Camioneros: el Gobierno le pone freno al bloqueo a Coca-Cola, Quilmes y CCU
ras varias jornadas de creciente tensión y los primeros indicios de desabastecimiento en comercios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el gobierno nacional decidió intervenir para frenar el avance del gremio que lidera Pablo Moyano contra varias de las principales empresas proveedoras de alimentos y bebidas del país.
Lo hizo a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene el Sindicato de Camioneros con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU.
La decisión busca desactivar el "trabajo a reglamento" y las asambleas organizadas por este gremio que, durante más de 10 días, ralentizaron la cadena de logística y distribución de bebidas en la región.
La resolución, que entró en vigencia de manera inmediata, impone un marco de tregua durante los próximos 15 días hábiles.
Obligaciones a cumplir
Ahora, los puntos centrales que deberán acatar ambas partes son:
- Normalización total: El gremio de Camioneros debe levantar las medidas de fuerza (trabajo a reglamento y asambleas) y garantizar la prestación normal del servicio de distribución
- Prohibición de represalias: Las empresas están impedidas de alterar las condiciones laborales, aplicar despidos o tomar represalias contra los trabajadores involucrados en la protesta
- Apercibimiento legal: Tanto el sindicato como las compañías fueron notificados de que cualquier incumplimiento de lo dispuesto en esta instancia administrativa derivará en las sanciones legales correspondientes
El núcleo de la disputa
El conflicto liderado por Pablo Moyano en la rama de Aguas y Gaseosas gira en torno a reclamos salariales que el gremio considera "urgentes".
El sindicalista sostiene que existe una "ingeniería contable" por parte de las empresas para fragmentar los beneficios de los trabajadores.
Denuncia una disparidad "injustificada" entre los empleados directos de las plantas y depósitos centrales y aquellos que trabajan para empresas concesionarias o distribuidoras externas, a pesar de que todos realizan tareas de logística similares.
Por eso, exige que el premio por asistencia se extienda a la totalidad de los choferes y ayudantes de reparto, y denuncia que actualmente se le paga al personal de planta pero se excluye a los trabajadores tercerizados o de centros logísticos concesionados.
Moyano argumenta además que los adicionales convencionales han quedado desactualizados frente al costo de vida y que las empresas "ajustan sobre el bolsillo de los trabajadores" para mantener sus márgenes de ganancia.
La respuesta empresaria
Las empresas, representadas en parte a través de cámaras sectoriales como CADIBSA, sostienen una posición de mayor cautela frente a la presión gremial.
Argumentan que la exigencia de equiparación salarial y el incremento de adicionales impacta directamente en sus estructuras de costos.
Sostienen que, para sostener la capilaridad de entrega (llegar a todos los puntos de venta), los costos logísticos ya son elevados.
De hecho, ya han advertido que el aumento de estos costos operativos termina siendo trasladado, tarde o temprano, a la lista de precios mayoristas, lo que contribuye a la inflación en el sector de consumo masivo.
Hasta la intervención de la Secretaría de Trabajo, las empresas mantuvieron una postura de firmeza, negándose a ceder ante lo que consideran exigencias unilaterales que alteran las condiciones contractuales establecidas.
La preocupación principal de las compañías es la normalidad en la cadena de suministro, la cual se vio severamente afectada por el "trabajo a reglamento" (que ralentizaba las entregas entre un 20% y 50%).
Qué sigue
La Secretaría de Trabajo ha convocado a las partes a una nueva instancia de negociación para intentar acercar posiciones.
El objetivo es que, durante el período de paz social garantizado por la conciliación, se logre un acuerdo definitivo que evite una nueva interrupción de la cadena de suministro una vez finalizado el plazo de 15 días.
La resolución es imperativa. Es decir, la Secretaría de Trabajo advirtió que, en caso de incumplimiento por alguna de las partes —ya sea por parte de la organización sindical o de las firmas empleadoras—, se aplicarán las sanciones legales correspondientes.
Retomar el diálogo
Con este dictamen, se espera que las mesas de diálogo se retomen de inmediato con el organismo oficial actuando como mediador para intentar acercar las posiciones y alcanzar un acuerdo definitivo que evite una escalada del conflicto una vez finalizado el plazo de 15 días.
El cumplimiento de esta medida es monitoreado de cerca por las autoridades laborales, quienes han enfatizado la importancia de mantener la normalidad en la prestación de servicios para no afectar el normal funcionamiento del sector.
Mientras tanto, el sector minorista y los consumidores siguen de cerca el desenlace, ante el temor de que la falta de acuerdo derive en un agravamiento de las medidas de fuerza hacia mediados de junio.