Un cúmulo de reformas sobre áreas estratégicas, dolarización y eliminación de varios impuestos son parte de los planes de Javier Milei en caso de un eventual gobierno. Sin embargo, casi en su mayoría, las propuestas del líder por La Libertad Avanza (LLA) requieren de leyes del Congreso, donde, si se dan en las elecciones de octubre resultados similares a los obtenidos en las PASO, ingresarán varios legisladores de su espacio, pero serán una minoría significativa en ambas cámaras.

De acuerdo a las proyecciones, LLA podría llegar a un bloque de 40 diputados, a 89 de los 129 que se requieren para el quórum, y a 8 senadores, 29 por debajo de los 37 necesarios para abrir una reunión en el recinto.  

Si se mantuviera en la firme postura de no negociar y acordar con la "casta", sumado a que es difícil pensar que el resto de las fuerzas apoyen sus ideas más duras, el libertario encontraría una traba complicada y la solución vía decreto o plebiscito -como desafía reiteradamente- tampoco sería garantía.

El Congreso: el principal obstáculo para un eventual gobierno de Milei

Son 32 los incisos del artículo 75 de la Constitución Nacional que determinan las amplísimas atribuciones con las que cuenta el Poder Legislativo, entre ellas la facultad de "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras", en relación a un posible proceso de dolarizar la economía.

Pero además de ello, el Congreso es el que todos los años debe aprobar o rechazar los presupuestos enviados por el Poder Ejecutivo, donde se traza el plan de gobierno a través de la administración de los gastos y recursos. La "eliminación de gastos improductivos" y la "optimización y achicamiento del Estado", como propone, deberían ser analizados por el Parlamento. Así también eventuales privatizaciones de empresas públicas.

Más allá de las opiniones de Milei sobre portación de armas, venta de órganos y aborto legal, ítems que no se mencionan puntualmente en su plataforma electoral, en ese documento sí se habla de una reforma tributaria y eliminación de varios impuestos; reducción de la edad de imputabilidad; impulsar el tratamiento de proyectos para eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas; una nueva Ley de Seguridad Nacional; una nueva Ley de Contrato de Trabajo y la eliminación de la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral, entre otras numerosas medidas que deben ser por ley.

Si fuera presidente, Milei asegura que implementaría sus reformas mediantes DNU, consulta popular o plebiscito.

Además, ciertas iniciativas que plantea sobre educación y salud podrían colisionar con la autonomía provincial que existe en el país.

¿Qué no se puede hacer a través de un DNU?

"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia", reza el inciso 3 del artículo 99 de la Carta Magna en relación al presidente de la Nación y, seguidamente, menciona a la Bicameral Permanente del Congreso que debe revisar estas decisiones.

En el caso hipotético de un gobierno de LLA, y frente a temas polémicos, la oposición -que estaría en superioridad numérica- podría rechazar los decretos, primero con un dictamen de comisión y luego en los recintos. Cabe aclarar que, para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

Uno de los primeros DNU que todo gobierno flamante dicta, y tradicionalmente se avala, es el que modifica la Ley de Ministerios. No obstante, el candidato libertario ya ha dicho que de los 18 actuales pasaría a tener 8, generando críticas por la eliminación de carteras sensibles como Desarrollo Social, Educación y Salud, por ejemplo.

La bicameral no sólo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.

Someter todo a plebiscito: cómo es el proceso

En varias entrevistas, ante la consulta de qué hará si en el Congreso no le aprueban sus proyectos, Milei dijo estar dispuesto a llamar a plebiscito para que la ciudadanía se exprese a favor o en contra y, de esa manera, presionar a los legisladores.

Milei deberá enviar su DNU para bajar la cantidad de ministerios a 8, algo que probablemente no caiga bien en el Congreso.

A pesar de que el artículo 40 de la Constitución Nacional señala que, en el caso de consulta popular, "el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática", hay un paso anterior que es el del llamado a ese referéndum. Y allí es donde ingresa nuevamente el rol del Poder Legislativo.

De acuerdo a la Ley 25.432, que regula la consulta popular, en el caso de que sea vinculante, la convocatoria deberá ser por una ley a tratarse "en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las Cámaras".

A una consulta popular no vinculante puede convocar tanto el Legislativo como el Ejecutivo, pero en ese caso el voto de la ciudadanía no será obligatorio. Aún así, si la mayoría se impusiera a favor de uno de los planes de Milei, éste no se convertiría automáticamente en ley -como en el caso de la vinculante-, sino que debería ser "tratado por el Congreso de la Nación". Por lo tanto, también existiría la posibilidad de fracasar por ese camino.

En suma, el Poder Legislativo, al que Milei ha utilizado como trampolín para su candidatura pero ha denostado constantemente, podría volverse un escollo, siempre y cuando mantenga su dura postura e ideas que no comparten la mayoría de los que forman parte de la casa democrática argentina.