María Eugenia Vidal decidió pasar a la ofensiva en la campaña electoral y mostrar una agenda propia para cuando deba ocupar su banca de diputada opositora en el Congreso, pero se trata de una estrategia de doble filo, porque la expone a la situación de tener que explicar a su propio electorado un cambio de postura.

Sus dos caballitos de batalla serán la oposición a la suba de impuestos y la derogación de la ley de alquileres. Ambos temas sensibles al núcleo duro del votante macrista, que no ha visto con buenos ojos la negativa de la ex gobernadora a dar la pelea en la provincia de Buenos Aires y la ha endilgado el mote de "opositora light". La ex gobernadora está intentando revertir esa percepción, y por eso empieza a endurecer el discurso y a mostrarse en público junto a Mauricio Macri.

La primera acción es una estrategia de "espejo invertido" con Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Después de que la candidata peronista causara revuelo con su preanuncio de que buscará una "matriz impositiva progresiva" que implicará mayores niveles de impuestos a los sectores de ingresos altos, Vidal adoptó la actitud totalmente opuesta.

Es así que ya avisó: "Nos comprometemos a no subir ningún impuesto ni crear nuevos, tenemos que bajar y aliviar la carga impositiva porque eso frena la inversión y la generación de empleo genuino".

Y fue más específica al mencionar a los sectores más castigados por la pandemia, como restaurantes y hoteles, entre los que deberían recibir un alivio tributario inmediato.

De esa forma, buscó diferenciarse del oficialismo, que mantiene su mantra de que "los que más tienen, más pagan" y que las reformas deben continuar porque, según palabras de Tolosa Paz, "el fisco necesita recuperar capacidad para seguir redistribuyendo". Es por eso que se volvió a especular sobre aumentos en las alícuotas del Impuestos a los Bienes Personales, sobre nuevas subas de retenciones a la exportación agrícola y hasta se habló de una reedición del aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Este impuesto -teóricamente por única vez- a los grandes patrimonios ya lleva recaudados en el año unos $309.000 millones, una suma que equivale a más del 60% que entró por concepto de retenciones a la exportación agrícola, y es motivo de celebración en todos los actos oficialistas, donde se destaca las obras de urbanización que pudieron financiarse con ese ingreso.

Aunque no son competidoras directas, Vidal eligió a Victoria Tolosa Paz como adversaria, al criticar sus posturas para un incremento impositivo en los sectores de alto ingreso

Un nuevo caballito de batalla

Pero la ex gobernadora sabe que la sola promesa de oponerse a una ofensiva del peronismo para seguir aumentando impuestos no es suficiente. Tiene que mostrar, además, una iniciativa propia para generar un cambio en algún tema de alta sensibilidad.

Y lo encontró: decidió que, cuando sea diputada, se pondrá al hombro la derogación de la controvertida ley de alquileres.

"La ley fue un error que no ayudó ni al inquilino ni al propietario. Todo lo que pretendía mejorar, con buenas intenciones, volvió para atrás", declaró en una entrevista televisiva, y se apoyó en cifras concretas para fundamentar su argumento.

Dijo que antes de la ley, el alquiler representaba un tercio del salario de los inquilinos, mientras hoy subió a un 40%. La dirigente opositora sabe que su iniciativa tendrá amplio apoyo entre los propietarios y las inmobiliarias, que desde un principio se opusieron a la nueva normativa.

Pero también puede tener una buena receptividad entre los inquilinos, como lo demuestra el hecho de que Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, haya apoyado el regreso a contratos de dos años y aceptó que se pueda actualizar el precio mensualmente con un indexador, así como acelerar el proceso de desalojo y dar de baja la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la AFIP.

Hoy el consenso de los expertos inmobiliarios es que la ley de alquileres ha traído complicaciones tanto para el propietario como para el inquilino. Los precios de los contratos han tenido una suba de 64% en los últimos 12 meses, lo que implica un 9% de incremento en términos reales.

Pero esto, lejos de representar un atractivo de renta para los propietarios, es más bien un reflejo de sus temores. Las nuevas disposiciones sobre ajustes de contratos, que congelan los precios por un año y los indexan a la variación salarial, en un entorno de alta inflación, ha hecho que muchos propietarios decidieran sacar sus departamentos del mercado y ponerlos a la venta.

Los expertos afirman que también influyó el hecho de que se haya duplicado el tiempo estimado de desalojo de inquilinos morosos, lo cual incrementa la percepción de riesgo.

Esta situación lleva a una menor oferta para alquilar, al tiempo que hay una sobreabundancia de viviendas para la venta, en un momento de muy bajo nivel de operaciones. Es por esto que los precios no dejan de caer.

