Tal vez Roberto Feletti nunca lo diga, pero no se necesita que haya una filtración periodística para saber que Cristina Kirchner sabía sobre su renuncia antes que el ministro Martín Guzmán y que el propio Alberto Fernández. La decisión del ex secretario de Comercio, lejos de ser una actitud personal, es apenas un eslabón más en la cadena de gestos que amplían la brecha interna del Gobierno.

Pero, en este caso, el mensaje político implícito en la renuncia es mucho más específico que el de otros momentos de debate interno. Ya no se trata de cuestionar genéricamente el "modelo" económico -que Cristina definió como "de exportación con bajos salarios"- ni de criticar en general al acuerdo con el FMI.

La renuncia de Feletti tiene un título inequívoco: para el kirchnerismo, llegó la hora de poner sobre la mesa la suba generalizada de retenciones a la exportación agrícola, y se debe hacer por decreto presidencial, porque no hay margen político como para que esa medida pueda ser aprobada en el Congreso.

Suba de retenciones, un reclamo constante de Feletti

La necesidad de subir las retenciones siempre había estado presente en las participaciones de Feletti, cada vez que explicaba por qué sus medidas de control de precios se revelaban insuficientes para bajar la inflación. El propio ex funcionario había relativizado la incidencia de sus medidas, cuando dejó su recordada frase: "milagros uno no hace".

En aquella ocasión, había reclamado por la implementación de una política económica coherente para atacar las causas de la inflación. Y nunca ocultó su divergencia de visiones con Guzmán: mientras el ministro admite sin pudor una mirada "ortodoxa" que vincula la inflación al déficit fiscal, la emisión monetaria y la inercia de la puja distributiva, Feletti repetía el argumento kirchnerista sobre los "grupos concentrados" que estaban abusando de su capacidad de formadores de precios. Desde esa óptica, Feletti remarcó el contraste entre erosión de los salarios por la ola inflacionaria, con las protestas de los productores rurales, a quienes calificó como "los que quieren comprarse más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen".

El renunciado secretario de comercio dejó en claro su divergencia con la visión fiscalista de Guzmán sobre la inflación.

Probablemente, el funcionario tuviera en mente, a la hora de hacer ese comentario, el evento ExpoAgro realizado en marzo, efusivamente celebrado por los organizadores, que dijeron que había sido la muestra récord, con negocios cerrados por u$s1.500 millones, desde ventas de tractores y sembradoras hasta remates de cabezas de ganado.

Pero mientras Guzmán, Kulfas y compañía tomaban esos datos positivos como argumento para defender su discurso de la reactivación de la economía, Feletti y los economistas afines al kirchnerismo ven algo diferente: la evidencia de que al Gobierno le falta voluntad política para avanzar sobre los sectores que tienen capacidad de renta como para hacer un aporte en una situación de emergencia. Y en la propia carta de renuncia de Feletti se repite el viejo diagnóstico: hay que buscar un "desacople" efectivo entre precios internos y externos, después del boom de las materias primas ocurrido en el mercado global como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El "desacople" de precios en el centro del debate

Lo cierto es que la renuncia de Feletti deja un mensaje inequívoco: no hay posibilidades de coordinar la política económica ni de cerrar la grieta interna mientras los funcionarios a cargo del equipo económico no reconozcan la necesidad de implementar las retenciones a la exportación agrícola.

La presión kirchnerista al respecto es de larga data. Se puede rastrear a inicios del año pasado, cuando la entonces diputada Fernanda Vallejos había levantado polvareda al hablar sobre "la desgracia de ser un país exportador de alimentos". En aquel momento no se sospechaba un conflicto bélico en Europa, pero ya quedaba claro que el mundo de la post pandemia cambiaría las condiciones del mercado de commodities, por ejemplo llevando la soja bien por encima de los u$s500, algo que no ocurría desde hacía una década.

El Gobierno sostuvo ese discurso a medias, implementando medidas sectoriales como el cupo a la exportación de maíz, seguido luego por un intento de generalizar a todo el campo el "modelo del aceite" en el cual se producía un mecanismo de subsidio cruzado entre los exportadores y los industrializadores del mercado doméstico.

Con la soja y demás commodities agrícolas llegando a precios récord, aumenta la presión interna en el Gobierno.

Finalmente, llegó la fase más controvertida del "desacople" de precios, con la restricción a la exportación de carne vacuna. Fue una medida que, como suele ocurrir, tuvo una primera fase "exitosa" y luego la revelación del fracaso. En agosto del año pasado, pleno cierre de la campaña electoral, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner se congratulaban de haber tomado la medida, porque se constataron caídas de precios en algunos cortes y un leve aumento del consumo.

Pero los expertos del sector argumentaban que esa caída obedecía a motivos estacionales y que, sobre fin de año, se vería la consecuencia real del cierre exportador: una falta de carne, originada en la conducta defensiva de los ganaderos que habían visto mermar su renta. Hace pocos días, el Gobierno recibió una de las peores noticias para una gestión peronista: las cámaras del sector confirmaban que, con apenas 47 kilos por habitante, el consumo había caído a un mínimo histórico, que ni siquiera se había registrado tras el colapso social de 2001.

