El avance del Gobierno sobre la empresa Vicentin, primero con la intervención anunciada este lunes y luego con la eventual expropiación, que debe ser tratada en el Congreso, generó una resistencia mayor a la que Alberto Fernández parece haber previsto.

El rechazo de la oposición política, principalmente Juntos por el Cambio, era esperable. Lo mismo que las manifestaciones de la Sociedad Rural. Sin embargo, este miércoles la iniciativa estatizadora de Fernández recibió el embate de los industriales alimenticios mediante un duro comunicado de la Copal, a lo que durante la noche se sumó un fuerte cacerolazo de protesta que se hizo escuchar incluso en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto que se plantea como hostil a las medidas del Ejecutivo, crecen las versiones sobre una marcha atrás. Según trascendidos de fuentes cercanas a la Casa Rosada, por estas horas Alberto F. considera dejar sin efecto el proyecto de expropiación de Vicentin.

En cambio, sí mantendría la intervención en la empresa aquejada por deudas. De esta manera, intentería sanearla y, principalmente, evitar que quede en manos de inversores extranjeros.

Una señal de este nuevo camino es la reunión que el Presidente mantendrá mañana a las 18:00, cara a cara, con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentin.

Así lo revelaron durante la tarde de este miércoles las fuentes oficiales, aunque no brindaron mayores detalles. De allí surgirá la confirmación sobre el futuro de la empresa.

Fernández y Nardelli buscan una salida para Vicentin

La convocatoria presidencial se da en medio de un importante rechazo del arco político opositor y de gran parte del empresariado que exige al Ejecutivo que de marcha atrás.

En este contexto, el Presidente decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener este encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía.

Nardelli es uno de los principales directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma y fue quien mantuvo una conversación telefónica con el Jefe de Estado el martes por la noche.

Fue el propio Fernández el que reveló algunos detalles de la conversación con Nardelli y la calificó como una "muy buena charla".

El Presidente, a su vez, negó haber hablado con su antecesor, Mauricio Macri, sobre Vicentin, una empresa que adeuda u$s1.350 millones y a la que el Banco Nación le otorgó millonarios créditos que no se ajustarían a la capacidad de repago que tenía.

Fernández dijo que el martes lo llamó Nardelli y describió que mantuvieron una "muy buena charla".

"Le expliqué con mucha cordialidad: tengo la impresión de que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie", explicó el jefe de Estado.

Y señaló que el Gobierno sólo está buscando "rescatar" la compañía para que "siga siendo argentina", dado que por su crisis, sino, podría ser adquirida luego por muy poco dinero por un grupo extranjero.

Fernández y Kulfas junto a Delgado, el interventor designado en Vicentin.

"Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.

Y continuó: "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado apara hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó".

"Tuvimos una muy buena charla y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", dijo el Presidente.

En ese sentido, insistió con que "el Gobierno está tratando de rescatar una de las pocas cerealeras que existen en la Argentina.

"Son siete, y argentinas son tres, porque el resto son multinacionales. Y el mercado agrícola para nosotros es muy importante. Por lo tanto tenemos que preservar esta empresa para garantizar que haya una cerealera argentina operando en el mercado internacional", sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado se quejó de que a la forma de actuar del Gobierno ante el caso, la "están tratando como si fuera un hecho caprichoso de un presidente, y aquí estamos ante un caso de extrema gravedad".

"Yo no tengo ninguna vocación de que el Estado se ande quedando con las empresas de nadie", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que la intervención y el proceso de expropiación de Vicentin es para "proteger a los trabajadores y sostener a un factor importante de la economía nacional".

"Supongo que no habrá problemas en el Congreso con la expropiación", subrayó el ministro de Trabajo.

"El Gobierno está haciendo todo lo necesario en cada momento y vamos a seguir haciendo justamente eso: todo lo necesario en cada momento", enfatizó Moroni.

La crisis de Vicentin arrastra a más de 2.000 acreedores.

Rechazo de empresarios a la intervención de Vicentin

La polémica por la intervención y eventual expropiación de la cerealera Vicentin comienza a levantar temperatura. Este miércoles, la reacción llegó por parte de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que planteó severas críticas a la decisión del Gobierno nacional y advirtió sobre malos antecedentes para "la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad en el país".

En un breve pero contundente comunicado, la entidad empresaria presidida por Daniel Funes de Rioja subrayó su "profunda preocupación" por el decreto presidencial que dio pie a la intervención de Vicentin SAIC.

"Nuestra Entidad solo respalda aquellos procedimientos establecidos en el marco de la legalidad y el principio de división de poderes, y señala su desacuerdo por el impacto que este tipo de antecedentes genera respecto a la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad", señaló Copal.

En el texto difundido este jueves, los empresarios rechazan de plano la estatización y destacan el valor de su propia posición como empresarios privados.

"Creemos firmemente que es la empresa privada la que debe asumir la función productiva y que tal sector ha demostrado tener la capacidad de dar cumplimiento a aquella responsabilidad, a pesar de los problemas estructurales de nuestra economía y de la profundización de los mismos en el contexto actual -a causa de la pandemia mundial- demostrando una vez más, ser un sector con dinamismo y proyección de crecimiento", afirmó la entidad.

Copal también polemizó con el postulado de "soberanía alimentaria" que el presidente Alberto Fernández planteó como justificativo cuando realizó el anuncio de la intervención.

"La Industria de Alimentos y Bebidas de Argentina cumple con la definición de soberanía alimentaria y lo ha demostrado tanto abasteciendo al mercado interno como en su vigoroso rol exportador de productos alimenticios con valor agregado de gran potencial", enfatizó Copal.

"COPAL considera fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia que permitan al sector privado su contribución al desarrollo y a las nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable", concluye el comunicado.