El Gobierno quiere sumar clientes al plan de telefonía celular de $150, ¿a cuántos apunta y en cuánto tiempo?
Ante el fracaso del paquete "económico" creado por el Gobierno que debe ser ofrecido de manera obligatoria por las proveedoras de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y TV por cable, las autoridades nacionales salieron a pedirle a las operadoras que fomenten la suscripción de ese servicio bautizado como Plan Básico Universal (PBU).
Se trata de un sistema establecido por el presidente Alberto Fernández en el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, en el que se declaró como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, la conexión a internet y la televisión por cable. Es decir, una especie de Triple Play con un costo básico de $150 solamente para el servicio de telefonía ceular que puede llegar a los $350 si se le agregan algunas prestaciones como una mejor cobertura, además de internet y televisión paga.
En la actualidad, la propuesta, que es monitoreada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tiene solamente 80.000 beneficiarios, cifra que es considerada insuficiente por el Gobierno que pretende que se lleve, por lo menos, a los tres millones de clientes.
El reclamo, disfrazado de solicitud, fue hecho por las autoridades nacionales a representantes de las principales empresas del sector como Claro, Telefónica y Telecom, durante una reunión que se llevó a cabo durante el mediodía de este jueves 22 de abril en la Casa de Gobierno.
Los anfitriones fueron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el titular del Enacom, Claudio Ambrosini; la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.
Según fuentes del sector, el encuentro fue desarrollado de manera cordial sirvió para aceitar las relaciones entre los funcionarios y las empresas de telecomunicaciones que, además de tener que ofrecer este servicio de manera compulsiva, sufren el congelamiento de las tarifas que se viene aplicando desde finales del año pasado, también por orden presidencial.
Sin embargo, el foco de la reunión fue el fomento de la PBU entre los sectores más vulnerables, bajo la línea de pobreza o más afectados por la crisis sanitaria y económica que atraviesa la Argentina.
En ese sentido, Cafiero fue claro en reclamarle a las empresas que en un plazo no mayor a los 30 días deben ofrecer de manera más amplia la prestación "que tanto se necesita y con la que el Estado se comprometió".
El plan obliga a las compañías a ofrecer tarifas de $350 mensuales, que se desglosan en $150 por el uso de Whatsapp ilimitado y los $200 restantes por un giga de datos.
Ocurre que varias de las operadoras vienen publicitando planes más baratos, lo cual habría generado cierto malestar entre las autoridades nacionales que lo hicieron saber durante la reunión en la cual también se presentó un informe elaborado por Tolosa Paz y el Enacom sobre el alcance y población objetivo para la implementación de la PBU.
El problema es que las compañías ya tienen servicios básicos a bajos precios que usan sus clientes, mientras que la PBU no termina de convencer y menos en los sectores sociales mas sumergidos económicamente, que en la actualidad tienen otras prioridades antes de contar con un servicio de telefonía celular, interneto o TV por cable, teniendo en cuenta la situación de pandemia sanitaria y crisis económica que atraviesa el país.
De todos modos, el documento se refiere a los indicadores de pobreza e indigencia que sufre la Argentina con el objetivo de identificar la "urgente necesidad" de poner en marcha la política tarifaria establecida por el Gobierno sin haber sido consensuada con las empresas con la excusa de garantizar el acceso a la conectividad en el corto plazo para más de tres millones de personas de 750.000 hogares.
"Herramienta imperiosa"
Para el gobierno nacional la PBU es una "herramienta imperiosa" para que las familias de menores recursos puedan estar informadas de manera online y tengan la chance de acceder a la educación y a la salud en tiempos en de disputas políticas por las clases presenciales o virtuales.
Tras el encuentro, Tolosa Paz consideró a la conectividad como "la plataforma de acceso a la educación y a la salud". En ese sentido, señaló que el Gobierno busca "dar un plazo, un marco regulatorio, para que en 30 días tres millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación".
Según se desprende de un cable de la agencia Télam, el titular del Enacom fue quien destacó "el gran paso que se dio para avanzar en la prestación al sector más necesitado de la población".
En ese sentido, Ambrosini avisó que el organismo que preside "será un actor fundamental en el entrecruzamiento de las bases de datos con el Consejo Nacional".
El problema que seguramente deberán enfrentar a futuro las operadoras de telecomunicaciones al tener un gran porcentaje de su base de clientes bajo el plan PBU será el valor de las tarifas, ya que en la práctica se mantendrán congeladas en el tiempo, a pesar de que se permitan algunos retoques en las otras prestaciones. Es más, la cifra de tres millones no es inocente sino que se vincula con la cantidad de clientes que las empresas tienen en el sistema prepago de menor tarifa.
¿La solución? Trasladar usuarios
El combo entonces sería trasladar usuarios de este servicio al que impulsa el Gobierno en tan sólo un mes; saber que no habrá incrementos futuros en este plan y continuar solicitando a las autoridades retoques en las tarifas que les permitan sostener sus costos que crecen por encima de la inflación y cumplir con los planes de inversión establecidos para los próximos años.
En cuanto al plazo de 30 días se debe a la urgencia de los funcionarios por potenciar la PBU y a que entienden que las empresas no pusieron "todo el esfuerzo necesario" para que los resultados que el presidente Alberto Fernández esperaba al poner en marcha el servicio.
La PBU entró en vigencia el 1º de enero pasado como un plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y televisión paga con un precio a partir de $350, al tiempo que aprobó incrementos de hasta el 8% para el resto del universo de los usuarios.
Servicio público, fondos privados
El servicio nació con el objetivo de "favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos", tal como en su momento remarcó el propio Cafiero.
Pero más allá de los enunciados, con este plan el Gobierno da una inequívoca señal de política pública dirigida a sostener el acceso a determinados servicios a los sectores de menores recursos pero a partir del uso de los fondos y las inversiones que a riesgo llevan a cabo las empresas del sector de las telecomunicaciones.
Por eso, se trata de una prestación de carácter "obligatorio" porque, según las autoridades, las empresas no pueden negarse a otorgarlos, tal como se contempla en la Resolución 1467 del Enacom.
Quiénes pueden accceder a la PBU
En la actualidad, la PBU está accesible para jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.
También, quienes acceden a pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; Monotributo Social; monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.
A esto se le suman los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios que perciban una beca del Programa Progresar; desocupados o en la economía informal; beneficiaros de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
También, clubes de Barrio y de Pueblo registrados; asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados; entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.