Grupos de piqueteros kirchneristas se acaban de sumar a los controles de precios en las cadenas de supermercados y le ponen presión a la continuidad del programa oficial lanzado por el Gobierno con el objetivo de combatir la inflación.

Se trata de organizaciones que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner dentro de la alianza oficialista del Frente de Todos pero que no tienen la autorización de la Secretaría de Comercio para participar de los controles como en el caso del gremio de camioneros y del movimiento social Barrios de Pie.

Tras la polémica de Camioneros, Grabois se suma al control de precios

Ahora, el Movimiento Popular La Dignidad que conduce Rafael Klejzer acaba de anunciar que se sumará a partir del lunes 23 de enero al relevamiento de precios.

"Ante el aumento desmedido de precios y la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados y las empresas productoras no están cumpliendo el acuerdo, los movimientos populares estaremos en cada góndola haciendo valer el derecho de todo un pueblo al acceso de alimentos a precios justos", aseguraron desde la conducción de la organización.

Sin embargo, en este caso las inspecciones de precios y de productos en góndolas serán realizados "de manera independiente", por este movimiento que conduce el exdirector Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social e íntimo amigo de Juan Grabois.

Es decir, no tienen el aval del ente que conduce Matías Tombolini. De hecho, fuentes cercanas a Klejzer consultadas por iProfesional aseguraron que no pedirán ninguna autorización al Gobierno. "Lo vamos a hacer igual", argumentaron como forma de admitir que sus controles serán por fuera de los acuerdos oficiales, ya que consideran que el gobierno nacional también es responsable de los incrementos.

Matías Tombolini suma aliados "incómodos" a sus políticas de controles de precios en las góndolas.

Incluso fuentes cercanas a Tombolini negaron haber dado autorización a este movimiento para sumarse a los controles. "No tienen ningún vínculo con la Secretaría de Comercio", advirtieron ante una consulta de este medio. "No tenemos nada que ver nosotros", agregaron.

La guerra contra la inflación "está perdida"

Sin embargo, el propio Klejzer agregó que en la Argentina "no hay ninguna posibilidad de un plan de desarrollo productivo si no contamos con alimentos y energía barata. Y hoy sucede todo lo contrario", sostuvo el propio Klejzer quien también forma parte del movimiento CTEP que conduce Grabois.

"La guerra contra la inflación ya está perdida. No sirve el control de precios. El Estado tiene pocas herramientas pero nosotros somos eficaces para la condena social", agregó este exfuncionario que en febrero del año pasado propuso la creación de una empresa estatal de alimentos directamente asociada con los productores para impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos.

El dirigente piquetero entiende que en la actualidad este mercado "está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones", por lo cual impulsa la "condena social" para los supermercados o productores alimenticios que, según su visión, incrementen los precios.

"Empresa que aumenta no va a poder trabajar en Argentina. Esto se va a ir de las manos. Estamos midiendo fuerzas entre el capital y el trabajo. No vamos a permitir que se aumenten más los precios", argumentó.

Precios justos: empresarios no descartan salirse del programa

De esta forma, se tensa todavía más la cuerda entre el sector alimenticio y el Gobierno por la forma en la cual se le abrieron las puertas a este tipo de militantes sociales para llevar a cabo acciones que son indelegables del Estado nacional y que podrían derivar en que las empresas y las cadenas de supermercados terminen por abandonar los acuerdos como el de Precios Justos.

Según los piqueteros kirchneristas, la guerra contra la inflación lanzada por Sergio Massa "está perdida".

De hecho, Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados alertó por el rechazo que causa la medida entre sus colegas.

En una entrevista con CNN Radio, el empresario se mostró preocupado "por el simple hecho de que estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa".

Por el contrario, anticipó que las empresas que firmaron el acuerdo "podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen".

Carrió denunció a Massa y Tombolini

La situación también derivó en la presentación ante la justicia de una denuncia impulsada por la ex diputada Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía Sergio Massa y el propio Tombolini a quienes acusa de los delitos de "incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos".

La líder de la Coalición Cívica aseguró que se está poniendo en marcha "una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva -del modo que sea y como sea- la medida de control de precios".

Carrió también sostiene que las autoridades denunciadas "se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un acuerdo cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales, por vías de hecho".

Elisa Carrió aseguró que se está poniendo en marcha "una organización paraestatal".

La denuncia apunta a grupos que considera "tiene apego al delito como modo de hacer ejecutar sus propósitos", como serían el gremio de Camioneros liderado por Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el llamado ‘operativo control’, que lleva adelante desde hace días en las grandes cadenas de supermercados.

"Este acuerdo para hacer de soporte a inspectores de esa secretaría, comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque", sostuvo la dirigente política en su presentación judicial que también firman los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

La denuncia reclama que se dicte una medida cautelar "para asegurar que los objetivos determinados por el Estado Nacional, a través de la implementación del sistema de Precios Justos", puesto en ejecución por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación voluntaria de empresas productoras de bienes de consumo masivo y las comercializadoras de los mismos".