Reforma laboral 2026: cómo impacta que la colegiación profesional deje de ser obligatoria

El Proyecto de Reforma Laboral podría generar un cambio de alto impacto para el ejercicio profesional en todo el país: la derogación de la colegiación obligatoria. El proyecto elimina de manera integral la Ley 24.493, la cual desde 1995 da sustento legal a la creación de colegios profesionales y al requisito de matriculación obligatoria para ejercer cientos de profesiones.

Reforma Laboral: Los cambios que se vendrían con la derogación de la Ley 24.493

La Ley 24.493 funciona como una norma marco de alcance nacional. No crea colegios profesionales específicos, pero establece las bases legales para la colegiación obligatoria, la matriculación, el control ético y el régimen disciplinario del ejercicio profesional en todo el territorio argentino.

Con su derogación, el proyecto de reforma laboral generaría una serie de efectos concretos. En primer lugar, se desmantela la base legal que sostenía la obligatoriedad de la matrícula profesional a nivel nacional. Esto implica que, salvo que exista una ley provincial que lo exija, ya no será un requisito indispensable estar matriculado para ejercer una profesión.

Además, la eliminación de la norma debilita la estructura de control ético y disciplinario que hasta ahora ejercían los colegios y consejos profesionales. Estas entidades tenían la potestad de sancionar conductas indebidas, suspender matrículas y supervisar el cumplimiento de los códigos de ética.

Otro de los impactos señalados es sobre las profesiones liberales que operaban bajo un régimen unificado, especialmente en aquellas jurisdicciones donde no existe una legislación local específica que regule la colegiación.

En términos prácticos, la reforma establece que la matrícula profesional deja de ser obligatoria a nivel nacional, y el rol de los colegios queda supeditado a lo que dispongan las normas provinciales o locales vigentes.

Abogados de CABA: los cambios con la reforma y chau colegiación obligatoria

El proyecto incorpora un capítulo específico referido a la Ciudad de Buenos Aires. Allí se derogan los artículos que obligan a los abogados a matricularse en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) como condición para ejercer la profesión.

Si la iniciativa se aprueba en el Congreso, la matrícula pasará a ser libre, sin la obligación de inscribirse en el CPACF. Como consecuencia, el Colegio perderá su potestad de gobierno sobre la matrícula y también su función de control disciplinario sobre los abogados matriculados.

Este cambio implica que la abogacía porteña quedará desregulada, con efectos que aún no tienen una definición clara en términos de organización del mercado profesional. La eliminación del requisito de matriculación obligatoria modifica una estructura institucional que funcionó durante décadas como reguladora del ejercicio legal en la Ciudad.

La reforma no se limita a los abogados. También alcanza a los profesionales de la salud, al eliminar el Régimen de Colegiación de la Provincia de Buenos Aires, una normativa histórica que abarcaba a médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, veterinarios y otros profesionales del arte de curar. Para estos sectores, la derogación implica la pérdida del sistema de supervisión, ética, verificación de títulos y disciplina que hasta ahora ejercían los colegios bonaerenses.

Ante este cambio, los colegios y consejos profesionales manifestaron un fuerte rechazo al proyecto y defienden la colegiación obligatoria como una herramienta central para garantizar buenas prácticas, controlar la habilitación profesional y proteger al ciudadano frente al ejercicio ilegal.

También advierten que la eliminación del sistema representa un golpe económico y funcional para las entidades, que dependen de cuotas y aportes para su funcionamiento.

En la práctica, la desregulación propuesta modifica el día a día de miles de profesionales: desaparece el control disciplinario de los colegios, las sanciones por mala praxis quedan exclusivamente en manos de la justicia, se eliminan las cuotas obligatorias y los colegios pierden capacidad de representación institucional. Mientras algunos sectores celebran la desburocratización, otros advierten que se trata de un cambio profundo en el esquema de control profesional vigente con serias consecuencias.