Granja Tres Arroyos agrava su crisis, frena despidos y busca reformular millonaria deuda
Granja Tres Arroyos, el principal referente de la industria avícola argentina, deberá dar marcha atrás con los últimos despidos que había dispuesto en su planta de la provincia de Entre Ríos.
Al mismo tiempo, intenta resolver un problema bastante más profundo como es el de reestructurar deudas por más de u$s350 millones, recuperar proveedores y volver a poner en funcionamiento parte de una estructura productiva que perdió volumen durante los últimos meses.
El nuevo capítulo se abrió este jueves 13 de agosto, cuando el gobierno de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la compañía y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay.
La medida alcanza a la planta La China, que permanece paralizada desde el 26 de mayo, y obliga a la empresa a retrotraer la situación existente antes de los despidos que comenzaron a comunicarse el viernes 7 de agosto.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº363/2026 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social provincial y empezó a regir a las 14 de este jueves por un período de 15 días hábiles.
En concreto, la empresa deberá reincorporar inmediatamente a los empleados despedidos desde las cero horas del 7 de agosto y no podrá tomar represalias contra los trabajadores ni contra la organización sindical.
El gremio también queda alcanzado por la conciliación y deberá suspender las medidas de acción directa y los trabajadores tendrán que retomar las tareas en las condiciones establecidas durante el período de negociación.
El problema es que la resolución laboral encuentra a La China sin actividad desde hace casi tres meses y esa diferencia convierte al conflicto en algo más complejo que una discusión por una tanda de despidos.
El Gobierno puede ordenar las reincorporaciones, pero la empresa todavía debe encontrar la forma de recuperar una operación industrial que permanece detenida desde mayo.
El 20 de agosto, una audiencia decisiva
La primera fecha para intentar destrabar esa situación será el próximo jueves 20 de agosto a las 12 en la sede de la Secretaría de Trabajo, donde deberán concurrir representantes de GTA y del sindicato a una audiencia en Paraná.
Cabe recordar que el pasado 27 de mayo, apenas un día después de la paralización de La China, el gobierno entrerriano ya había decidido intervenir de oficio y convocar a una audiencia urgente.
La Provincia explicó entonces que buscaba restablecer el diálogo, proteger los derechos laborales y preservar las fuentes de empleo.
Casi tres meses después, el conflicto no solamente continúa sino que llegó a una instancia más delicada por los despidos que obligó ahora a dictar formalmente la conciliación obligatoria.
Pero el margen para alcanzar una solución está condicionado por la situación financiera de la compañía.
Un grave problema de deuda
Los dueños de Granja Tres Arroyos vienen trabajando sobre una reestructuración de pasivos que involucra alrededor de u$s350,9 millones que no abarca únicamente deuda bancaria.
El esquema presentado a los acreedores comprende compromisos comerciales, fiscales y financieros de las sociedades involucradas en el grupo y muestra hasta qué punto la crisis atravesó toda la cadena de funcionamiento de la avícola.
La porción más grande corresponde a proveedores a los que la empresa adeuda u$s123 millones por obligaciones comerciales con empresas que suministran granos, laboratorios veterinarios, transportistas, productores integrados y otros proveedores necesarios para mantener funcionando las plantas.
En tanto, otros u$s88,1 millones corresponden a compromisos fiscales mientras que el frente financiero agrega aproximadamente u$s139,8 millones, dividido entre unos u$s85,1 millones de obligaciones con garantías y alrededor de u$s54,7 millones sin garantías.
Entre los acreedores aparecen entidades financieras y empresas de peso dentro de la cadena agroindustrial.
La cuestión central, sin embargo, no pasa solamente por la deuda sino por cómo conseguir que una compañía endeudada vuelva a producir lo suficiente para generar los fondos con los cuales pagar ese dinero.
Quitas, plazos y activos para conseguir oxígeno
La propuesta que circuló entre los acreedores durante el proceso de negociación contempla diferentes alternativas según la naturaleza de cada obligación.
Entre ellas aparecen extensiones de plazos, reducciones de capital que en determinados casos pueden alcanzar niveles importantes y un horizonte de cancelación que podría extenderse hasta siete años.
También se incorporó la posibilidad de desprenderse de activos considerados no estratégicos.
La lógica detrás del esquema tiene un elemento particularmente sensible ya que GTA necesita conservar a buena parte de sus acreedores como proveedores.
Una empresa industrial puede renegociar una deuda bancaria y continuar funcionando pero para una avícola integrada, el problema es diferente cuando parte de lo adeudado corresponde precisamente a quienes suministran alimento, granos, servicios, transporte o crían los animales.
Por eso, el plan prevé tratamientos diferenciados para aquellos proveedores que continúen trabajando con el grupo.
El objetivo es intentar solucionar simultáneamente dos problemas como son los de reducir la presión financiera acumulada y conseguir materia prima suficiente para recuperar la producción.
Una producción que se fue a pique
La dimensión de la caída aparece con mayor claridad al comparar el nivel productivo actual con la escala que GTA llegó a alcanzar.
En sus mejores momentos, el grupo procesó entre 700.000 y 760.000 aves por día pero, en medio de la crisis, ese volumen descendió hasta ubicarse alrededor de las 200.000 aves diarias.
La contracción modifica toda la ecuación del negocio ya que una estructura industrial diseñada para operar con cientos de miles de animales diarios debe distribuir costos laborales, energéticos, logísticos y financieros sobre un volumen muchísimo menor.
El tema es que recuperar la faena tampoco depende únicamente de abrir las plantas sino también de reconstruir la red que alimenta su sistema productivo.
