El grupo constructor José Cartellone se suma a la lista de importantes empresas que optan por dejar de cotizar sus acciones en el mercado bursátil local.

De este modo, el holding de origen mendocino sigue los pasos que el año pasado iniciaron otras empresas locales y hasta varias multinacionales que optan por abandonar la oferta pública para blindar el valor de sus acciones de la crisis, la devaluación y la incertidumbre financiera y económica que por estos momentos enfrenta la Argentina, en un contexto en el que se analiza en qué invertir en medio de la crisis.

Así ya lo hicieron la petrolera estatal brasileña Petrobras, que en julio del año pasado dejó de pertenecer al panel Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como también lo hicieron las españolas Santander, Repsol y Telefónica, además de Tenaris, del grupo Techint; Unipar,  Papel Prensa, controlada por el Grupo Clarín.

En el caso de José Cartellone, acaba de hacer pública su decisión de "retirar voluntariamente a la sociedad del régimen de oferta pública para poder ofrecer públicamente sus valores negociables".

Con este objetivo, el directorio de la empresa convocó a la realización de una asamblea general extraordinaria de accionistas para el próximo 3 de junio, a las 9:00 horas, mediante la modalidad virtual.

El grupo constructor dejará de cotizar en el mercado bursátil como lo han hecho otras importantes empresas

El grupo no viene atravesando buenos períodos ya que se ha visto afectada por la recesión y la devaluación de los años anteriores, así como por haber sido involucrada en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

Escenario negativo

En la investigación abierta por el fallecido juez Claudio Bonadío, la constructora está implicada en el dudoso financiamiento de la obra pública por parte del sector privado.

Según la causa, Cartellone formó parte del grupo de empresas que recibieron pagos millonarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a cambio de supuestos sobornos para la obtención de millonarias obras públicas.

De hecho, Bonadio ordenó a la AFIP que sistematizara todos los pagos realizados por la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015, tarea que la actual administración del Frente de Todos no continuó.

Sin embargo, en la investigación quedó plasmado que un grupo de compañías como CPC (de Cristóbal López), Iecsa (de Angelo Calcaterra), Helport (de Corporación América), Chediack, Supercemento, Roggio, Rovella Carranza y Cartellone cobraron sus certificados de obra.

Más allá del costado judicial que complica a la empresa, sus actividades comerciales también atraviesan por un escenario negativo.

El holding está implicado en una causa por recibir pagos millonarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

Por lo menos así se refleja en los estados de resultados del año pasado, donde informa ingresos por obras, venta de bienes y prestación de servicios consolidados por $23.075 millones, y un resultado negativo consolidado por $1.856 millones.

Según la propia empresa, su rojo se debió en gran medida a los altos costos financieros, producto de las tasas vigentes.

Para este año, la empresa preveía el mantenimiento de las restricciones para la obra pública como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el FMI, y a la necesidad de las autoridades de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, tenían esperanzas sobre las políticas monetarias como reactivadoras del acceso al crédito internacional y aplicarlo al financiamiento de obra pública.

Por el momento, nada de eso parece viable. De hecho, varios de los contratos que Cartellone tenía firmado con el Estado se cancelaron, como los rubricados bajo el paraguas de los PPP lanzados por Mauricio Macri y anulados por Alberto Fernández.