El periodista Eduardo Feinmann se refirió a postura del gobierno sobre la empresa celearea Vicentin y afirmó que el abrupto cambio de postura del presidente Alberto Fernández, quien consideraba una "idea loca",  la nueva posición del jefe de Estado, "empujado por Cristina Kirchner y su adlátere, Anabel Fernández Sagasti, a quien Cristina llama 'mi hija'".

El Presidente defendió su decisión de intervenir y expropiar la cerealera, que está en concurso preventivo por una deuda de u$s1350 millones. Además, negó que la medida haya sido impulsada por la vicepresidenta.

"Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso", dijo Fernández en diálogo con Radio Con Vos . Y aseguró que Sancor "no está en la mira".

Además,Alberto Fernández afirmó que Cristina Kirchner no estuvo involucrada en la decisión: "Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina... No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica", apuntó. Y añadió: "Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa".

Expropiación de Vicentin: Feinmann apuntó contra Cristina Kirchnerr

Cuáles son las "alternativas superadoras" que Alberto está dispuesto a aceptar para mitigar las protestas por Vicentin

Por primera vez desde que estalló la crisis tras el anuncio de intervención y posterior expropiación, el Gobierno admite la posibilidad de dejar ese plan de lado -aunque sea temporalmente- mientras se evalúan "alternativas superadoras", tal como afirmó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a la salida de la cumbre en Olivos, que tuvo a Alberto Fernández y a Sergio Nardelli, Ceo de Vicentin, como figuras excluyentes.

Después de la ola de críticas que surgió tras el anuncio de Alberto F., y que a mediados de semana, ya amenazaba con convertirse en una crisis política hacia el seno de la coalición gobernante, el desafío del Gobierno pasó por bajarle los decibeles a la propuesta extrema de una expropiación, sin ¨bajarse" de esa medida, y no terminar dando una señal de debilidad política.

Uno de los términos que aparece con fuerza sobre la superficie es "rescate", y ya no "expropiación". Lo que no significa que el Gobierno, en público, deseche esa posibilidad. Pero el cambio quedó muy visible luego de la crisis.

"El Presidente ha sido muy claro. Su objetivo es el rescate de la  empresa", enfatizó el gobernador de Santa Fe -convertido en vocero- al finalizar el encuentro.

El objetivo de la Casa Rosada respecto del ingreso del Estado a Vicentin no ha variado. Uno de los funcionarios que viene siguiendo de cerca la operación comenta a iProfesional que la meta es cumplir con el rol de empresa "testigo" en el estratégico mercado de las exportaciones de cereales.

Concretamente, el Gobierno busca información sobre la triangulación de exportaciones y de las liquidaciones de divisas, que los exportadores están obligados a concretar en no más de cinco días hábiles. En resumen, quieren que esa empresa sea testigo del mercado, sobre todo cambiario.

La sospecha de los funcionarios es que en el sector exportador existe una verdadera maquinaria de facturaciones "truchas", a través de las cual se sobrefacturan ventas al exterior. Y que una porción importante de cada venta termina (en dólares) termina en cuentas del extranjero, a salvo del "cepo" y del fisco argentino.

En un segundo capítulo, el Gobierno pretende observar las condiciones de pagos de las cerealeras a los productores, a quienes esas grandes compañías -verdaderos monstruos multinacionales- les adquieren las cosechas.

Las alternativas

 ¿Cómo sigue? Es un hecho que Sergio Nardelli y los actuales accionistas de Vicentin -que quedó con una deuda cercana a los u$s1.350 millones- dejarán de comandar la compañía.

Voceros del Gobierno dejaron entrever que, después del rechazo al plan de expropiación presentado por el propio Alberto Fernández en la conferencia de prensa del lunes, habrá una intervención estatal, pero no se descarta que en esa administración se contemple el ingreso de otros accionistas, también acreedores de Vicentin, en especial aquellas cooperativas y otras empresas acreedoras.

Puesto en la práctica, voceros oficiosos de la Casa Rosada dejaban entrever anoche que la propuesta final con respecto a Vicentin se irá diagramando a medida que se recorran los 60 días de la intervención encabezada por Gabriel Delgado.

