Escándalo en Dr. Ahorro: entre la quiebra, la agonía financiera y las denuncias de vaciamiento

Tras dos décadas de ser un actor clave en el mercado farmacéutico argentino, la cadena Dr. Ahorro bajó definitivamente sus persianas. La justicia decretó la quiebra de la firma, pero el conflicto está lejos de cerrarse: los trabajadores denuncian un presunto plan de vaciamiento y la incertidumbre sobre el futuro de cientos de empleos marca el pulso de una crisis que parece no tener fin.

La crisis y posterior cierre definitivo de la cadena de farmacias Dr. Ahorro en Argentina, que se concretó el pasado 8 de mayo, marca el resultado de una combinación de factores estructurales, financieros y operativos que hicieron insostenible su modelo de negocio.

La estrategia inicial de la cadena de origen mexicano en el país se basó en la venta de medicamentos genéricos de bajo costo para sectores sin cobertura médica (sin trabajar con obras sociales ni prepagas), un planteo que fue perdiendo fuerza con el paso de los años, mientras el mercado farmacéutico local se iba volviendo más concentrado y competitivo.

Históricamente, la cadena tuvo serias dificultades para expandirse en la provincia de Buenos Aires debido a normativas locales, como la que prohíbe la apertura de farmacias a menos de 300 metros de otra existente, lo que limitó su escala de mercado.

Sin flujo de caja

Al momento del cierre, la empresa (que operaba bajo la razón social Energía y Vida de Argentina S.A.) acumulaba un "rojo" estimado de unos u$s10 millones, sumado a deudas por u$s5 millones con la seguridad social y u$s4 millones con proveedores.

En este contexto, la cadena se fue quedando sin flujo de caja, lo que derivó en la emisión de cheques rechazados, la pérdida de crédito comercial y el corte de suministro por parte de las droguerías.

Tras entrar en concurso preventivo, la compañía intentó sin éxito vender su operación local para sostener la actividad, pero las negociaciones no prosperaron, en parte debido a la falta de activos líquidos y a las demoras judiciales.

El contexto macro del país, con recesión y caída del consumo, aportó para este final crítico, al afectar directamente las ventas y limitar la capacidad de la empresa para cubrir sus costos operativos mínimos.

La estructura de costos y el tipo de cambio poco competitivo fueron un lastre constante que, en diversos momentos, obligó a la casa matriz en México a enviar asistencia financiera, hasta que el modelo dejó de ser sostenible incluso con ese auxilio.

Argumentos de la quiebra

Tras intentar un proceso preventivo de crisis y posteriormente un concurso preventivo que no logró estabilizar la situación, la cadena solicitó su propia quiebra.

Sus autoridades argumentaron que la falta de autorizaciones ágiles para la venta de activos (como su droguería en Chacarita, valorada en aproximadamente u$s1 millón), y la presión de las deudas impidieron cualquier recuperación.

En ese contexto, el Juzgado Comercial N°23 formalizó el 27 de mayo pasado la quiebra de la sociedad detrás de la cadena de origen mexicano. El juez Federico Mármora dictaminó la inhabilitación definitiva de la firma y de sus administradores, incluyendo medidas cautelares como la prohibición de salida del país para su presidente, Xavier González Zirión, y otros directivos clave.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de liquidación de activos para intentar cubrir parte de las deudas pendientes con empleados y acreedores.

El cierre ha dejado un conflicto abierto debido a los salarios, aportes e indemnizaciones impagas que reclaman los ex empleados, quienes enfrentan un panorama judicial complejo dada la situación de descapitalización de la firma.

¿Vaciamiento deliberado?

Es más, el personal que, en muchos casos ya habían sufrido despidos masivos a finales de 2025, ahora ha levantado una voz de alerta.

Junto al gremio del sector denuncian que, en las semanas previas al cierre total, se produjo un proceso de vaciamiento deliberado: se cerraron locales sin previo aviso, varios puntos de venta aparecieron en portales de alquiler de inmuebles antes de que se decretara la quiebra, y muchos trabajadores denuncian haber recibido solo una fracción de sus haberes.

Según los testimonios recolectados, antes de que el proceso judicial fuera oficial:

• Cierre selectivo: Se cerraron locales sin previo aviso, dejando pertenencias personales de los empleados en el interior
• Activos fugados: Varios puntos de venta aparecieron en portales de alquiler de inmuebles antes de que se decretara la quiebra
• Incumplimiento salarial: Muchos trabajadores denuncian haber recibido solo una fracción de sus haberes de abril, sumado a la falta de aportes previsionales

Reclamos laborales

Este proceso dejó a más de 330 trabajadores en una situación de total vulnerabilidad que en los últimos días mostraron su descontento mediante una movilización que tuvo epicentro en la sucursal del barrio porteño de Chacarita (Av. Corrientes 6847).

El proceso busca visibilizar una realidad cruda: la falta de fondos para afrontar las indemnizaciones, los aguinaldos y los meses de salario adeudado.

"La empresa nos dejó en la calle de un día para el otro, mientras intentaban salvar sus propios activos antes de que la Justicia les cerrara el paso", es la consigna que se escucha en las protestas gremiales.

También reclaman la deuda previsional que mantiene la compañía y la devolución de pertenencias personales retenidas tras el cambio de candados dispuesto por la patronal.

Exigen además, que la justicia realice un control e inventario de los bienes remanentes "para evitar la fuga de capitales que puedan ser útiles a nuestras indemnizaciones".

Ahora, el proceso queda en manos del síndico designado, quien deberá encargarse de la liquidación de los bienes para intentar resarcir a los acreedores y a los trabajadores.