Muy pocas ideas en común tienen actualmente el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional; incluso, esos desencuentros se ven reflejados en la parálisis legislativa del último año, en donde el número de sesiones fue uno de los más bajos e improductivos de la década. Sin embargo, hay un punto en el cual el Frente de Todos y Juntos por el Cambio coinciden y es en la creación de un Código de Defensa al Consumidor.

Si bien los pedidos ingresaron por separado, el FDT y JxC apuntan a un mismo fin: dar soluciones efectivas para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales. Por un lado, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FDT) presentó el Proyecto de Ley de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, solicitud que hizo de manera formal en el Congreso junto al secretario de comercio Matías Tombolini.

Por otro lado, la diputada Jimena Latorrre (JxC) reingresó al Congreso un proyecto de ley para la creación del Código de Defensa al Consumidor, texto que ya había sido presentado en el 2020.

Frente de Todos y Juntos por el Cambio proponen crear un Código de Defensa al Consumidor

Aunque Sagasti y Latorre están en las antípodas ideológicamente hablando, ambas legisladoras coinciden en sus proyectos que es necesario la creación de un Código que establezca nuevos sistemas para ayudar jurídicamente a consumidores perjudicados. No obstante, la diputada Latorre disparó contra el oficialismo al volver a presentar su proyecto en el Congreso.

"En 2020 acompañé a Alfredo Cornejo en la presentación del Proyecto de Código de Defensa al Consumidor que hoy vuelvo a presentar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para los y las que carecen de memoria y parecen no recordar que durante 3 años han obstaculizado su tratamiento desde su bancada. Los únicos que se oponían son los que hoy vuelven a la carga con el quiosquito propio", dijo Latorre en referencia a la presentación del proyecto de Fernández Sagasti, que realizó el último jueves en el Senado con el respaldo no solo de Tombolini, sino de asociaciones de usuarios y consumidores de todo el país, profesionales y referentes de la comunidad académica y colegios de profesionales.

"Estamos proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena. Hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria", argumentó Fernández Sagasti al presentar la iniciativa a los medios.

Anabel Fernández Sagasti y Jimena Latorre presentaron proyectos similares en el Congreso.

¿Qué propone el proyecto del Gobierno?

El proyecto oficialista es extenso. El texto que ingresó Fernández Sagasti al Congreso consta de 648 artículos detallados y fundamentados en 420 páginas. Para la senadora cercana a CFK, es necesario actualizar y ampliar la defensa de consumidores y usuarios a los tiempos que corren, y sobre todo, "a las situaciones que enfrentan miles de argentinos a la hora de reclamar por un electrodoméstico fallado, un servicio mal prestado o hasta la vida útil de un producto".

"Artículo 1 ° .- Objeto y fin. El presente Código tiene por objeto la protección de las y los consumidores y usuarios en forma individual y colectiva, fijando las bases legales para el efectivo goce y ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, en los tratados e instrumentos de derechos humanos, y en las demás leyes y normas generales y especiales de aplicación a las relaciones de consumo. Las reglas y principios, las políticas públicas, los institutos, los procesos judiciales y los procedimientos administrativos aquí establecidos, deben ser desarrollados, implementados, aplicados e interpretados siempre de la forma que mejor conduzca a la realización del objeto y fin de este Código", reza el primer artículo del texto oficialista.

En ese sentido, la legisladora del oficialismo describió que su propuesta ofrece un conjunto de "soluciones efectivas" para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales, argumentando su proyecto basado en datos y estudios concretos.

En ese orden, y según la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor los rubros que lideran la lista de reclamos son:

• Servicios financieros y seguros (34,8%)
• Telecomunicaciones (29,5%)
• Electrodomésticos (12,8%)
• Rodados y automotores (11,6%)
• Y servicios de administración de pagos (11,3%).

A su vez, los datos describen que, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las tres provincias que reúnen mayor cantidad de reclamos son Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Con estos números, el oficialismo impulsa su propuesta, la que además aclara que tiene una perspectiva federal, por lo que la senadora ultra K habló de la transversalidad del alcance de la propuesta y dijo que es importante "que estos derechos sean garantizados no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en cada una de las provincias del país".

Por otro lado, el proyecto cuenta con un apartado que busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero, y en esa línea el oficialismo consideró que su proyecto busca "aliviar la angustia de muchas familias argentinas que caen en estafas y abusos con tasas desorbitantes".

Asimismo, el FDT explicó que el proyecto de Ley impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, "junto con la verdadera durabilidad de los productos". El texto oficialista también se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.

Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.

"... Es necesaria la intervención del Estado para hacer lo que hizo siempre el peronismo: emparejar la cancha. Y eso implica muchas veces tocar los intereses de los sectores concentrados. Entonces, cuando aparecen herramientas que le dan al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores es algo que debemos celebrar", agregó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, en su visita al Congreso Nacional para acompañar la presentación del proyecto oficialista.

En su artículo 8, el proyecto establece los principios de dicho Código respecto a la protección de las y los consumidores y su sistema de normas, estableciendo los siguientes: principio de progresividad y no regresión, principio de acceso al consumo, de protección de los intereses económicos, de acceso a la información, de transparencia y aplicabilidad de las tecnologías y los algoritmos, principio de consumo sustentable, de protección específica a personas con vulnerabilidad agravada, de prevención de riesgos y daños, principio antidiscriminatorio, entre otros.

