Mientras los chispazos internos en la coalición gobernante del Frente de Todos siguen impidiendo la adopción de medidas de fondo para superar la crisis económica, los especialistas y consultores energéticos comenzaron a plantear cuáles serán los principales desafíos y las reformas que deberá encarar a partir de diciembre de 2023 el próximo gobierno que desembarque en la Casa Rosada.

Con ese objetivo en la mira, el Instituto Argentino de Energía "General Mosconi" inició su seminario anual con las disertaciones de los economistas Ricardo Carciofi, Sebastián Menescaldi y Fernando Navajas, quienes analizaron la situación actual y las condiciones que deberían generarse para lograr un proceso de inversión sostenible en el sector energético.

Para Ricardo Carciofi –economista e investigador Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y miembro del CARI--, "el desarrollo del sector energético se encuentra limitado por serios problemas internos y el contexto internacional".

Precisó que "en la última década tuvimos una tasa de crecimiento económico inferior a la de los países vecinos y socios del Mercosur y, en el plano social toda la región bajó la tasa de pobreza, pero Argentina la empeoró".

Tras indicar que "las restricciones externas se deben al escaso dinamismo exportador que imponen un límite al crecimiento", señaló que "el nivel del desequilibrio fiscal es extraordinario y el gasto público aumentó 20 puntos de PBI en los últimos 15 años y ya no se puede seguir cubriendo con más impuestos".

Energía: los desafíos para el próximo Gobierno

De cara al próximo gobierno, destacó que la agenda energética presenta tres cuestiones clave para resolver. La primera es la estabilización de la situación macroeconómica. Para eso se deben tomar medidas vinculadas con: mejora del tipo de cambio real, normalización del régimen cambiario, eliminación de impuestos distorsivos junto con el sesgo anticomercio y reformas para dinamizar los mercados de capital y de trabajo con cambios en la política laboral.

Especialistas energéticos comenzaron a plantear cuáles serán los principales desafíos y las reformas que deberá encarar a partir de diciembre de 2023

La segunda arista -según Carciofi- tiene que ver con una integración regional y global con visión de largo plazo: "hay que diversificar los mercados de exportación, buscar socios comerciales con mirada de largo plazo y modernizar los regímenes de administración de comercio e inversiones".

Y la tercera cuestión es la vinculada con las políticas de desarrollo productivo y para eso "resulta necesario apoyar las actividades con potencial competitivo, permitir el desempeño eficiente de los sectores que ya participan en el comercio exterior e incorporar nuevas actividades y servicios que ayuden a apuntalar el crecimiento".

El desarrollo de la industria petrolera

Por su parte, Sebastián Menescaldi -director asociado de la Consultora Eco Go- consideró que "el sector energético depende de la llegada de capitales externos para poder desarrollar el potencial de la industria petrolera".

De acuerdo con su visión, "las cuatro condiciones relevantes que necesita el sector energético para poder desarrollarse son: una apertura de capital, precios relativos adecuados, un sector fiscal equilibrado y un esquema institucional que permita la llegada de inversiones".

"Una fortaleza fiscal implica una menor tasa de interés y la posibilidad de acceder a financiamientos externos", destacó Menescaldi.

Añadió que "el desarrollo del sector energético permitirá mejorar las cuentas fiscales con una apreciación del tipo de cambio. Si no tenemos un sector energético desarrollado vamos a tener problemas de cuenta corriente y fiscales".

El sector energético depende de la llegada de capitales externos para poder desarrollar el potencial de la industria petrolera

Los problemas del esquema de subsidios tarifarios

Tras indicar que "el actual esquema de subsidios tarifarios resulta demasiado generoso y no es sostenible en el tiempo", Menescaldi sostuvo que "uno de los desafíos que tenemos es superar el abastecimiento energético para poder destinar la mayor parte de la producción petrolera y gasífera a los mercados externos para incrementar el ingreso de divisas, tal como sucede con la producción del sector agropecuario".

En tanto, Fernando Navajas -economista jefe de FIEL, profesor de la UBA y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas- remarcó que "no hay inversiones posibles sin ahorro público o privado, sin un costo de capital razonable, sin un esquema monetario cambiario estable y sin un fondeo basado en el precio que paga la demanda".

Frente a la situación que heredará la próxima administración nacional, apuntó que "el problema central es qué esquema cambiario de costo de capital y de formación de precios va a poder garantizar las condiciones para un proceso de inversión sostenible en el sector energético".

Los cambios a futuro

Para Navajas, el listado de reformas que hay que llevar adelante tiene siete capítulos esenciales que se deberían implementar lo antes posible.

En primer lugar, se encuentra la reorganización de la Cammesa—la administradora del mercado mayorista eléctrico-- con subastas de gas y electricidad como elementos ordenadores. En segundo lugar, aparece la fusión de los entes reguladores eléctrico y gasífero para reestablecer las condiciones del "passsthrough" en los ajustes de precios y avanzar con una información de facturas energéticas más coordinada para mejorar la eficiencia.

En el tercer renglón figura una reforma eléctrica para la formación de precios nodales con el gas como pivot, la implementación de contratos no subsidiados para el sector renovables y la extensión del impuesto al CO2 al servicio eléctrico.  A eso se agrega otra reforma del esquema tarifario con un formato más simplificado que contenga solo tres elementos: cargo fijo, cargo variable volumétrico y cargo por potencia. 

Expertos destacan que el actual esquema de subsidios tarifarios resulta demasiado generoso y no es sostenible en el tiempo

En quinto lugar se plantea la incorporación de nuevos medidores eléctricos para  que las distribuidoras puedan ofrecer paquetes tarifarios flexibles y opcionales. En la sexta posición asoma una reforma del esquema impositivo en forma coordinada con las provincias para poder fijar un techo a la carga fiscal compuesta por el IVA, Ingresos Brutos y los restantes impuestos provinciales y municipales.

Por último, Navajas señala la necesidad de reformar el esquema de subsidios migrando a una suma fija apoyada inicialmente en la segmentación tarifaria junto con una quita de impuestos a los niveles más bajos y reembolsos a los usuarios que justifiquen no poder afrontar las tarifas plenas.