Y que la "solución definitiva" se tomará cuando esa intervención eleve un informe sobre la situación de la compañía.

Gabriel Delgado será el encargado de buscar, en 60 días, la "solución superadora"

Y acá viene un dato clave sobre lo que viene: el Gobierno  llevará a cabo su estrategia siempre bajo el paraguas de la Justicia. Justamente, una de las principales críticas que surgieron al anuncio de expropiación fue que no seguía las normas de una empresa que ya se encontraba en un proceso de convocatoria de acreedores.

El ministro Matías Kulfas intentó llevar tranquilidad al empresariado, durante una videoconferencia con ejecutivos de distintas compañías.

"Lo primero es llevar tranquilidad. La medida tomada con Vicentin es algo excepcional; no una política, sino una medida puntual para resolver un problema específico. Los proveedores de la empresa no cobraban por sus productos y el Banco Nación le otorgó un crédito que puso en riesgo su capacidad de préstamo y su patrimonio. Esperamos que se arribara a una solución razonable, y al ver que ello no sucedía, tomamos esta decisión con una empresa que se encuentra en un concurso de acreedores, lo que ponía en serias dudas su funcionamiento", se explayó el ministro de Desarrollo Productivo ante una pregunta puntual sobre la decisión oficial de intervenir, para luego intentar expropiar, la compañía.

El funcionario terminó su idea con una definición: "Permítanme aclarar que no tenemos nada que ver con Venezuela, ni en su historia, ni en su presente", aseguró.

Primer objetivo: descomprimir

 Lo cierto es que con la reunión con Nardelli y esta especie de "tregua", el Presidente consigue descomprimir en parte la tensión política generada esta semana. De hecho había trascendido el enojo que hubo en el propio gabinete del gobernador santafesino por la decisión del Gobierno.

Su ministro de producción, Daniel Costamagna, rechazó abiertamente la iniciativa. Ya en la previa se había mostrado explícitamente en contra, y luego del anuncio se quejó de haber sido "puenteado" por el ministro Matías Kulfas.

Y Perotti, sin desautorizarlo, intentó un equilibrio mediante el apoyo al salvataje estatal y el gerenciamiento en manos de YPF Agro, pero evitando pronunciarse sobre la conveniencia de una estatización lisa y llana.

Más explícito fue el ex presidente Eduardo Duhalde, quien realizó declaraciones con cierto tono de "apriete" para con Alberto Fernández. Dijo que, a pesar de no haber hablado con el Presidente, igualmente lo felicitaba por adelantado porque sabía que habría de resolver el problema sin que Vicentin terminara en un proceso de estatización. Un mensaje que fue leído como toda una advertencia sobre la inconveniencia de generar un nuevo conflicto con el campo.

Las primeras señales políticas apuntan a que el Gobierno subestimó la gravedad de la reacción popular por la estatización de una empresa privada. Ahora, al plantear la posibilidad de que los acreedores puedan jugar un rol protagónico en la "nueva Vicentin", se busca reparar ese daño.

Las protestas en Santa Fe fueron un factor fundamental para que el Gobierno flexibilizara su postura inicial

Los acreedores distribuidos en el territorio santafesino concentran menos de la mitad del pasivo de la compañía, pero según pudo constatar iProfesional son el bloque en el que más se ha hecho visible el daño financiero provocado por el default de Vicentin anunciado a fines del año pasado.

Son más de 2.600 los pequeños productores santafecinos perjudicados por el default de la cerealera, de acuerdo a un informe del estudio WH Correa y Asociados, con sede en Reconquista -donde funcionan los tribunales que entienden en la causa abierta a la agroexportadora-. Y la cifra impresiona más cuando se considera que casi la mitad de las ciudades del interior rural santafesino alberga al menos a una empresa afectada por el colapso comercial de Vicentin.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que reclama una deuda superior a los 120 millones de dólares, es uno de los actores más perjudicados, y uno sobre los cuales se deposita la expectativa de que puedan constituir la "alternativa superadora" para que las críticas al avance estatizador pueda mutar en un apoyo, luego de las protestas populares que sorprendieron al Gobierno.