Reforma laboral: fallo declaró inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas

Una resolución judicial de Tucumán determinó que el pago íntegro de la indemnización laboral protege derechos del trabajador afectado
Primer plano de varios billetes con el número 20000 y el texto 'BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA', magnificados por una lupa.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo revés en los tribunales tucumanos. El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.802 que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a pagar en cuotas las indemnizaciones y otras condenas judiciales.

La resolución ordenó a una firma del rubro calzados abonar en un solo pago $8.265.686,74 a una exempleada despedida. El fallo fue dictado por el juez Carlos Frascarolo, quien rechazó el planteo de la empresa para cancelar esa deuda en 12 mensualidades consecutivas.

La firma había invocado su condición de MiPyME. También argumentó que atravesaba dificultades económico-financieras para solicitar el beneficio previsto en la nueva legislación laboral.

Sin embargo, el magistrado consideró que la posibilidad de imponer unilateralmente un pago fraccionado vulnera derechos constitucionales de la trabajadora, especialmente cuando se trata de un crédito laboral reconocido mediante sentencia firme.

Qué dice la reforma laboral sobre el pago en cuotas

El eje del conflicto está en el artículo 56 de la Ley 27.802. Esa norma modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Desde entonces, las MiPyMEs quedaron habilitadas a cancelar condenas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. El beneficio aplica tanto para indemnizaciones como para otras obligaciones laborales reconocidas en sentencias.

Para acceder a ese mecanismo, las empresas deben acreditar su inscripción en el Registro de MiPyMEs del Ministerio de Economía. También pueden alegar dificultades económicas que justifiquen el fraccionamiento.

Por qué el juez lo declaró inconstitucional

Frascarolo sostuvo que el mecanismo afecta el derecho de propiedad de la trabajadora, protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. También vulnera el principio protectorio del derecho laboral, establecido en el artículo 14 bis.

En su fundamentación, el juez señaló que obligar a una empleada a esperar un año más para cobrar una indemnización ya reconocida judicialmente implica trasladarle las consecuencias económicas del incumplimiento de su empleador.

El magistrado cuestionó además que la norma genere una situación de desigualdad. Una empresa que cumple voluntariamente con sus obligaciones no accede a ese beneficio.

En cambio, otra que incumple y termina condenada judicialmente sí puede acceder a una facilidad de pago. Para el juez, eso premia la mora y castiga al buen pagador.

Los números que no cerraban: activos por $1.261 millones

Otro elemento clave fue la situación patrimonial de la firma. La empresa presentó su certificado de inscripción como MiPyME. También argumentó dificultades económicas para justificar el pedido de fraccionamiento.

Pero el análisis de sus balances mostró una realidad diferente. La compañía registraba activos por más de $1.261 millones. Su patrimonio neto superaba los $625 millones.

Además, contaba con disponibilidades líquidas por casi $173 millones. Para Frascarolo, esos datos no demostraban que el pago inmediato de la indemnización pusiera en riesgo la continuidad de la actividad comercial.

Tampoco había evidencia de que el desembolso afectara los puestos de trabajo. La capacidad financiera de la empresa, según el fallo, era suficiente para afrontar la condena sin necesidad de fraccionarla.

El largo camino hasta el cobro: 19 meses de espera

El juez también tuvo en cuenta el tiempo transcurrido. La trabajadora ya había atravesado un proceso judicial de 19 meses para obtener el reconocimiento de su indemnización.

Permitirle a la empresa extender el cobro durante otros 12 meses afectaría el derecho a una tutela judicial efectiva, dejando a la trabajadora en una situación de mayor vulnerabilidad económica.

El fallo destacó que las indemnizaciones laborales tienen naturaleza alimentaria. Es decir, están destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia del trabajador tras la pérdida del empleo.

Demorar el pago de esos fondos por razones que no demuestran una verdadera imposibilidad de la empresa, según el magistrado, vacía de contenido el derecho reconocido en la sentencia.

Una tendencia judicial que crece contra la reforma laboral

El fallo de Tucumán se suma a una serie de pronunciamientos judiciales que vienen declarando la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral.

En distintas jurisdicciones del país, los tribunales comenzaron a poner límites a los alcances de la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Los cuestionamientos apuntan especialmente a normas que, según los jueces, debilitan la protección constitucional del trabajador.

Este caso se inscribe en un contexto donde la Justicia analiza caso por caso las nuevas facultades que la ley otorga a los empleadores. Y en muchos de esos análisis, las garantías constitucionales del trabajador están prevaleciendo sobre los beneficios empresariales incorporados en la reforma laboral.

Temas relacionados