Un nuevo código de defensa al consumidor traería beneficios al recibir un producto con fallas o servicio mal prestado.

Entre otros puntos relevantes, el texto menciona en su artículo 9 los derechos de los consumidores, entre los que destacan:

• A obtener educación e información para adoptar decisiones adecuadas a sus intereses y apropiadas para la satisfacción de sus reales necesidades, así como asesoramiento y asistencia de parte de las autoridades;
• A la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a tarifas justas, razonables y asequibles;
• A acceder a bienes y servicios esenciales, en especial aquellos relacionados con la salud de las personas y las necesarias para gozar o alcanzar condiciones dignas de vida y de desarrollo personal y familiar;
• A acceder a información veraz, objetiva, oportuna, detallada, gratuita y adecuada a las circunstancias del caso, respecto de todo lo relacionado con el desarrollo, elaboración, utilidad, características, salubridad, seguridad y condiciones de comercialización de bienes y servicios.
• A la libertad de elección y a la protección de sus intereses económicos, en particular contra las cláusulas abusivas, las prácticas comerciales coercitivas, engañosas o abusivas, y cualquier otra contraria a la transparencia, a la lealtad comercial o la libre competencia;
• A acceder a procedimientos judiciales y administrativos, individuales y colectivos, eficaces, rápidos y gratuitos para la prevención y solución de conflictos;
• A obtener una indemnización integral, adecuada y equivalente a los perjuicios efectivamente sufridos en las relaciones de consumo que contemple la reparación de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, ya sea en forma individual o colectiva.

Para el oficialismo, la presentación y la puesta en debate de este proyecto "es un hito importante, porque de una vez por todas los usuarios y consumidores vamos a tener una herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho con la protección del orden público, sin ningún tipo de interpretación por parte de funcionarios o por parte de aquellos que nos proveen los productos y los servicios a cada una de las familias argentinas", sentenciaron.

Defensa al consumidor: el proyecto de la oposición

Por otro lado, la propuesta de Juntos por el Cambio consta de 186 artículos, detallados y argumentados a lo largo de 76 páginas. Si bien el proyecto es impulsado por Jimena Latorre, cuenta con las firmas de un grupo de diputados de la oposición, como: Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Ximena Garcia; Gabriela Lena; Juan Martin; Fabio Quetglas; Soledad Carrizo; entre otros.

"Con esta propuesta, se amplía la noción de relación de consumo y en su aplicación práctica significa más consumidores y usuarios amparados por la norma", argumenta JxC en su propuesta, y en esa línea explicó que el texto "tiende a la jerarquización" de los siguientes principios:

• Orden Público
• Principio protectorio
• Situaciones de Hiper vulnerabilidad
• Acceso al consumo
• Transparencia en los mercados
• Consumo sustentable
• Respeto de la dignidad de la persona humana
• Principio antidiscriminatorio
• Progresividad y no regresión
• Principio de prevención de riesgos
• Y principio de precaución.

"La conveniencia de esta jerarquización de principios radica en que la norma regula una situación concreta, pero el paso del tiempo y la evolución social pueden generar vacíos normativos. En cambio cualquier situación aún no reglada puede resolverse por aplicación de los principios", fundamentan los opositores en su proyecto de ley.

"Art. 1. El presente Código tiene por objeto la protección del consumidor. La relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Tiene como fuente un hecho o acto jurídico, unilateral o bilateral, una práctica o una técnica de marketing. Puede resultar de la tipificación legal, de la voluntad individual, o inferirse a través de la interpretación judicial", cita el texto, que describe además, en sus artículos 6 y 7 los derechos y deberes de los consumidores, resaltando lo siguiente:

"Art. 6. Derechos del Consumidor. Los consumidores gozan de los derechos que establecen la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de los que la Argentina es parte, y en particular las Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos y las leyes.

Art. 7. Deberes de actuación. Los proveedores y los consumidores deben actuar de buena fe y ejercer de manera regular sus derechos, antes, durante y con posterioridad a la relación de consumo".

Por otro lado, la oposición explicó que la iniciativa busca regular los estándares de contratación en el comercio electrónico, "garantizando un grado de protección que nunca será inferior al de la contratación entre presentes".

En tanto, sobre el crédito al consumo, el texto establece la presunción de contrato de Crédito. Recepta el principio de préstamo responsable, imponiendo al proveedor o intermediario del crédito que haya obrado en infracción al principio, los riesgos y costos de la financiación. También establecen políticas de protección del consumidor en el mercado de crédito y programas especiales para colectivos con hiper vulnerabilidad.

A su vez, el texto opositor conceptualiza y regula el sobreendeudamiento del consumidor, situación caracterizada por la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales. "Esta nueva figura resulta de suma importancia en el crítico momento que atraviesa la economía de un gran número de consumidores argentinos", consideró la autora de la iniciativa, Jimena Latorre.

Por último, el proyecto de JxC también impulsa la creación del Consejo Federal de Consumo (CO.FE.DEC.) cuya finalidad es el análisis e intercambio de información entre sus miembros, relacionada con la protección del consumidor en las Provincias, Regiones y Ciudad de Buenos Aires.