La Justicia destraba la venta de SanCor y se reactiva la pelea por sus plantas y marcas
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La Justicia habilitó la continuidad del proceso para vender los activos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, que incluye seis plantas industriales y un paquete de marcas valuados originalmente en u$s52,1 millones.
De esta forma, la resolución reactiva una operación que quedó suspendida en julio pasado y por la cual 10 empresas habían comprado los pliegos.
El proceso continuará gracias a que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los planteos de nulidad contra la resolución 270 del 11 de junio pasado, mediante la cual el juez de primera instancia aprobó las bases de la licitación.
Según el comunicado difundido este jueves 17 de septiembre, el proceso podrá continuar, aunque deberá adaptarse a las indicaciones impartidas por el tribunal en una sentencia que abarca 70 fojas que todavía no fueron incorporadas al micrositio público de la causa, por lo que resta conocer el alcance preciso de esas modificaciones.
La venta había quedado paralizada antes de la presentación de las ofertas por un planteo realizado por el contador Juan Luis Tomat, integrante de la sindicatura de la quiebra de la empresa láctea.
El profesional había presentado recursos de nulidad y apelación contra la Resolución 270 del 11 de junio pasado, que había aprobado el pliego del proceso.
Cuando el juez del concurso, Marcelo Gelcich, los declaró inadmisibles, el síndico recurrió directamente ante la Cámara, cuya Sala II aceptó tratar los recursos y suspendió la licitación.
Ahora, ese cuerpo judicial rechazó las nulidades y habilitó la continuidad del proceso, con una serie de adecuaciones establecidas en el nuevo fallo.
El expediente deberá regresar entonces al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo de Gelcich, para reordenar el procedimiento y establecer las nuevas fechas.
Un proceso de venta de Sancor que se vuelve a poner en marcha
SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril pasado mediante una sentencia que autorizó la continuidad transitoria de sus unidades productivas mientras avanzaba la preparación de una venta destinada a preservar el valor de los activos y generar fondos para atender a los acreedores.
Luego, el 11 de junio, el juzgado aprobó el pliego elaborado por la sindicatura y la co administración judicial que dividió el patrimonio industrial y comercial en siete lotes y fijó una base de u$s 52,1 millones para una propuesta por el conjunto de marcas y activos.
El cronograma original habilitaba el acceso al data room y las visitas técnicas hasta el 17 de julio y las ofertas debían presentarse el 20 de ese mismo mes antes de las 9 y abrirse una hora después.
La secuencia se interrumpió por la denuncia de Tomat que, inicialmente obtuvo respaldo de la Cámara que consideró que la resolución recurrida había cerrado una etapa incidental y que la magnitud económica y social de la operación justificaba habilitar su revisión.
Y como también concedió el recurso con efecto suspensivo, quedaron congelados el cronograma y todos los actos de realización de bienes fundados en el pliego hasta que existiera una decisión sobre las impugnaciones.
El nuevo pronunciamiento resuelve esa discusión y permite retomar el trámite, aunque habrá cambios en las condiciones originales que seguramente están identificados en la sentencia y la instrumentación por parte del juzgado.
Media docena de plantas bajo análisis
El esquema aprobado en junio pasado distribuyó los establecimientos de SanCor en seis lotes independientes, con tasaciones elaboradas antes de la suspensión y que, por lo tanto, podrían quedar sujetas a las adecuaciones que disponga la Justicia.
La planta de Devoto, en Córdoba, recibió la valuación más elevada, con una base de u$s7 millones; la de Gálvez, en Santa Fe, fue tasada en u$s5,5 millones; los complejos de Balnearia y La Carlota, ambos ubicados en Córdoba, quedaron valuados en u$s5 millones cada uno y para la planta santafesina de San Guillermo se estableció una base de u$s2,5 millones.
En tanto, la planta de Sunchales, núcleo histórico de la cooperativa, fue incluida por u$s2,4 millones, si bien su tasación original alcanzaba los u$s3 millones, pero el juzgado aplicó una reducción del 20% después del incendio ocurrido el 7 de junio pasado.
El fuego afectó al sector destinado a la elaboración y el fraccionamiento de leches larga vida, incluidas líneas de leches blancas, saborizadas e infantiles y la inspección judicial constató daños en infraestructura, equipamiento, instalaciones auxiliares y productos terminados.
Marcas que concentran casi la mitad del valor
El séptimo lote puesto a la venta reúne la marca SanCor, sus submarcas y otros activos intangibles y el pliego original asignó a ese paquete una base de u$s24,7 millones, equivalente a casi la mitad del valor establecido para toda la operación.
