Frigorífico con 600 empleados debe $80.000 millones y acaba de entrar en concurso
Puntos importantes
El frigorífico Ecocarnes, propietario de la marca Cocarsa y con una planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires, entró formalmente en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $79.489,8 millones. La compañía, que emplea a 600 trabajadores y se dedica a la faena y comercialización de carne bovina para el mercado interno y la exportación, atraviesa una crisis financiera que derivó en más de 1.000 cheques rechazados, un procedimiento preventivo de crisis y la paralización de su establecimiento productivo a fines de octubre.
La empresa solicitó el concurso preventivo el 30 de septiembre pasado, mientras que la Justicia dispuso su apertura el 6 de noviembre.
De acuerdo con el estado patrimonial presentado ante la Justicia, Ecocarnes declaró activos por $116.307,2 millones y pasivos por $79.489,8 millones al 18 de septiembre de 2026. En su presentación inicial identificó 358 acreedores, entre entidades financieras, proveedores comerciales, organismos públicos y prestadores de servicios.
La situación también se refleja en los registros del Banco Central. Según los datos correspondientes a septiembre de 2026, la compañía mantenía compromisos con 22 entidades financieras por $47.118,2 millones. Entre sus principales acreedores aparecen:
- Banco Galicia
- Banco Provincia
- Banco Santa Cruz
- Banco Ciudad
- Banco Nación
A esa exposición se agrega el deterioro de su cadena de pagos. Ecocarnes registra 1.078 cheques rechazados por $27.501,7 millones, de los cuales apenas cinco, por $30,1 millones, figuran abonados. De esta manera, permanecen sin registrar su regularización 1.073 valores por aproximadamente $27.471,5 millones, según la información bancaria relevada.
Por qué entró en crisis Ecocarnes y qué pasó con su planta
En la presentación judicial, la empresa explicó que sus dificultades comenzaron después de una expansión comercial que incrementó considerablemente sus necesidades de capital de trabajo. Durante 2025, año en el que también se modificó su composición accionaria, Ecocarnes profundizó un modelo de negocios basado en la compra de hacienda para su posterior faena y comercialización, en lugar de concentrarse principalmente en la prestación de servicios frigoríficos a terceros.
Según la compañía, la faena propia pasó de unas 3.000 a 8.000 cabezas mensuales, mientras que la facturación creció de aproximadamente $3.500 millones a casi $14.000 millones mensuales hacia fines de 2025. Sin embargo, ese incremento de actividad exigió mayores recursos para financiar la compra de animales y sostener los plazos comerciales.
La empresa atribuyó el agravamiento de su situación al aumento del precio de la hacienda, la reducción de los plazos de pago exigidos por proveedores, el encarecimiento de los costos internos medidos en dólares y las restricciones en las líneas bancarias. En su presentación mencionó modificaciones en las condiciones de financiamiento de entidades como Banco Santa Cruz, Supervielle y Comafi.
También reconoció problemas propios de su estructura financiera: insuficiente capital de trabajo, dependencia creciente del crédito bancario y dificultades para generar liquidez suficiente. A esto se sumó la retracción del mercado interno, que redujo la demanda de servicios de faena a terceros, mientras la empresa mantenía prácticamente intacta su estructura laboral y salarial.
El primer episodio importante de incumplimientos se produjo el 14 de julio de 2026, cuando la compañía no pudo atender íntegramente la compensación bancaria de cheques. Aunque sostuvo que consiguió regularizar esa situación, el 11 de septiembre volvió a enfrentar dificultades para cumplir obligaciones por aproximadamente $300 millones. Ecocarnes señaló que esperaba recibir dos remesas de fondos que finalmente se demoraron y ubicó en esa fecha el inicio de su cesación de pagos.
Las dificultades financieras también alcanzaron a su única planta industrial, ubicada sobre la Ruta 202, en San Fernando. Durante octubre, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza por conflictos relacionados con las remuneraciones y los aportes patronales. La actividad de faena quedó paralizada hacia fines de ese mes, mientras la empresa intentaba avanzar en una negociación laboral para adecuar sus costos a la nueva situación económica.
Antes de obtener la apertura del concurso, Ecocarnes había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. La primera audiencia se celebró el 25 de septiembre y las conversaciones continuaron durante octubre. El 28 de ese mes se abrió un período de negociación de diez días hábiles entre la compañía y la representación sindical.
