El Senado aprobó la ley que mantiene límites a extranjeros para la compra de tierras

El proyecto también contempla desalojos "exprés" de campos y viviendas usurpadas, y restringe la capacidad del Estado para expropiar
Senadores votando

El Senado aprobó este jueves 19 de noviembre de 2026 la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en una sesión clave para el Gobierno. El proyecto se convirtió en ley por 42 votos a favor contra 26 en contra.

La norma tiene cuatro ejes centrales. Primero, mantiene vigente la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, que limita la extranjerización de campos. Segundo, crea un mecanismo de desalojos "expres" para propiedades usurpadas. Tercero, restringe la capacidad del Estado para expropiar. Y cuarto, facilita la regularización de escrituras.

El oficialismo de La Libertad Avanza votó a favor junto con bloques aliados: la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones.

En contra se posicionaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

El proyecto tuvo un recorrido complicado: el Gobierno primero eliminó los cambios en la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, pero Diputados los restituyó ante el temor de que se pudiera derogar el DNU 70/23.

Qué dice la Ley de Tierras que quedó vigente

La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. Esta restricción también rige para espejos de agua y zonas de frontera.

Estos límites buscan evitar que capitales extranjeros concentren tierras productivas estratégicas. La medida, impulsada originalmente durante el kirchnerismo, ahora quedó ratificada.

Cómo funcionarán los desalojos "exprés"

El desalojo exprés solo aplicará en casos de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado es verosímil y con caución juratoria.

El propietario podrá pedir que el juez intime la devolución del inmueble dentro de las 72 horas. Para eso, deberá mostrar con prueba documental que es el dueño del terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos morosos tendrán más plazos. Los propietarios deberán enviar una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para que se pongan al día. El plazo se contará desde que reciben la notificación.

Esta diferenciación busca proteger a inquilinos en situación de vulnerabilidad económica. El desalojo rápido quedará reservado para casos de usurpación directa.

Qué cambia en las expropiaciones del Estado

La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva. El Estado tendrá que fundamentar claramente los motivos de esa medida.

El dictamen estableció un tope del 30% de indemnización por lucro cesante. El proyecto original no ponía ningún porcentaje, lo que generó críticas de sectores opositores.

La tasa de interés que deberá pagar el Estado será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. Esto busca evitar que las indemnizaciones pierdan valor con el tiempo.

En la práctica, el Gobierno tendrá más trabas para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles. La norma apunta a proteger el derecho de propiedad frente al poder del Estado.

Cómo será la regularización de escrituras

El proyecto modifica la ley "Pierri" de regularización dominial. Ahora, las familias que tengan una posesión pública durante 10 años podrán acceder a la escritura de su vivienda única.

Este cambio busca facilitar que miles de familias regularicen su situación dominial. Muchas viven en casas que nunca pudieron escriturar por falta de recursos o trámites complejos.

La posesión deberá ser pública, pacífica y continua durante toda la década previa. Con estos requisitos, las familias podrán solicitar que se les otorgue la escritura.

La ley ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, por lo que solo resta la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en plena vigencia.