Las cotizaciones están mostrando rebajas de hasta 7% en términos interanuales, y se estima que los precios cayeron a sus niveles del año 2015. Además de la pérdida salarial originada en la pandemia y tres años seguidos de recesión, también hay una virtual desaparición del mercado de crédito para la clase media, lo cual torna más compleja la venta.

Advirtiendo el malestar generalizado, Vidal afirmó: "Yo voy a impulsar que se derogue, porque hoy están perdiendo todos. Si sobre el sistema anterior se pueden hacer mejoras, discutámoslas con los inquilinos y los propietarios, no creamos que sabemos más que ellos. Nosotros somos representantes de la gente".

Vidal eligió la ley de alquileres como blanco de sus críticas, pero deberá explicar el apoyo mayoritario de Cambiemos al polémico proyecto

El efecto boomerang de los alquileres

La estrategia de Vidal, sin embargo, no está exenta de riesgos. Concretamente, la ex gobernadora puede sufrir -y de hecho, ya empezó a sentirlo en las redes sociales- un "efecto boomerang" por sus declaraciones.

En cuanto a la ley de alquileres, el motivo es obvio: el proyecto nació de una propuesta de Cambiemos, y su principal impulsor fue el entonces diputado Daniel Lipovetzky, actualmente legislador provincial en Buenos Aires por el PRO.

El dirigente ha sido fustigado, sobre todo, por el propio sector político en el que milita. Ha llegado a ser objeto de ironías tales como la instauración de un "premio Lipovetzky a la incompetencia legislativa", organizado por la Fundación Apolo, una ONG que cuenta en su consejo directivo al ex ministro de cultura porteño Darío Lopérfido y al diputado macrista José Luis Patiño.

Sin embargo, Lipovetzky sigue defendiendo su iniciativa: "Lay ley no viene a regular precios, sino a evitar los abusos que vienen sufriendo los inquilinos hace treinta años", argumenta.

Pero el inconveniente para Vidal no es el hecho de que se fustigue a un dirigente del PRO a título personal, sino que la ley fue aprobada por una amplia mayoría. La votación en Diputados tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando Mauricio Macri todavía era presidente.

En aquella ocasión, el resultado de la votación fue abrumador: 191 afirmativos, ningún voto negativo y 24 abstenciones. En la sesión final hablaron expresamente en favor de la ley la radical Brenda Austin y el hoy radical (entonces del espacio Evolución) Martín Lousteau.

El proyecto terminó por convertirse en ley junio de 2020, ya en la actual gestión peronista, con la media sanción del Senado. En esa ocasión, el bloque de Juntos por el Cambio se retiró a la hora de votar, aunque aclaró que no lo hacía por oponerse a la ley de alquileres sino como protesta porque se incluían en el orden del día temas que no estaban vinculados con la pandemia.

Lo cierto es que a Vidal no le saldrá gratis sostener su iniciativa sobre la ley de alquileres, porque tendrá que dar explicaciones a la propia masa de votantes del macrismo sobre por qué en su momento se apoyó un proyecto que iba claramente en contra de la opinión de los propietarios e inversores inmobiliarios, sectores que tradicionalmente han sido aliados del macrismo.

Historial polémico con los impuestos

Pero, además, también en la argumentación impositiva se expone a que le recuerden su accionar en la gobernación bonaerense. De hecho, los funcionarios de la actual gestión de Axel Kicillof la acusaron de haber promovido un "impuestazo" por el revalúo de 2018 en el impuesto inmobiliario.

"Con Vidal teníamos una inflación de casi 30% y el aumento fue del 70%, fue desmesurado en relación a la inflación por lo que creemos que hay información tendenciosa", criticó la ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa García, en los primeros días de la nueva gestión, para comparar las políticas tributarias de ambos períodos.

Pero lo cierto es que aquella iniciativa había provocado críticas también de aliados del macrismo, como la Sociedad Rural. El entonces titular de la gremial agropecuaria, Daniel Pelegrina, había dicho que el incremento de Vidal generaba "enojo en un sector que se encuentra al límite de su capacidad contributiva" y que se sentía una variable de ajuste mientras no se recortaba "el gasto público improductivo".

Para compensar, Vidal tiene un punto a su favor en el debate sobre impuestos: en 2018 firmó un decreto para eliminar impuestos provinciales y municipales que se cobraban con las boletas de luz, gas y agua. En aquel momento, la entonces gobernadora había cuantificado el beneficio en un 15% para las facturas de luz y en 6% para las de gas y agua.