Una parte sustancial de la industria avícola argentina funciona mediante productores integrados, con compañías que suministran pollitos, alimento y asistencia técnica, mientras los granjeros realizan la crianza hasta que las aves alcanzan las condiciones necesarias para ingresar a las plantas de faena.
Durante la crisis de GTA, alrededor de 120 productores integrados dejaron de trabajar con la compañía, según datos sectoriales conocidos durante el proceso, y varios comenzaron a operar para otras empresas.
La salida representó cerca del 60% de la red con la que trabajaba el grupo en determinado momento de la crisis, lo cual generó otra dificultad porque, a pesar de que la empresa pueda ordenar su deuda, necesita recuperar rápidamente oferta de animales para elevar la utilización de sus establecimientos.
Para lograrlo debe reconstruir la confianza de productores y proveedores que acumularon problemas de cobro.
Una crisis que no empezó con La China
De todos modos, los problemas actuales de Granja Tres Arroyos comenzaron bastante antes del cierre de su planta de Entre Ríos.
La compañía había iniciado un proceso de reducción de costos y reorganización productiva después de sufrir problemas sanitarios derivados de la influenza aviar, dificultades exportadoras, pérdida de mercados y una estructura que quedó sobredimensionada frente al menor nivel de producción.
La interrupción de ese destino después del episodio de influenza aviar obligó a la industria argentina a buscar mercados alternativos y colocar una mayor cantidad de mercadería en el mercado doméstico.
Para GTA el golpe fue importante porque China tenía un peso significativo dentro de sus exportaciones.
Hacia fines de 2024, la compañía llevó la gravedad de la situación al terreno laboral y solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
El expediente no derivó en la aprobación formal del procedimiento, pero anticipó el proceso de ajuste que posteriormente se extendió sobre diferentes instalaciones.
En el mismo sentido, uno de los primeros movimientos fuertes llegó en 2024 cuando la empresa decidió cerrar su establecimiento de Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires, una planta vinculada con la estructura de la ex Cresta Roja.
La decisión implicó la salida de alrededor de 200 trabajadores de una dotación cercana a 270 personas.
Pero la menor actividad se trasladó posteriormente a otros establecimientos y durante este 2026 se multiplicaron los conflictos por salarios, suspensiones y ritmo de producción.
Luego, el 26 de mayo se paralizó la planta de Concepción del Uruguay y al día siguiente, la Secretaría de Trabajo entrerriana convocó de oficio a una audiencia entre GTA y el sindicato.
Una intervención que no alcanzó
La planta siguió detenida durante junio y julio y el conflicto llegó hasta este mes de agosto, cuando la compañía comenzó a comunicar nuevos despidos.
Ahora, el gobierno de Entre Ríos tuvo que montar un esquema específico de asistencia para los trabajadores afectados por la paralización.
Hasta el pasado 13 de agosto, la Provincia informó la entrega de 1.900 módulos alimentarios.
También recibió y gestionó 825 solicitudes para subsidios de $200.000 cada uno.
Los primeros pagos ya comenzaron y el universo previsto será ampliado hasta alcanzar a 1.075 trabajadores.
Otros 525 trabajadores fueron incorporados a una tarifa social de energía eléctrica durante dos bimestres y se iniciaron gestiones con Enersa para permitir prórrogas y refinanciaciones de las deudas acumuladas.
Además, la Provincia elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para garantizar atención y medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA.
De una empresa familiar al liderazgo de la industria
El escenario contrasta con el tamaño que Granja Tres Arroyos consiguió construir durante décadas.
Los orígenes del negocio se remontan a la familia De Grazia, que desarrolló una pequeña actividad comercial vinculada con el pollo hasta transformarla en una estructura industrial integrada.
Con el paso del tiempo, GTA fue incorporando plantas, producción primaria, faena, procesamiento y exportaciones.
En su etapa de mayor expansión llegó a tener más de 6.500 empleados, procesar hasta aproximadamente 760.000 aves por día y vender sus productos en decenas de mercados internacionales.
Su facturación anual llegó a moverse alrededor de los u$s1.300 millones, según las referencias utilizadas en el proceso de reestructuración financiera.
Actualmente la empresa es conducida por Joaquín De Grazia y la familia conserva el control aunque Tyson Foods, el gigante estadounidense se sumó en el 2022 como socio internacional de peso.
Se trata de uno de los mayores grupos cárnicos y alimenticios del mundo, que adquirió una participación minoritaria cercana al 34% de GTA.
Durante los últimos meses circularon distintas versiones sobre la posibilidad de que Tyson incrementara su participación.
La necesidad de desprenderse de activos
La reestructuración no se limita a negociar con acreedores ya que el esquema diseñado para recuperar liquidez incluye la venta de activos que no resulten esenciales para la operación.
Ese proceso forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir necesidades de caja, concentrar recursos en las unidades consideradas centrales y recuperar gradualmente capacidad productiva.
Ocurre que GTA necesita capital para alimentar animales, financiar granjas, pagar servicios, contratar transporte, sostener salarios y mantener funcionando instalaciones industriales de gran escala antes de poder cobrar por los productos vendidos.
Pero el ajuste tampoco quedó limitado a Entre Ríos ya que durante julio, GTA detuvo temporalmente la actividad de su establecimiento de Río Cuarto, Córdoba, donde trabajan alrededor de 350 personas.
La medida formó parte del esfuerzo por reorganizar una operación que viene funcionando con menores volúmenes y fuertes restricciones financieras.