La marca principal fue tasada en u$s18,7 millones de los cuales u$s15,7 millones por su explotación en el mercado argentino y u$s3 millones por sus derechos y posibilidades comerciales en el exterior, en tanto que las submarcas fueron valuadas en otros u$s6 millones.
El paquete identificado en el expediente incluye nombres como Mendicrim, Quesabores, Tholem, San Regim, Santa Brígida y Chelita.
El informe técnico utilizado también reconoció una disminución del valor de SanCor frente a la tasación realizada en 2017 debido a su deterioro operativo, comercial, financiero y reputacional.
En el caso de Mendicrim y Santa Brígida se encuentran involucradas en una controversia con BAF Latam Trade Finance Fund, aunque el pliego original planteó transferirlas al comprador y reservar judicialmente la parte del precio atribuible a esos activos hasta que quede resuelta la disputa.
Los grupos detrás de la histórica láctea
Antes de la suspensión del proceso, 10 compañías habían pagado los u$s10.000 exigidos para comprar el pliego y acceder a la información reservada de la operación.
La lista quedó integrada por SanCor Seguros; PDA-Punta del Agua; Milkaut; L3N, vinculada con Adecoagro; Jewell Especialidades, del grupo Ceibos; Finanzas y Gestión; Fidulac; Failar-La Tarantela; Elcor-La Tonadita y Alimentos Fransro.
Sin embargo, el interés efectivo por los activos de SanCor se conocerá cuando se establezca el calendario y llegue el momento de presentar las propuestas económicas y los planes de negocios.
La nómina reúne a competidores de la actividad láctea, inversores financieros y empresas que ya tuvieron vínculos con SanCor o con sus activos.
Adecoagro protagonizó una etapa anterior del desarme de la cooperativa mediante la compra de plantas y marcas.
Savencia, controlante de Milkaut, también amplió su presencia en el mercado argentino a través de activos que pertenecieron a SanCor.
Elcor, fabricante de La Tonadita, mantuvo acuerdos de producción y distribución con la cooperativa y participó en la actividad de la planta de Devoto. Failar, productora de La Tarantela, había adquirido el establecimiento que SanCor tenía en Centeno.
En tanto, Fidulac se encuentra vinculada con Gustavo Scaglione y participó del proyecto SanCor Capital, un intento anterior de reestructuración que contemplaba una inversión de u$s60 millones y el ingreso de empresarios de distintas actividades.
Una adjudicación más amplia que el precio
Las reglas aprobadas en junio pasado permitían presentar ofertas por establecimientos individuales, combinaciones de plantas, el paquete de marcas o la totalidad del conjunto.
Cada propuesta debía igualar o superar la base asignada a los lotes elegidos.
Los oferentes también debían constituir una garantía de mantenimiento equivalente al 10% del monto propuesto, además de presentar antecedentes, capacidad técnica y financiera, el plan de negocios, la continuidad productiva y la cantidad de puestos de trabajo que se comprometiera a sostener.
El adjudicatario debía pagar el precio completo en dólares dentro de los 20 días corridos posteriores a la notificación, mientras que la posesión se entregaría después de acreditado el depósito en la cuenta judicial.
El comprador recibiría los activos en el estado en que se encontraran y no asumiría las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social anteriores a la toma de posesión que permanecerían dentro del proceso de quiebra.
La definición de estas condiciones también queda sujeta a las adecuaciones que se introduzcan a partir de la sentencia de la Cámara.
La presión por una salida laboral
La demora judicial profundizó la incertidumbre de los trabajadores que permanecen vinculados con la antigua cooperativa al punto que ATILRA, el gremio de la actividad, informó en agosto pasado que había agotado los recursos propios utilizados para asistir a las familias afectadas y advirtió que podría ampliar las acciones sindicales al resto de la industria láctea.
El sindicato viene reclamando que el proceso derive en una recuperación de la actividad y en la reincorporación de la mayor cantidad posible de empleados.
El pliego original no otorgaba a los trabajadores una continuidad automática, pero convertía el compromiso laboral de cada interesado en uno de los factores relevantes para determinar la adjudicación.
En el expediente también quedó asentado que no se constituyó una cooperativa de trabajadores en condiciones de ejercer el derecho de adquisición contemplado por la Ley de Concursos y Quiebras.
Tras disponer la continuidad del proceso, la Cámara deberá traducir las nuevas indicaciones en reglas operativas y reemplazar el calendario que venció durante la suspensión.
Hasta que se publique la resolución completa y el juzgado dicte las medidas correspondientes, permanecen pendientes las nuevas fechas para acceder a la información, visitar las plantas, presentar las ofertas y realizar el acto de apertura.
