Tras la polémica generada por la postura del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, el presidente Alberto Fernández instruyó a la representación ante la ONU que apoye "con fuerza" el informe realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en  Venezuela, así como también respaldará planteo para que se instale una misión permanente en Caracas para "encaminar soluciones apropiadas".   

"Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana", subrayó la Cancillería, de cara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Alberto Fernández instruyó a la representación ante la ONU que apoye "con fuerza" el informe de Bachelet

Un comunicado para aclarar la situación

A través de un comunicado y con el objetivo de revertir la postura que había planteado Raimundi días atrás en la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto anticipó que la Argentina "valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet".

"En ese marco, instamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes", remarcó el Palacio San Martín.

En ese sentido, la cartera conducida por Felipe Solá manifestó que la Argentina espera que se lleven adelante "investigaciones prontas" que sean "exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes" respecto a "las alegaciones de violaciones a los derechos humanos".

Bachelet presentó un duro informe sobre la situación en Venezuela

Además, el Gobierno anticipó que planteará ante el Consejo "la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas" ante la crisis venezolana.

"La Argentina contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada", añadió el texto oficial.   

Y agregó: "Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral".

La decisión del Gobierno de hacer pública la instrucción del jefe de Estado sobre la cuestión Venezuela se da luego de que el representante argentino ante la OEA afirmara que el país gobernado por Nicolás Maduro "ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo" y que "hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países", lo que había generado fuertes críticas de la oposición y de actores internacionales.

Sin embargo, tras la polémica Raimundi había denunciado una "operación de prensa" en su contra: "Hay un informe de Michelle Bachelet, que es un informe serio, hecho inclusive en el territorio, que expresa violaciones importantes a los derechos humanos. Y la Argentina no puede desconocer los hechos ni dejar de estar sumamente preocupada por eso".