A diferencia de su competidora que acaba de aumentar nuevamente el precio de sus marcas, en la ex Nobleza Piccardo decidieron "congelar" los valores de sus cigarrillos.

La tabacalera, que ahora opera en el mercado local bajo el nombre de British American Tobbaco Argentina (BAT), tomó esta determinación por dos razones. La primera tiene que ver con el fuerte incremento del contrabando que se viene dando, precisamente debido a que los cigarrillos legales están cada vez más caros para los consumidores.

Y la segunda, se vincula con la pelea que BAT inició contra el Gobierno y Massalin Particulares luego de la aprobación de los cambios impositivos por parte del Congreso de la Nación a fines del año pasado.

En el primer caso, la hipótesis que consideran los ejecutivos de la filial local del fabricante de tabaco británico es que los casi constantes cambios en los valores de los atados de cigarrillos están fomentando la compra de marcas "truchas" o ingresadas de manera ilegal a la Argentina.

Esto, dicen en BAT, se potenció a partir de marzo de 2016, cuando el Gobierno subió fuertemente el componente impositivo que tributa esta industria que lo llevó del 70% al 80% por decisión del Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera.

El objetivo era favorecer a las provincias productoras de tabaco con mayores ingresos provenientes de las ventas de cigarrillos para sumar otros $1.000 millones al denominado Fondo Especial del Tabaco (FET) que se distribuye entre las siete provincias norteñas dedicadas al cultivo del tabaco: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco.

Al contrario de lo que inicialmente consideró el Gobierno que iba a suceder, el dinero a distribuir entre esas economías regionales no aumentó.

Incluso, ese fondo redujo su nivel de incremento anual de un 52% que logró entre 2014 y 2015, a 30% en 2016 y a otro tanto el año pasado.

Por el contrario, aparecieron dos fenómenos que afectaron el negocio y que cambiaron el foco de los consumidores. Por un lado, una pérdida de ventas de las marcas más caras frente a las más económicas. Y, por otro lado, el traslado de un mayor consumo hacia el comercio ilegal y el contrabando.

Incluso un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advierte que entre marzo de 2016 y fines del año pasado, el comercio ilegal de cigarrillos creció cerca de 20%.

De hecho, en 2017 se incautaron más de 21 millones de cigarrillos ilegales que se comercializan bajo marcas como Rodeo, Classic y Eight, entre otras.

Las mismas que en los años '90 también complicaron el negocio de las grandes tabacaleras que se vieron obligadas a lanzar sus propios atados de bajo precio como Viceroy o Next, que si bien se mantienen lo hacen con precios que dejaron de ser económicos en comparación con los que se pueden obtener en el circuito ilegal o trucho con diferencias de hasta 60% en los valores, en algunos casos.

Para los ejecutivos de BAT, más subas generarán más incremento del comercio ilegal con su correspondiente impacto en pérdida de recaudación para el Estado en 2018 de $14.000 millones. Esto porque contemplan que el comercio ilegal aumentará un 57%.

En la actualidad, el contrabando se ubica en el 14,2% desde el 10,9% que tenía en marzo de 2016, cuando el Gobierno aplicó una suba de impuestos por decreto.

Para BAT Argentina, este porcentaje de comercio ilegal representó una pérdida de recaudación de $4.400 millones para el Estado en 2017.

Frente a este escenario, en la ex Nobleza Piccardo insisten que las políticas de subas de precios fomentan que los consumidores se corran hacia las marcas ilegales. Y por eso, no saldrán con nuevos aumentos detrás de los que anunció Massalin por estos días, con subas de 5% en todas sus marcas.

Se trata de una de las pocas veces en las cuales la segunda mayor fabricante de cigarrillos del país no sigue el ejemplo de la líder. El año pasado, por ejemplo, hubo cuatro subas aplicadas tanto por Massalin como por BAT que, acumuladas, llegaron a pasar el 20%. La primera fue del 3% en febrero, luego dos más del 4,5% en abril y del 4% en julio. Y una última en octubre del 4%, siempre en promedio.

A esto se le deben agregar los "sobreprecios" que se han generalizado y ya cobran casi todos los kioscos del país y que pueden llegar a los $10 por atado, según el barrio o la zona donde se compren cigarrillos.

Esto hace que un fumador pueda verse obligado a pagar hasta $80 por un atado de las marcas más caras, como el Virginia Slim, en algunas zonas del país, al sumarse el precio de referencia aplicado por las tabacaleras y el adicional que cobran casi todos los kiosqueros.

Estas políticas, siempre según la visión de BAT, fomentan el mayor consumo de marcas ilegales. Y según el documento de la CAME, el 90% del contrabando proviene de Paraguay. La mayor incidencia se da en Posadas (Misiones) donde el 53% de los cigarrillos que se negocian son ilegales, seguida por Formosa con un 48%. Detrás aparecen Corrientes con un 15% y Resistencia, en Chaco, con un 14%.

También se asegura en el trabajo que hasta el mes pasado se detectaron casi 90.000 puestos irregulares entre saladitas y manteros en la vía pública que comercializan cigarrillos de contrabando en por lo menos 466 ciudades diferentes.

El segundo factor que lleva a BAT a intentar sostener el valor de sus marcas tiene que ver con el impacto que le generará la reforma tributaria a partir de que se ponga en marcha en marzo próximo.

De hecho, la visión entre ambas tabacaleras sobre estos cambios impositivos es diferente. Incluso, en Massalin habían anticipado que no provocaría subas de precios a pesar de lo cual finalmente optaron por lo contrario.

Y con el último aumento, tres de sus marcas lideran el ranking de las más caras. Son Benson & Hedges, Parliament y LM, con versiones que cuestan $64 por atado de 20 unidades. Y la más barata es Chesterfield, a $25 por paquete, junto con Philips Morris con $29, ambos en presentaciones de 10 cigarrillos.

En cambio, en BAT, el atado de 20 unidades más caro es Dunhill, a $59, junto con el Lucky Strike a $57. Y los más económicos dos versiones de PallMall y Rothmans Click 12 a $27 y $23, respectivamente.

En la empresa vienen sosteniendo que las subas de las alícuotas de las marcas más baratas les hará perder mercado frente a Massalin y llevará a concentrar más aún el negocio. Esto porque se incrementa la carga de los impuestos internos del 60% al 70%, y mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de elevarlo por decreto hasta un 75%.

Además, aumenta el impuesto mínimo vigente que equivale hoy a $22 (75% de lo que paga la categoría más vendida) a $28, y lo actualiza trimestralmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Es decir, esta suba implica que la carga fiscal de un paquete de cigarrillos de ese segmento de precios cuyo promedio es de $40, se incrementa al 90%.

Se le aplica así más peso fiscal a un sector ya fuertemente influido por los impuestos. En la actualidad, de un atado de 20 cigarrillos, el Estado se lleva el valor de 16 unidades. El resto se distribuye entre los productores, los fabricantes y la cadena de comercialización.