Pero el kirchnerismo, lejos de amilanarse por estos datos, ha profundizado su ofensiva. Su argumento es que lo que lleva al fracaso de los controles de precios es la falta de medidas más de fondo. Y es, justamente, basado en ese precepto que desde el sector K se explica por qué el famoso fideicomiso para estabilizar el precio del trigo prácticamente no ha arrancado, en medio de acusaciones cruzadas sobre un boicot.

"!Retenciones ya!"

La insistencia por las retenciones tuvo un momento político destacado en el reciente discurso de Cristina Kirchner en Chaco, cuando se refirió al "tractorazo" de protesta de los productores. Ese día, en alusión a que algunos de los manifestantes exhibían ejemplares de la constitución nacional, dedicó una chicana: "Además de repartir constituciones, sería bueno que las leyeran". Y a continuación recitó el artículo cuarto, que es el que reserva para el Estado la potestad de establecer retenciones a la exportación.

Ese mismo punto había sido destacado desde hacía tiempo por economistas afines al kirchnerismo, como Guillermo Wierzba, que en un artículo publicado en "El cohete a la luna", el medio dirigido por Horacio Verbitsky, hizo una encendida defensa bajo el expresivo título "!Retenciones ya!".

Alberto Fernández ha mantenido una actitud sinuosa frente al campo: ahora se muestra proclive a las retenciones.

En ese texto, Wierzba recuerda que los derechos de exportación son constitucionales desde el siglo 19 y que "se convierten en una herramienta múltiple e indispensable para el desarrollo nacional, la sostenibilidad de un programa macroeconómico y la consecución de niveles crecientes de justicia social". Es decir, exactamente el argumento que defendió Cristina Kirchner en su discurso de Chaco.

Wierzba -que forma parte del directorio de Banco Nación y protagonizó un comentado contrapunto con el senador Martín Lousteau por el proyecto sobre la repatriación de capitales "fugados" fue uno de los que llevó más lejos la argumentación por las retenciones. No sólo afirma que en todas las situaciones históricas en que se las aplicó se logró con éxito el objetivo del "desacople" sino que argumenta por qué, en contra de lo que argumentan las gremiales del campo, sí existe margen para una suba de retenciones.

Hace una comparación con el año 2007 -cuando ante otra ola de suba de materias primas se produjo el conflicto de "la 125"- y recuerda que pese a que la soja es hoy un 39% más alta en dólares, el nivel de retenciones es dos puntos más bajo. Más marcada es la comparación en el caso del maíz, cuyo precio es hoy un 72% más alto, pero el nivel de retención es de 12 puntos, contra los 25 que se aplicaban entonces.

Alberto zigzaguea y el kirchnerismo quiere un decreto

Ante esa discusión interna, el Presidente ha adoptado una actitud zigzagueante, en la que por momentos aparece dispuesto a aplicar retenciones y en otros momentos lo descarta de plano.

Ya cuando, sobre fines del año pasado, se produjo el recambio de gabinete y se incorporó Julián Domínguez como ministro de Agricultura y Ganadería, se envió un mensaje de paz hacia los productores. Domínguez, que ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Cristina, venía con antecedentes de ser un conocedor del sector y de tener buena capacidad de diálogo.

Pero, sobre todo, desde el momento en que asumió, hizo suyo el discurso de los gobernadores de las provincias agropecuarias, que reclamaban que la exportación fuera un motor de desarrollo económico y que no fuera demonizada como una fuerza contraria a los postulados peronista de la distribución de renta.

Las retensiones siguen en el centro del debate en el Frente de Todos.

No extrañó, por lo tanto, que el propio Domínguez se encargara, el pasado viernes, de despejar las dudas y rumores que se habían generado tras la entrevista radial en la que Alberto Fernández había insinuado que no era por falta de convicción que no subía las retenciones sino por falta de apoyo político.

Pero cuando parecía que Domínguez había aclarado lo que había sido un malentendido, el propio Presidente volvió sobre el tema, al desafiar a la oposición a que propusiera una alternativa mejor que las retenciones para evitar el fenómeno de la "inflación importada".

El mensaje de Alberto Fernández empezaba a quedar más claro: no quería repetir su error de cálculo del caso Vicentin, cuando lo que parecía una medida en defensa de pequeños productores fue vista como una amenaza al estilo de vida de la clase media rural. "Necesito una ley", fue la frase del Presidente, dirigida hacia ambos lados del arco político.

Y la renuncia de Feletti aparece como una respuesta contundente: desde el punto de vista del kirchnerismo, es obvio que no hay condiciones políticas como para buscar un consenso nacional en torno a las retenciones: Juntos por el Cambio, que está decididamente jugado a asimilar a "la pampa gringa" como ejemplo de su proyecto de país, no aceptará jamás una medida que pueda generar rechazo en el campo.

Para el kirchnerismo, entonces, Alberto Fernández tiene que definirse en una coyuntura de hierro: o seguir intentando un camino moderado y aceptar el costo de que la inflación siga deteriorando el salario; o aumentar las retenciones por decreto y apostar a que esa jugada hará que el peronismo en pleno, más el sindicalismo y el movimiento piquetero lo respalden en la calle.

El diagnóstico de Cristina llegó en un trámite exprés: Feletti batió un récord de tiempo mínimo de permanencia bajo la órbita del ministerio de economía. Más claro, imposible.