Avanza proyecto del Gobierno que cierra la puja por Ley de Tierras y crea desalojos exprés
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El gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que sacó del cajón donde lo dejó guardado durante dos meses por la necesidad de darle un cierre a la pelea sobre la Ley de Tierras y los líimites para la venta de territorios a extranjeros, que amenazó el "mega DNU".
La iniciativa se aprobó con 124 votos a favor 119 en contra y 6 abstenciones y vuelve al Senado, donde ya se había aprobado el 7 de agosto pasado pero luego de que el oficialismo resignara varios capítulos de su versión original, entre ellos el que modificaba la Ley 26.737 sobre Tierras Rurales que establece un límite del 15% del territorio nacional para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.
Sin ese punto clave, el proyecto quedó reducido a una reforma sobre otros aspectos relacionados con la propiedad, entre ellos, el establecimiento de método "exprés" para los desalojos de inmuebles. El oficialismo perdió interés y lo durmió. Sin embargo, eso cambió la semana pasada, cuando la oposición intentó derogar el DNU 70/2023, columna vertebral de la gestión de Milei.
La excusa fueron las idas y vueltas de la Corte Supreme de Justicia en torno al artículo 154 del "mega DNU" que dispone la derogación de la Ley de Tierras. Para evitar que la oposición sumara el apoyo de otros bloques, La Libertad Avanza (LLA) decidió restituir los límites a la "extranjerización" de tierras dentro del proyecto de Propiedad Privada. Su aprobación en Diputados busca así darle un cierre a esa disputa.
¿Cómo es el blindaje a la Ley de Tierras que incluyó el Gobierno en el proyecto de Propiedad Privada?
La bancada de LLA incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos nuevos artículos: uno que deroga el controvertido articulo 154 del DNU 70 y otro que, directamente, restituye "la plena vigencia de la Ley 26.737" que sancionó en 2011 el gobierno de Cristina Kirchner y dispone un límite del 15% del territorio nacional en manos extranjeras.
De esta forma, el oficialismo abandonó la pretensión de eliminar esa norma e incluso de reformarla y, en cambio, ahora apunta a dejarla blindada aunque ello implique entrar en la contradicción de derogar un artículo del DNU fundacional de la gestión de Milei.
La idea del oficialismo es evitar que una decisión judicial futura sobre el DNU y la Ley de Tierras vuelva a amenazar la totalidad del decreto en Diputados. Cerrar ese frente de batalla parlamentaria. Ahora dependerá del Senado darle la puntada final a la pirueta que se vieron obligados a realizar los libertarios en modo defensivo.
La oposición alimenta la desconfianza sobre esta jugada, con el antecedente de que el tema tierras ya se frustró una vez en esa Cámara. Sin embargo, en esta ocasión el proyecto propone un cerrojo legislativo para dejar la Ley 26.737 tal y como estaba antes de la gestión de Milei, lo que no le deja a los senadores opositores o dialoguitas muchos argumentos para rechazarlo.
De hecho, la sesión de Diputados ya arrojó un panorama de cara al futuro tratamiento del Senado: el capítulo que agregó el oficialismo para restituir la Ley de Tierras reunió 239 votos, cerca de la unanimidad.
La contradicción de LLA con Tierras, en la mira de la oposición
Si bien en el oficialismo confían en que la jugada saldrá bien, la situación los incomoda porque se vieron obligados a restituir una ley sancionada por el kirchnerismo que, en un principio, Milei pretendía derogar. Tanto es así, que los diputados de LLA evitaron tocar el tema al defender el proyecto de Propiedad Privada durante la sesión.
El miembro informante de LLA Santiago Santurio sostuvo que "respetar la propiedad privada de todos los argentinos tiene que ser una política de Estado" y que se debe "garantizar que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar un delincuente ni un burócrata de turno". En su discurso, defendió la reforma que hace el proyecto en materia de expropiaciones por parte del Estado, pero no mencionó el restablecimiento de la Ley de Tierras.
La oposición no dejó pasar la oportunidad de señalar la contradicción de LLA. Diego Giuliano (Unión por la Patria) reamrcó que "han vuelto a la ley del peronismo" y agregó: "Ha sido una vuelta de campana del oficialismo" para "bajar los decibles de la inmensa oposición que generó esta idea de derogar la Ley de Tierras".
"Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada. Y esto después de haber intentado eliminar de un plumazo por decreto y debilitar lo que era la limitación de la compra de extranjeros en lo que respecta a la tierra", lanzó a su turno el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
¿Qué plantea el proyecto de Propiedad Privada sobre los desalojos "exprés"?
Pero más allá de la maniobra de LLA para cerrar la pelea en torno a la Ley de Tierras, la iniciativa impulsada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, toca otros temas, entre los que se destaca la reforma del Código Civil y Comercial en lo referido a los desalojos.
El proyecto establece que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo, una vía mucho más rápida que la actual. Por ello, la modificación recibió informalmente el nombre de "desalojos exprés".
El texto señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" una vez iniciado el litigio, siempre que considere acreditado el derecho del propietario.
En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes con "nombre completo, nacionalidad y número de documento o pasaporte".
Durante el debate del Senado, el oficialismo aceptó un pedido de los bloques dialoguistas para distinguir en el proyecto a los ocupantes ilegales y los inquilinos, dado que el proyecto original de Sturzenegger contemplaba un desalojo "exprés" también para quienes alquilan legalmente un inmueble con destino a vivienda y se atrasen con el pago.
Finalmente, se estableció en el proyecto que cuando el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgará un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que regularice la situación. Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo.
También incorpora el mecanismo de las notificaciones electrónicas, lo que permitirá que el trámite de desalojo continúe incluso cuando el ocupante del se niegue a recibir la notificación física.
Por otro lado, la iniciativa contempla una protección especial cuando en el inmueble haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes antes de concretar el desalojo.
¿Cuáles son los cambios que avanzan para las expropiaciones del Estado?
En otro de sus capítulos centrales, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce cambios importantes en el régimen de expropiaciones por parte del Estado. La declaración de utilidad pública de un bien debera ser "de interpretación restrictiva" y justificar de manera concreta "el fin perseguido".
Con el objetivo de dar seguridad a grandes empresas e inversores, el Gobierno establece en la inniciativa que la expropiación del bien debe probarse "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo".
En ese marco, realiza otro cambio relevante en la forma de calcular la indemnización. Según el texto, el valor del bien expropiado deberá tomar como referencia la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación".
Al respecto, se establece que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".
Otra modificación que el oficialismo tuvo que consensuar con los bloques dialoguistas fue la limitación del cálculo sobre el lucro cesante, que "en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.
