Mientras el Gobierno adopta sanciones contra Edesur por los múltiples cortes del suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el Senado se presentó un proyecto de ley que propone reducir la tarifa eléctrica para usuarios residenciales y comerciales mediante la reducción del IVA y la prohibición del cobro de tasas y cargos extra, entre otros cambios.

La iniciativa fue presentada por el senador entrerriano del Frente de Todos Edgardo Kueider, quien afirmó que "el objetivo es atacar el problema del alto costo que los vecinos pagan por este servicio, modificando leyes de fondo que perjudican a las familias y a usuarios comerciales, industriales y pymes".

El proyecto tiene dos ejes centrales. Uno es la parte impositiva, enfocada principalmente en un recorte a más de la mitad de la alícuota que se cobra en las facturas en concepto de IVA, y el otro es el aumento de las regalías que perciben las provincias productoras de energía con el fin de que esa suba se destine a la "reducción del costo de la tarifa eléctrica".

Con ese mismo objetivo, según destacó Kueider, el proyecto impulsa el aumento del precio que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) le paga a la represa Salto Grande -que se divide entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones- y que la mitad de lo recaudado por ese aumento se destine "a la disminución del importe del costo final de servicio".

¿Qué dice el proyecto para reducir la tarifa eléctrica en casas y comercios?

El proyecto que está en el Senado propone reducir del 21 al 5% el IVA en la tarifa eléctrica para los domicilios particulares y consumo familiar, mediante una modificación a la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

La alícuota general es del 21% pero esa ley establece porcentajes diferenciales para distintos sectores y actividades. Apoyada en esto, la iniciativa propone incorporar a esta norma un párrafo que establece que "la alícuota será del 5% para las ventas de electricidad siempre que la demanda sea residencial".

La iniciativa propone reducir al 5% el IVA en las tarifas para usuarios residenciales

Por otra parte, la ley del IVA establece que la alícuota es del 27% para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor cuando la prestación sea "fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda", lo que abarca a los usuarios comerciales con algunas excepciones.

El proyecto de Kueider también propone un cambio en ese sentido y propone que la alícuota sea del 10,5% en las tarifas de "usuarios comerciales, industriales y pymes", mediante la incorporación de "las ventas y prestaciones de servicios de electricidad" a la lista de sectores alcanzados por la reducción del 50% del IVA que establece la ley.

Otro de los puntos clave con los que el proyecto intenta reducir la tarifa eléctrica es la prohibición para que las distribuidoras energéticas cobren cargos extras como "tasas y contribuciones" que, según subrayó el senador entrerriano, "encarecen el precio final de la boleta de luz".

Aumento de las regalías para las provincias: ¿puede influir en el costo?

Por otra parte, la iniciativa de Kueider propone un fuerte aumento de las regalías que cobran las provincias productoras de energía con el fin, según señaló, de que esa proporción se utilice para reducir el costo de la tarifa en esos distritos.

Actualmente, la Ley de Energía Eléctrica (15.336) señala que las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas perciben mensualmente "el 12% del importe que resulte de aplicar a la energía vendida a los centros de consumo, la tarifa correspondiente a la venta en bloque". El proyecto eleva ese porcentaje al 20%.

Además, establece que las regalías "podrán percibirse en especie -energía eléctrica-, a opción de cada jurisdicción, y serán afectadas en su totalidad a reducir el costo de la tarifa eléctrica a consumidores finales dentro de la provincia".

La iniciativa prohíbe a las distribuidoras cobrar tasas y contribuciones

¿Tarifas diferenciales?: la "federalización" de costos y el "Factor K"

El proyecto de Kueider incluye un capítulo para establecer un "precio estacional diferenciado" con el cual apunta, según señaló, a una "federalización de los costos de transporte y distribución de la energía" para "evitar distorsiones como que Buenos Aires pague menos que el resto de las provincias".

Al respecto, la iniciativa señala que el precio estacional que aprueba trimestralmente la Secretaría de Energía a propuesta de CAMMESA y que rige para la compra de energía en el mercado mayorista de los agentes distribuidores tendrá que estar determinado "por un Factor K que tenga en cuenta las características de los mercados eléctricos en cada una de las jurisdicciones del país".

Ese "Factor K" deberá calcularse en base a una serie de variables y parámetros tales como el "área abastecida, cantidad de usuarios, energía consumida, longitud de las líneas eléctricas y otros que resulten representativos del servicio que se brinda".

Todos esos parámetros varían entre una provincia y la otra, especialmente en lo que refiere a la cantidad de usuarios y a la longitud de las líneas eléctricas. Por esa razón, el proyecto establece que el "Factor K será determinado por jurisdicción" a la vez que "afectará al precio estacional".

El conflicto con Edesur

Si bien el proyecto de Kueider no guarda relación directa con la pelea que se da entre el Gobierno y la empresa Edesur, su presentación se dio en un contexto cruzado por los prolongados y múltiples cortes del suministro de electricidad por el cual varios usuarios exigen resarcimientos económicos y el Ejecutivo nacional intenta apoyar ese reclamo.

Además de tener en evaluación la intervención de la empresa, el Gobierno le aplicó a la compañía una multa de $1.000 millones y anunció la obligará a devolver la totalidad de la factura del último mes a los usuarios que hayan sufrido cortes superiores al promedio establecido en el contrato.

El proyecto fue presentado en el Senado por el entrerriano Edgardo Kueider

Por otra parte, la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón le informó a Edesur el envío de veedores por parte del Gobierno para auditar el cumplimiento del régimen de inversiones y del tiempo de respuesta a los usuarios, así como la calidad del servicio.

El último jueves, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, fue consultada por la posibilidad de una expropiación de la empresa y respondió que "el Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de Edesur", al tiempo que indicó que "no hay crisis energética en el país porque el problema es de una sola empresa".