"No gobierna pero vacuna": la chicana de la ex embajadora Alicia Castro trascendió por lejos la mera alusión al plan para suministrar masivamente la vacuna rusa contra el Covid y terminó siendo una síntesis perfecta de lo que ambos lados de la "grieta" sienten en este momento. Es decir, que Cristina Kirchner sigue siendo la figura central del escenario político nacional y que su influencia se nota en todos los planos, desde el sanitario hasta el dólar y desde la diplomacia hasta el funcionamiento del poder judicial.

Y lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia -que limitó a una presencia provisoria en sus cargos a los jueces que tienen a su cargo las causas por "corrupción K"- pareció confirmar esa sensación. Alarmados por lo que interpretan como una reedición del "vamos por todo", los opositores del ala más "anti K" decidieron devolver el golpe en forma de una nueva demostración masiva.

En realidad, lo que todo el mundo daba por descontado era que se esperara hasta el próximo feriado para convocar a una nueva movilización, dado que esa fue la tónica de todos los "banderazos" opositores durante el año. Sin embargo, el estado de la grieta en Argentina hace que la fecha del 23 de noviembre sea demasiado lejana como para poder esperar. Es por eso que ya se está organizando una manifestación para este mismo domingo.

La convocatoria al "8N" tuvo, como las anteriores, su origen en las redes sociales y no en las cúpulas partidarias. Y se está notando cierta preocupación entre los organizadores por el efecto decreciente de la protesta, en la medida en que se pierde el efecto sorpresa y las marchas empiezan a parecer calcadas una respecto de la anterior.

Es por eso que en la convocatoria hubo algunos cambios: ahora se les pide a los asistentes que concurran a pie. Quiere dejarse atrás la imagen de la caravana de automóviles y que la protesta tenga un aspecto más parecido a un acto político tradicional. Es así que se estableció una primera instancia de concentración en el obelisco a las 17 horas y luego otra en la Plaza de Mayo.

De momento, no se han difundido convocatorias a manifestar frente a la casa de Cristina Kirchner, algo que sí ocurrió en anteriores manifestaciones y que fue motivo de denuncias por incitación a la violencia.

Queda en claro que el temor a ser acusados de poner en riesgo la salud por la posibilidad de contagios en la aglomeración ya no funciona como disuasorio. Y, si bien hay apelaciones a mantener la "libertad responsable" por la vía de mantener la distancia social, lo cierto es que al tema principal de la convocatoria –la protesta por la situación de la justicia- se agregan las críticas al manejo de la situación sanitaria. Esto incluye el reclamo por el fin de las restricciones a las actividades comerciales y hasta un incipiente movimiento de resistencia a la aplicación obligatoria de la vacuna rusa.

Además, otras temáticas clásicas de convocatorias anteriores –como la denuncia por la ola delictiva o la denuncia por las propuestas que avanzan sobre la propiedad privada- han sido "renovadas" por hechos recientes de alto impacto, como la invasión al terreno de la familia Etchevehere en Entre Ríos. Y se nota entre los adherentes un deseo por expresar el rechazo al pago de subsidios como los entregados por la provincia de Buenos Aires a quienes tomaron el terreno de Guernica.

En definitiva, la agenda opositora de siempre, pero actualizada con los últimos hechos de la agenda nacional.

Fisura opositora por la presión de más confrontación

Como en ocasiones anteriores, la relación entre los convocantes y las cúpulas partidarias opositoras es ambigua. Hay algunas pocas figuras que adhieren sin medias tintas y que gozan del reconocimiento de los manifestantes, como Patricia Bullrich. Pero la ex ministro siempre aclara que su participación es a título personal y que no compromete al resto del PRO.

De esa forma, se evita poner en una situación incómoda a los opositores con responsabilidades de gobierno, empezando por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no ha participado en ninguno de los "banderazos" anteriores y que –salvo por el episodio del recorte de la coparticipación de impuestos- suele ser objeto de críticas por su supuesta "tibieza" ante las políticas del Gobierno.

Hay incluso críticas para una histórica adversaria del kirchnerismo, como Elisa Carrió, que en el último acto opositor del 12 de octubre prefirió mantenerse al margen e incluso dejó entrever que consideraba irresponsables a los dirigentes opositores que concurrieran.

Patricia Bullrich emerge como principal referente de la oposición "dura" y convocó a la marcha del "8N"

En cuanto al ex presidente Mauricio Macri, desde su regreso del exilio europeo ha reforzado su perfil de adhesión a la "línea dura" de la oposición. Lo hizo con una carta que elogiaba las marchas como demostración de que "en la Argentina emergió algo nuevo, ciudadanos movilizados y atentos que han ganado las calles".

