Cortes que se redujeron en un 40% durante los últimos cuatro años; u$s720 millones invertidos desde el 2017; reinversión de las ganancias; repotenciación de 10 subestaciones y renovación de 1.100 km de red son algunos de los números elegidos por Edesur para responder a una avanzada estatizadora que impulsan algunos intendentes bonaerenses donde la distribuidora eléctrica brinda servicios.

Lejos de querer polemizar políticamente, la empresa propiedad del grupo italiano Enel eligió hechos para marcarle la cancha a esos dirigentes que pretenden obligar al Estado a volver a los tiempos de Segba.

Una idea que nació luego de una conferencia vía zoom del titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lonrenzino, con intendentes de las zonas donde opera Edesur.

Un sciolista puro que acusa a la compañía de falta de inversiones durante sus 30 años que lleva como concesionaria del servicio de distribución de electricidad en la zona sur de Capital Federal y en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).

Se trata del mismo esquema que los jefes comunales usaron hace unas semanas para poner en la mira también a Edelap, la distribuidora que presta servicios en la zona de La Plata y aledaños.

Edesur, en la mira del kirchnerismo

En ambos casos, los intendentes pretenden presentar reclamos por servicio deficiente ante el Ente Regulador de la Energía (ENRE) en las próximas horas junto con el pedido de revocación de la licencia, argumentando "enojo y cansancio" de parte de los habitantes de esas regiones, además de acusar a Edesur de llevar adelante una política de falta de inversión como estrategia encarada por la empresa durante el gobierno de Mauricio Macri para "conseguir impresionantes beneficios sin realizar ni siquiera un programa de obras".

Las acusaciones deberán ser analizadas por funcionarios de un ente intervenido por el Gobierno desde marzo pasado y en el que la máxima autoridad es Federico Basualdo, quien ya ocupó un lugar en el directorio del Ente, en 2014, como vocal.

Un funcionario que también está abocado a la tarea de terminar en un plazo de 180 días de una auditoría de los contratos de concesión que, en caso de detectar anomalías, deberán proponer las acciones y medidas que en cada caso estime adoptar.

Los déficits del servicio

En el caso de los intendentes bonaerenses también plantean un diagnóstico en el que sostienen que durante la pandemia aumentaron los reclamo de los vecinos por cortes permanentes, semanales incesantes de hasta 60 horas, así como también por roturas de artefactos eléctricos y otras complicaciones.

Parte de esas deficiencias deberían ser atribuidas a la propia inacción de los intendentes. En especial, en las villas de emergencia ahora rebautizadas como barrios populares, que en el área de Edesur son 81 y en donde nunca se normalizaron las conexiones internas que deben ser provistas por los propios hombres de la política local.

En este caso, las distribuidoras deben garantizar el servicio, lo que hacen a pesar de que desde el 2011 nadie se hace cargo del costo de esa electricidad.

Lo cierto es que, según se desprende de la documentación en poder del ENRE no avalarían el pedido de los jefes comunales. De igual manera sucede con los informes publicados en la Comisión Nacional de Valores (CNV), por la compañía.

Según informes a los que pudo acceder iProfesional, durante el mismo período Edesur mantuvo el plan de inversiones, logró reducir los cortes superando incluso los establecidos en el contrato de renegociación tarifaria (RTI).

Los constantes cortes de luz, uno de los principales argumentos para la embestida K

Todo, en un contexto de tarifas congeladas desde hace ya un año y medio que tampoco podrán ser retocadas en lo que resta del 2020, así como de un mayor consumo si se tiene en cuenta que durante este invierno miles de argentinos deben trabajar desde sus hogares a partir de sistemas de conectividad que deben ser asegurados por la provisión energética.

Sólo en el pico de la demanda y de las bajas temperaturas de la semana pasada, se detectaron cortes en menos del 1% de los clientes de Edesur, con algunas interrupciones del servicio.

Según esos mismos informes, Edesur también destinó a más de 1.500 empleados a que apuntalen sus operaciones en las calles, con los riesgos que esa exposición implica a la pandemia del Covid-19. Además, debió encarar una transformación digital abrupta para acomodarse a los tiempos de oficinas cerradas y atención 100% virtual.

