La medida kirchnerista que Luis Caputo aplica para llevar a Edenor a tribunales
Tal como ocurrió con Edesur, el gobierno nacional también tomó la decisión de llevar a juicio a Edenor bajo las mismas razones que utilizó para iniciar acciones legales contra la distribuidora de electricidad propiedad del grupo italiano Enel.
Es decir, en los mismos términos de la Resolución 590/2021, del Ministerio de Economía de la Nación, que promovió una acción de lesividad contra la distribuidora propiedad de los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, ante el fuero contencioso-administrativo federal.
La demanda se vincula con un hecho ocurrido el 20 de septiembre de 2021, cuando el expresidente Alberto Fernández dictó una resolución para dejar sin efecto el traspaso del control sobre las concesiones de Edesur y Edenor a jurisdicción nacional.
Ese proceso, que había sido acordado por ambas empresas con el anterior gobierno de Cambiemos en mayo de 2019, establecía un acuerdo por las deudas acumuladas por el Estado, entre 2006 y 2015, que las autoridades porteñas y de la Provincia asumían los derechos y obligaciones de los contratos de concesión.
El acta aclaraba que el convenio formaba parte de un esquema para compensar las deudas entre las dos distribuidoras y el Estado Nacional, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales.
También involucraba las multas acumuladas por las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante la sociedad CAMMESA, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta.
Edenor: traspaso trunco
Además, las compañías se comprometían a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $3.000 millones, en el caso de Edenor y $4.000 millones, en el caso de Edesur que eran adicionales a las acordadas en la Reforma Tarifaria Integral (RTI) y que debían que realizarse en un plazo de cinco años.
Adicionalmente, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) que debía asumir las funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado.
El acuerdo fue impulsado por el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en coordinación con el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, con el objetivo de saldar deudas cruzadas generadas durante la década de congelamiento tarifario entre 2006 y 2016.
Sin embargo, nada de eso ocurrió, ya que el kirchnerismo desarmó el convenio, tras la publicación de la Resolución 590/2021 del entonces Ministerio de Economía que estaba bajo el mando de Martín Guzmán.
La norma anuló el llamado "Acuerdo de Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Supuestas irregularidades
Si bien la gestión libertaria del presidente Javier Milei viene tomando decisiones que se diferencian de las políticas públicas del anterior gobierno, en este caso adoptó el mismo criterio y deja avanzar la causa judicial que, en primera instancia, involucró a Edesur y ahora suma a Edenor.
El objetivo es llevar a sus autoridades ante la justicia por entender que las decisiones adoptadas por el kirchnerismo serían acertadas en este sentido.
La decisión que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se basa en supuestas irregularidades que se habrían cometido en el acuerdo de traspaso de la jurisdicción.
Se habla de investigaciones técnicas llevadas a cabo por el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) en las cuales se detectaron "distintos vicios que acarrean la nulidad absoluta", del convenio, en especial en lo referido a las deudas establecidas por la gestión del expresidente Mauricio Macri.
Se hace mención de la existencia de "pasivos regulatorios" que habrían sido fueron subestimados y se destaca que las sanciones aplicables a las concesionarias "fueron recalculadas especialmente en el marco del Acuerdo de Regularización, utilizándose premisas específicas de valorización y actualización dictadas por la ex Secretaría de Gobierno de Energía, resultando en valores sustancialmente menores a los determinados por el ENRE con base en las premisas de cálculo oficiales establecidas para aquellos".
La investigación también menciona "irregularidades" en los cálculos realizados para obtener los activos y pasivos objeto del Acuerdo de Regularización, "al no haberse realizado según las normas aplicables ni utilizarse una metodología adecuada, lo cual constituyen un vicio grave en la causa, que redunda en la nulidad absoluta e insanable del mismo en los términos del Artículo 14 inciso b de la Ley N.º 19.549".
Alto grado de nulidad
Se sostiene que el Acuerdo de Regularización "se apartó de los antecedentes de derecho aplicables", ya que, en su cláusula segunda, "se estableció un cambio de destino de los montos de las sanciones impuestas por incumplimiento de Calidad de Producto Técnico, Servicio Técnico y Servicio Comercial resultantes de cada medición, aplicándolos a la ejecución de inversiones adicionales, sin que se hubieran cumplido las condiciones que el marco normativo aplicable exige para que ello sea posible".
Para el entonces gobierno kirchnerista este cambio de destino de los fondos le otorgaba un grado de nulidad a la causa del acuerdo de regularización de obligaciones "por vulnerar los derechos de los consumidores y usuarios amparados en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional".
Las críticas también se centraron en la falta de convocatoria a una audiencia pública para obtener la opinión de los clientes de Edesur y Edenor, y por entender que las estipulaciones del acta "afectaron a los usuarios", ya que solo se sustituía el monto a descontar de las facturas por un compromiso de inversiones "sin haberse cumplido la condición a la que estaba sujeto ese cambio de destino".
La norma hacía mención a una "gravedad de las irregularidades acreditadas en el Acuerdo de Regularización" que obligaban a revocar el convenio por razones de ilegitimidad y a declararlo "lesivo al interés general".
Del mismo modo, se instruía a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía a que inicie una acción judicial de lesividad contra Edenor y Edesur "a fin de obtener la declaración judicial de nulidad del Convenio".