Macri intentó de esa forma ratificar su vocación de liderazgo justo cuando empezaron a perfilarse conducciones alternativas en la oposición. Por eso consideró que los actuales banderazos son los herederos de las marchas del "Sí, se puede".

Además, en el último acto opositor aprovechó la ocasión para hacerla coincidir con su vuelta a los medios. Tras elogiar la marcha del 12 de octubre, a la que calificó como "la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro", concedió una serie de entrevistas televisivas, en las que marcó distancia, en una rara forma de "autocrítica", con el ala filoperonista de la coalición Cambiemos.

Lo cierto es que, ante el crecimiento de la indignación opositora no partidaria y autoconvocada por las redes, lo que se percibe es una mayor presión sobre los dirigentes, a quienes se les exige gestos más contundentes de confrontación con el Gobierno.

Son particularmente blanco de críticas los dirigentes de la cúpula de la Unión Cívica Radical, pero tampoco se salvan Rodríguez Larreta ni la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El Gobierno contraataca: lawfare otra vez en la agenda

En cuanto a la cuestión judicial, es el motivador principal de la marcha, al menos para la minoría más informada y más "intensa" en su militancia anti kirchnerista. Ya la iniciativa de la ley para reformar la justicia había sido un tema de crítica, y luego la preocupación se trasladó a la situación de los tres jueces cuestionados por haber sido trasladados por decreto.

Ese tema motivó protestas frente a Tribunales y, a fines de septiembre, la oposición tuvo su oportunidad para festejar, cuando la Corte Suprema aprobó el "per saltum" de los tres jueces cuestionados. En ese momento, la interpretación mayoritaria era que la Corte estaba avalando la permanencia de los magistrados en sus cargos, tanto que Elisa Carrió, con su característico tono místico, escribió: "¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!".

Pero el kirchnerismo advirtió que no estaba definida la pelea de fondo. Y el resultado de cuatro a uno que limita la permanencia de los jueces hasta el nombramiento de los "definitivos" fue leído unánimemente como una victoria política de Cristina Kirchner.

Es lo que, para los organizadores de la nueva jornada de protesta, justifica los eslóganes dramáticos, que apelan a la necesidad de "salvar a la República".

Y lo que hace que en la oposición haya discusiones sobre la mejor estrategia a adoptar. Así, Patricia Bullrich instó a los jueces a que no renuncien a sus cargos, de manera de no agravar la situación y poder avanzar con las causas en las que está procesada la ex mandataria.

Pero la renuncia fue una posibilidad que se insinuó en el pedido de licencia de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, disgustados por la decisión de la Corte que implicó, según sus propias palabras "un cambio sustancial y abrupto en el status quo jurídico" de la Cámara Federal y que los transforma "en un juez provisorio regido ya por un instituto sin género".

El hecho de que la Corte haya avalado traslados de jueces en numerosas ocasiones sin que en su momento se hubiese producido controversia es lo que lleva a los dirigentes opositores a argumentar que detrás de esta revisión está la intención de satisfacer una demanda de Cristina Kirchner.

Curiosamente, aunque en su reciente carta expresó su intención de mantener un segundo plano en lo político y alejarse de toda pretensión de influencia sobre el poder judicial, lo cierto es que la cuestión del "lawfare" volvió al centro del debate.

Y la primera prueba de ello la dio el propio Alberto Fernández, que coincidentemente con la decisión de la Corte reclamó que se le diera nuevo impulso en el Congreso a su propuesta para la reforma judicial.

Tras conocerse la decisión de la Corte que favorece la postura kirchnerista, Alberto Fernández retomó la ofensiva por el proyecto de reforma judicial

"Sigo esperando que la Cámara de diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal", dijo el Presidente, tras lo cual se activaron las negociaciones en la Cámara de Diputados para que el proyecto pueda llegar a debatirse en el recinto.

Ese hecho es todo un síntoma en sí mismo. Hasta hace apenas dos semanas, desde los propios medios afines al kirchnerismo se calificaba como un error de "timing" político haber impulsado una reforma que no se encontraba al tope de las preocupaciones sociales, justo en un momento en que la economía tambaleaba.

Y, de hecho, la turbulencia del dólar dejaba más en evidencia lo extemporáneo de plantear una reforma que nadie consideraba urgente. Ahora, sin embargo, hay una sensación de punto de inflexión.

El reimpulso a la reforma coincide no sólo con la decisión favorable de la Corte sino también con la tregua que consiguió Martín Guzmán en el mercado financiero. En definitiva, un cambio de humor social que en el Gobierno se interpreta como la oportunidad de retomar la iniciativa y "fijar agenda".

Lo que, en otras palabras, implica que están dadas las condiciones para otra profundización de la eterna grieta. Como lo demuestra el adelanto del banderazo para el "8N".