Por estos datos, desde Edesur aseguran que, a pesar del marco de emergencia, el servicio eléctrico a la altura de las circunstancias y agregan que seguirán "con la vocación de servicio, realizando su máximo esfuerzo para la mejora del mismo".

Pero, a pesar de estas expresiones de deseo, se le hará cuesta arriba a Edesur poder darle continuidad a su plan de obras en un contexto económico en el cual acumula pérdidas en sus balances y debe seguir subsistiendo por la ayuda monetaria que le inyecta su grupo controlante. Como los $8.000 millones que recibió el año pasado, auxilio que seguramente se repetirá durante este 2020, teniendo en cuenta el atraso en sus tarifas frente un nivel de inflación que el año pasado superó el 50% y que también será alta durante estos 12 meses.

En este contexto, la avanzada de este grupo de caciques políticos bonaerenses se puede entender como parte de la disputa que sectores ultra kirchneristas vienen tratando de impulsar como forma de marcarle la cancha al presidente Alberto Fernández.

Sectores estrechamente ligados a su vicepresidenta, que vienen, desde fines de junio, tratando de incidir en los temas esenciales de la agenda oficial, impulsando operaciones políticas para destituir ministros y buscando imponer nuevamente la lucha contra corporaciones que, consideran culpables de gran parte del deterioro de la Argentina.

Corporaciones que ya intentaron quebrar o hasta disolver durante el periódo de Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia y a las que acusan de haber incrementado sus ingresos gracias a la complicidad con la gestión de Mauricio Macri.

Bastante se ha escrito por estos días del tuit de CFK respaldando una nota periodística que criticaba a su compañero de fórmula presidencia; de las acusaciones de Hebe de Bonafini y del destrato de Víctor Hugo Morales para con el Jefe de Estado, luego de sus encuentros (virtuales y físicos) con conspicuos hombres del establishment local.

Charlas vía Zoom o alrededor de una mesa en la Quinta de Olivos que se sucedieron aún después del rechazo del empresariado al fallido intento expropiador de Vicentín, una iniciativa de La Cámpora que va camino a recordarse como uno de los peores fracasos políticos que se le adjudique a este gobierno del Frente de Todos.

Es, en este contexto y mientras Máximo Kirchner, el mayor referente actual de este grupo de poder político, mantiene también charlas con el empresariado, que La Cámpora insiste en reflotar banderas que le sirvieron para subordinar por años a sectores empresarios que sufrieron arrogantes embates disfrazados de reivindicaciones sociales "por el bien de la Patria".

El último ejemplo parece ser esta renovada embestida contra las empresas de servicios públicos disfrazada de "debate" en el seno de la sociedad a partir de una encuesta reciente donde se muestra a un 64% de los consultados a favor de las estatizaciones de las empresas distribuidoras de gas y electricidad.

El conteo fue realizado por Analogías, ex consultora de Analía del Franco que fue comprada por La Cámpora que a su vez la usa habitualmente para defender con encuestas el programa estatista e intervencionista con el que sueñan en las usinas ultra kirchneristas.

En especial, contra Edesur y Edenor, la otra distribuidora de electricidad privada cuyo dueño, Marcelo Mindlin, también es mirado con recelo por La Cámpora.

La distribuidora propiedad de Pampa Energía también tiene las tarifas en el freezer; sufre de los mismos problemas de costos cada vez mayores e ingresos cada vez menores, y se enfrenta a la misma embestida estatizadora de La Cámpora.

Todo un combo que ha llevado a que la calificadora S&P Global Ratings le haya bajado la nota en la escala nacional para Argentina de "raBB-" a "raB"; y en la escala global, de "CCC+" a "CCC".

Bajas que, según el informe de S&P Global Ratings, se debe principalmente a las medidas del Gobierno y no a acciones propias de la empresa. Es decir, a la extensión del congelamiento de tarifas y la falta de un mecanismo formal de compensación alternativo a lo establecido en el contrato de Revisión Tarifaria Integral (RTI), a la mayor restricción para acceder al mercado de cambios, y a un entorno macroeconómico deprimido y volátil.