Privatización de AySA: el Gobierno definió las reglas para el desembarco privado
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró oficialmente en su fase operativa.El gobierno nacional acaba de aprobar el nuevo contrato de concesión, considerada una pieza administrativa clave que no solo busca ordenar la prestación del servicio, sino también establecer las condiciones de contorno para que un operador estratégico asuma el control de la mayor empresa de saneamiento del país.
Tras haber logrado un superávit de $237.000 millones en 2025 y reducir drásticamente el peso de las transferencias estatales, ahora la administración de Javier Milei acelera el diseño del pliego licitatorio de la sociedad estatal.
A través de un comunicado, las autoridades de la sociedad explicaron que, desde el 2024, se redujo su déficit y pasó a cubrir sus costos operativos únicamente con el ingreso por tarifas (sin subsidios del Tesoro).
"Esta transformación evidencia que se puede lograr la sustentabilidad mediante incentivos correctos y rendición de cuentas. Este nuevo contrato convierte dicha política en una regla permanente", señala el documento.
Se sostiene también que, a diferencia de los modelos que rigieron Aguas Argentinas y AySA hasta la fecha, el nuevo contrato establece, en un plazo de 30 años (con opción a 10 años adicionales), la obligación de elaborar un Plan de Acción cada cinco años.
Las bases del nuevo contrato que ordena la privatización
Este plan debe contar con metas claras de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio, revisiones tarifarias quinquenales en lugar de anuales y objetivos definidos en relación con el régimen económico-financiero, dado que la concesionaria deberá garantizar la sostenibilidad y el equilibrio.
"El fin último es subir los niveles de cobertura de agua potable y cloacas para alcanzar los promedios de la región en el menor tiempo posible", se agrega.
En cuanto al nuevo esquema contractual, se basa en el cumplimiento de metas y objetivos; el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios.
Para asegurar este cumplimiento de metas e inversiones, el contrato define con precisión las responsabilidades del Concedente (Estado Nacional) y de los Reguladores (ERAS -Ente Regulador de Agua y Saneamiento- y APLA -Agencia de Planificación-), incorporando fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas.
"Estas nuevas condiciones fortalecen la eficiencia operativa y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo, permiten planificar un régimen económico-financiero basado en criterios objetivos y mecanismos de revisión tarifaria que deberán ser aprobadas por el Estado Nacional, como así también planes de obras con objetivos claros en pos de la mejora y expansión del servicio, junto a sistemas de control y auditorías independientes", agrega el informe de la empresa.
En este contexto, se prevé avanzar con la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado Nacional, manteniéndose el 10% restante en manos de los trabajadores.
"La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización", señaló Diego Chaher, Titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Adiós a la AySA social: eficiencia y sustentabilidad como pilares
El objetivo es atraer operadores e inversores con capacidad técnica y financiera, garantizando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de mejora y expansión de los servicios de agua y cloacas para los usuarios.
Esta medida consolida una nueva etapa para AySA, basada en criterios de eficiencia, sustentabilidad y planificación de largo plazo.
En este sentido, el nuevo marco contractual pone fin a la era de la "empresa social" para pasar a un modelo de eficiencia operativa y sustentabilidad financiera.
El documento, que servirá de base para la futura licitación, establece tres pilares fundamentales que cambian las reglas del juego para los millones de usuarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En la actualidad, AySA brinda servicio a entre 14 y 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Es una de las operadoras de servicios de agua y saneamiento más grandes de Latinoamérica y cubre el 75,1% de agua potable y el 62,8% de cloacas en el AMBA.
Sendero tarifario: tope del 3% mensual y convergencia en 2027
A diferencia del modelo anterior, donde las obras dependían casi exclusivamente del Tesoro Nacional, el nuevo concesionario deberá cumplir con un plan de inversiones obligatorias financiado por la propia operación y el acceso al mercado de capitales.
Se ratificó además el sendero de actualización de precios para cubrir los costos de explotación.
Aunque se fijó un tope del 3% mensual para el período mayo-agosto de 2026, el contrato prevé que la convergencia total —el punto donde la tarifa cubre el 100% de los costos operativos e inversiones— se extienda hasta 2027.
El pliego también endurece las sanciones por incumplimiento en la presión del agua, demoras en reparaciones de fugas y niveles de tratamiento de efluentes cloacales.
El modelo de negocio a seguir se basa en el de operador estratégico y salida a Bolsa, con un esquema de privatización que no implica una venta total inmediata, sino un modelo mixto: venta del 90% del capital a un consorcio liderado por una "operadora estratégica" con experiencia probada en servicios de saneamiento de escala metropolitana.
Pero no se descarta que una porción del paquete accionario sea volcada a la oferta pública para dar liquidez y transparencia a la valuación de la compañía.
"El objetivo es concretar una concesión que asegure la sustentabilidad del servicio a largo plazo, eliminando el déficit crónico que cubrían los contribuyentes", señala el anexo de la resolución.
Arquitectura regulatoria: informe clave antes de julio 2026
Para hacer atractiva la entrada de capitales, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ya instruyó a la empresa a presentar un nuevo informe económico-financiero antes del 31 de julio de 2026.
Este informe será el "termómetro" para decidir los aumentos del segundo semestre.
Por ahora, se mantiene la Tarifa Social para los sectores vulnerables y el descuento del 15% para los coeficientes zonales bajos, una medida política necesaria para amortiguar el impacto social mientras se termina de pulir el pliego de venta.
Con la arquitectura regulatoria ya aprobada, el mercado espera que en los próximos meses se lance la convocatoria internacional.
Empresas con presencia en la región ya miran de cerca los números de AySA, que hoy muestra una "cara nueva" tras el fuerte recorte de gastos y la paralización de obras no prioritarias que marcaron el inicio de la gestión actual.
La suerte de AySA será el caso testigo para el resto de las empresas públicas en la lista de privatizaciones.
El Gobierno sabe que, para atraer a un "pez gordo" del saneamiento mundial, el contrato debe ser a prueba de cambios de signo político y garantizar una rentabilidad razonable en moneda dura.
Quiénes podrían quedarse con AySA y qué frena el proceso
Se estima que los principales interesados serían grandes grupos con experiencia en la gestión operativa y técnica de servicios de gran escala.
Dado que el pliego exige que el adjudicatario aporte sus propios estudios, equipos técnicos y recursos, el interés se concentra en jugadores con capacidad instalada para absorber una operación de esta magnitud.
En este sentido, el Gobierno busca atraer a una "operadora estratégica" con trayectoria en saneamiento metropolitano para liderar el consorcio que asuma el control.
Los nombres oficiales de las empresas participantes se mantienen bajo reserva para proteger la competitividad del proceso hasta la apertura de sobres.
Además, existe una marcada prudencia entre los posibles oferentes debido a la incertidumbre jurídica (amparos judiciales vigentes) y dudas sobre la rentabilidad del canon establecido (estimado en $11 millones mensuales) frente a las restricciones operativas.
Por otro lado, el requisito de aportar tecnología propia representa un desafío para muchos actores del sector que no cuentan con infraestructura ociosa.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de prórroga (reprogramada originalmente para el 20 de abril de 2026) para permitir que los interesados ajusten sus proyecciones financieras y técnicas ante la complejidad del pliego.