Crecen los concursos preventivos: cómo afecta la nueva ola que amenaza con arrasar a Pymes y grandes empresas
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La apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó 130% en 2025 dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un concurso preventivo es el mecanismo legal que utilizan las empresas cuando no pueden hacer frente a sus deudas y buscan reestructurarlas bajo supervisión judicial antes de quebrar definitivamente.
Los datos preliminares de 2026 muestran que el fenómeno se acentuó. Este año las empresas concursadas en CABA podrían superar el récord que se alcanzó durante la pandemia, según un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
El documento puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos. En 2023, esa cifra había sido de apenas 82 casos.
El incremento del 131,71% refleja una crisis de solvencia empresarial sin precedentes recientes, donde cada vez más compañías recurren a la Justicia para evitar la quiebra definitiva y la liquidación de sus activos.
El arranque de 2026 supera años completos anteriores
La entidad advirtió que la inercia destructiva empeoró en el arranque de 2026. Durante el primer trimestre judicial de ese año —entre febrero y abril— se abrieron 92 procesos concursales en la jurisdicción porteña.
El informe remarcó que esa cifra ya refleja más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año completo. En otras palabras: en apenas tres meses de 2026 se abrieron más concursos que en doce meses de cualquiera de esos años.
La comparación con 2020 resulta elocuente. Durante el pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis. Ese número contrasta con los 190 del año pasado o con los 92 en solamente un trimestre de este año.
Si el ritmo actual se mantiene, 2026 podría cerrar con más de 350 concursos preventivos en CABA, un récord histórico que superaría ampliamente el peor momento de la pandemia y marcaría un punto de inflexión en la crisis del sector productivo argentino.
Más de 24 mil empresas cerradas y 327 mil trabajadores afectados
Desde IPA alertaron sobre el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero. Afirmaron que la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026.
Las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas. Un total de 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Esa cifra refleja empleos que desaparecieron junto con las empresas que los sostenían.
El informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión. Este se cristalizó mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa en el sector.
El resultado arroja un saldo negativo histórico y sin precedentes: la primera vez en 22 años que Argentina registra salida neta de capitales extranjeros del sector manufacturero. Frente a la crisis, importantes firmas multinacionales abandonaron el país.
Otras empresas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva. Muchas dejaron de fabricar para convertirse en importadoras o comercializadoras.
Capacidad ociosa del 40% y pérdida de capital productivo
El documento señaló que, ante la imposibilidad patrimonial que empuja a las pymes a un fatal resultado falencial, se registró una pérdida incalculable de capital con bienes de uso inactivos. La capacidad ociosa alcanzó el 40,2%.
Ese porcentaje significa que las fábricas argentinas están produciendo a menos de dos tercios de su potencial. Máquinas, equipos y plantas industriales permanecen paradas por falta de demanda, financiamiento o viabilidad económica.
Lo más trágico del cierre de fábricas es la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders y al entorno de las empresas, desde proveedores hasta comunidades enteras que dependían de esa actividad productiva.
Reclamo urgente al Gobierno y al Congreso
El presidente de IPA, Daniel Rosato, afirmó: "Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor".
Rosato añadió que estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. "Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción", sentenció.
Rosato reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la crisis terminal que atraviesan las pymes. Exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica.
El objetivo: evitar un cierre acelerado y masivo de empresas. Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, IPA reclamó que el Congreso trate el proyecto de ley de emergencia para el sector.
La propuesta busca implementar un remedio paliativo y transitorio que permita a las pymes recuperar capital de trabajo y evitar un nuevo salto en los cierres y concursos preventivos durante los próximos meses.