El gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció la revocación y el cambio de regulaciones laborales que, según datos oficiales, permitirán una baja de costos del sector productivo en hasta 1.800 millones de dólares por año, principalmente a través de la reducción de multas y la eliminación de inspecciones a las empresas.

Los cambios, que tuvieron el acuerdo de centrales sindicales, reducen también exigencias a las que están sometidos los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El responsable por la revisión de las reglamentaciones, el secretario de Seguridad Social y Trabajo del Ministerio de Economía, Rogério Marinho, dijo que las medidas no incrementarán riesgos para los trabajadores, indicó el diario Clarín.

"La revisión de normas se enmarca en un proceso de actualización de reglas que regulan el universo laboral brasileño. Fueron anunciadas la modernización de las Normas Regulatorias (NR) de Seguridad y Salud en el Trabajo y la consolidación y simplificación de decretos laborales", informó el Palacio del Planalto.

Las nuevas disposiciones, que consolidan 158 decretos laborales en cuatro, fueron presentadas por Marinho como "una simplificación y desburocratización de las leyes del trabajo" y deberán ser cumplidas por las empresas con empleados en relación de dependencia. Según el gobierno, las regulaciones vigentes encarecen las operaciones del sector privado.

Ese trabajo de "modernización" involucra la revisión de 36 normas actualmente en vigor, de las que se decidió revocar la llamada NR2, que exigía una inspección previa para la apertura de pequeños negocios, como pequeños comercios, incluso en centros comerciales. Según el Ministerio de Economía, la revocación de esa norma reduce la intervención estatal en la iniciativa privada, agregó el matutino.

Modificaciones

Entre los cambios, se quitó la obligación a las micro y pequeñas empresas de elaborar programas de prevención de riesgos ambientales, control médico y salud ocupacional y se aflojaron exigencias para la prevención de accidentes en el uso de máquinas y equipos que, según el gobierno, no seguían estándares internacionales.

La exclusión no contempla a los rubros dedicados a actividades con riesgos químicos, físicos o biológicos.

El gobierno también cambió la norma que disponía un entrenamiento previo para los trabajadores antes del inicio de actividades en un nuevo empleo, eliminando la exigencia en caso de que no hayan transcurrido dos años de la última capacitación dentro de la misma actividad.

Bolsonaro cuestionó la ley que castiga con la expropiación de haciendas o fincas rurales la práctica de trabajo esclavo ya que, dijo, establecía una "línea divisoria muy tenue" y confusa con lo que consideraba "trabajo análogo a la esclavitud", por lo que propuso cambiarla. Goncalves, en tanto, dijo que "esa es la opinión personal del presidente que no comparto" y aseguró que cualquier cambio en ese sentido "requerirá de la participación de las centrales sindicales".

Brasil aprobó una reforma de las leyes del trabajo en el 2017, durante la administración del entonces presidente Michel Temer, que dispuso límites para pedidos de indemnización, reglas para fraccionar vacaciones, posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas sin exceder el límite de 44 semanales, y el reconocimiento de que gratificaciones, extras, premios y propinas no forman parte del salario, como tampoco integra la jornada de trabajo el tiempo usado para trasladarse al lugar en el que se cumplen tareas remuneradas.

Los próximos cambios previstos por el gobierno persiguen simplificar reglas para la aplicación de multas a empresas que, por ejemplo, incumplan normas sobre el funcionamiento de baños.