En el escrito incorporado al expediente, la empresa informó que las tratativas buscaban alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales y expresó su expectativa de una pronta reactivación de las actividades.
La historia del establecimiento se remonta a 1962, cuando se constituyó Compañía de Carniceros S.A. (Cocarsa), una firma que llegó a abastecer al mercado interno y desarrolló posteriormente una actividad exportadora hacia Europa, Chile, Israel y Rusia. Después de atravesar un proceso concursal y una quiebra, sus activos industriales y su marca comercial fueron adquiridos por Ecocarnes a comienzos de los años 2000.
La compañía mantuvo la actividad frigorífica y amplió progresivamente sus destinos comerciales. Desde aproximadamente 2015 comenzó a combinar la prestación de servicios a terceros con exportaciones propias, impulsadas inicialmente por la demanda china. Posteriormente, realizó inversiones para adecuar sus instalaciones a las exigencias sanitarias de mercados como Israel y Estados Unidos, además de mantener operaciones hacia la Unión Europea mediante la Cuota Hilton.
Las medidas judiciales para sostener la actividad y recuperar la producción
En paralelo con la apertura del concurso, Ecocarnes solicitó una serie de medidas cautelares destinadas a preservar los recursos necesarios para su funcionamiento. El 17 de noviembre, la Justicia resolvió varios de esos pedidos, entre ellos la protección de los servicios esenciales de la planta y de la cobertura médica de los trabajadores.
Una de las solicitudes más importantes estuvo relacionada con cheques de terceros por $11.289,3 millones que la compañía mantenía caucionados en distintas entidades financieras. Ecocarnes pidió que los bancos no utilizaran las cobranzas de esos valores para cancelar deudas anteriores al concurso, sino que permitieran disponer de los fondos para afrontar gastos operativos.
La empresa argumentó que necesitaba esos recursos para pagar salarios, adquirir hacienda y financiar la continuidad de la explotación. Sin embargo, la Justicia consideró que la información aportada era insuficiente para resolver el pedido y exigió documentación adicional sobre las operaciones financieras y las garantías constituidas.
Distinta fue la decisión respecto de los cheques de pago diferido emitidos por Ecocarnes antes de solicitar el concurso. La Justicia admitió una medida para impedir el pago de determinados valores con vencimiento posterior a la presentación concursal, aunque ordenó que la empresa identificara correctamente los instrumentos alcanzados antes de comunicar la disposición a los bancos.
La resolución también dispuso que AySA, CAMMESA, Naturgy, Natural Energy y Telecom Argentina no interrumpan los servicios prestados a Ecocarnes por deudas anteriores a la apertura del concurso. La medida alcanza a suministros necesarios para el funcionamiento del establecimiento industrial, aunque la compañía deberá afrontar las obligaciones que se generen después de la apertura del proceso.
En cuanto a los contratos comerciales, Ecocarnes pidió preservar las prestaciones de proveedores vinculados directamente con su actividad. Entre ellos figuran:
- Frigorífico Oneto, Bajo Cero y FrioDock, por servicios de refrigeración
- Sealed Air, por materiales de envasado
- Twins Informática, por el sistema de producción
- Corupel, por el suministro de cajas
Sobre la continuidad de esos contratos, la Justicia dio intervención a la sindicatura antes de adoptar una decisión.
La situación de los trabajadores también fue abordada en el expediente. Ecocarnes reconoció atrasos en aportes y contribuciones a las obras sociales y solicitó que esa circunstancia no provocara la suspensión de las prestaciones médicas del personal y sus familias. La Justicia hizo lugar a la protección cautelar.
Otro de los problemas expuestos por la empresa está relacionado con sus operaciones de comercio exterior. Ecocarnes denunció dificultades para liberar documentación correspondiente a mercadería ya vendida y en tránsito, debido a deudas pendientes con operadores logísticos. Según explicó, esa situación impedía que los compradores recibieran los productos.
En su presentación identificó a Maola Lacar y ALP Comex como despachantes de aduana, y a Agrolog, Portland Logistics, Vision Logistics y Americana Shipping Group entre los agentes marítimos utilizados para sus exportaciones. La compañía solicitó la intervención judicial para obtener la documentación necesaria y completar las entregas.
Con la apertura del concurso preventivo, Ecocarnes buscará reordenar sus compromisos financieros y avanzar en la recuperación de la actividad. Por el momento, la planta de San Fernando permanece sin producir, mientras la empresa continúa las negociaciones laborales que involucran a sus 600 trabajadores.