaciones: requisitos más duros para el Estado
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre propiedades particulares. Los cambios modifican sustancialmente la Ley de Expropiaciones vigente.
La declaración de utilidad pública exigirá una interpretación restrictiva. El texto obliga a detallar de manera específica el objetivo perseguido y cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
El objetivo: evitar afectaciones al derecho de propiedad sin respaldo suficiente. La norma busca frenar expropiaciones que el oficialismo considera arbitrarias o sin justificación sólida.
En cuanto a las indemnizaciones, se incorpora el lucro cesante a los conceptos susceptibles de compensación. El texto establece un tope del 30% del valor del daño emergente como pauta general.
Ese porcentaje puede superarse. La condición: que el expropiado acredite una pérdida mayor mediante prueba fehaciente ante el tribunal.
El valor de la propiedad expropiada se calculará tomando como base la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio público relacionado con el proceso. Esto evita que el Estado se beneficie de la desvalorización que genera el anuncio de la expropiación.
El pago de la indemnización se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se suma una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta su liquidación efectiva.
Ley de Tierras: el freno a la compra de campos por extranjeros
La restitución de la Ley de Tierras Rurales funcionó como pieza clave en la negociación política. Sin este punto, el proyecto no hubiera conseguido los votos necesarios en Diputados.
El texto sancionado anuló el artículo 154 del DNU 70/2023, con el cual Milei había derogado la norma apenas asumió. De este modo, devuelve plena vigencia a la Ley 26.737, aprobada originalmente en 2011.
La normativa establece un límite máximo del 15% para el dominio extranjero de tierras rurales. Ese tope rige tanto a nivel nacional como en provincias y municipios.
Con su restitución, el Congreso revirtió la modificación impulsada por el Ejecutivo al inicio de su mandato. Esa modificación ya se encontraba frenada en sede judicial por cuestionamientos de constitucionalidad.
Las restricciones alcanzan tanto a personas físicas como jurídicas extranjeras. La medida repone el control sobre la compra de campos que el oficialismo había intentado eliminar argumentando la necesidad de atraer inversiones.
Modernización de registros inmobiliarios
El proyecto también introduce cambios en el funcionamiento de los registros de la propiedad. La iniciativa admite documentación digital para los trámites, un avance hacia la digitalización del sistema.
La norma fija un plazo máximo de hasta 30 días para la calificación registral. Este límite busca evitar demoras injustificadas en la inscripción de operaciones inmobiliarias.
Además, crea mecanismos de coordinación federal entre registros de distintas jurisdicciones. El objetivo: facilitar el intercambio de información y mejorar la trazabilidad de las operaciones sobre inmuebles a nivel nacional.