Milei incluyó en el temario de extraordinarias la ley para "blindar" el equilibrio fiscal: de qué se trata

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso y confirmó que la lista de temas será la que ya se preveía, con el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el proyecto sobre el "dólar colchón" entre las prioridades, pero como novedad agregó la iniciativa con la que busca "blindar" el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

Se trata de un proyecto que presentó por cadena nacional en septiembre pasado, cuando la oposición avanzaba aprobaba en el Congreso leyes para asegurar el financiamiento de las universidades, la salud pediátrica (Hospital Garrahan) y el área de discapacidad, entre otras, todas rechazadas por el Gobierno con el argumento de que no definían de dónde saldrían los recursos.

En ese marco Milei presentó este proyecto de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", cuyo punto más llamativo es la idea de establecer penas de prisión a cualquier funcionario público que avance con leyes o resoluciones que aumenten los gastos previstos en el Presupuesto nacional sin acreditar los recursos para su financiamiento.

Sin embargo, entre la pérdida de control sobre la agenda parlamentaria que sufrió La Libertad Avanza en ese momento y la tensa campaña electoral, el proyecto quedó dormido en la Cámara de Diputados. Ahora, con su tropa parlamentaria más fortalecida, Milei intenta reflotar ese debate en las extraordinarias y en medio del tratamiento del Presupuesto 2026, algo que no parece casual.

¿Qué dice el proyecto de blindaje fiscal que Javier Milei incluyó en el temario de extraordinarias?

El primer capítulo del proyecto fija el carácter de "blindaje" que quiere darle el Gobierno a la política fiscal. El artículo 1 señala que "el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario" y que "queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

Seguidamente, establece un mecanismo de ajuste según el cual la Jefatura de Gabinete podrá adoptar las "medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio" si "durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°".

"Las decisiones de adecuación o reducción de partidas se adoptarán, en primer lugar, respecto de aquellas que no estén sujetas por ley a un monto mínimo de ejecución, y únicamente, de resultar estas insuficientes, podrán extenderse a las demás partidas, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuesto General y en las normas vigentes", agrega el proyecto.

Además, señala que todos los gastos que realice el Sector Público Nacional "deberán estar previstos y autorizados en la ley de presupuesto general, con excepción de aquellos comprendidos" en el inciso b) del artículo 8º de la Ley de Administración Financiera (24.156), esto es las empresas públicas y las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado.

Las reglas que Milei quiere fijarle al Congreso, en pleno debate sobre el Presupuesto

El proyecto busca fijar también una "disciplina presupuestaria" para el Congreso, algo que sin duda generará cortocircuitos y debate sobre la separación de poderes si el tema llega a debatirse en las comisiones y el recinto de Diputados.

Una de las reglas que propone es que "toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados" en el Presupuesto empezará a regir "una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente". La única excepción serán las leyes que garanticen su financiamiento con la asignación de recursos concretos pero "sin afectar el resultado financiero equilibrado o superavitario".

También señala que todo proyecto de ley que implique "erogaciones de cualquier naturaleza, origine o modifique gastos" tendrá que contar como "requisito previo para su tratamiento en comisiones" un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo.

Pero además, el Gobierno incluyó una autorregulación al establecer que ningún funcionario podrá asumir compromisos que no se encuentren autorizados en la ley de presupuesto y que el Poder Ejecutivo "deberá abstenerse de solicitar al Banco Central adelantos transitorios con el objeto de financiar el gasto primario".

Las duras penas que propone para legisladores y funcionarios y el "cepo" al BCRA 

No obstante, el capítulo más fuerte del proyecto es el que propone agregar un artículo al Código Penal que establece pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para el funcionario público que "dictare, aprobare, autorizare o ejecutare normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto" sin contar con los recursos acreditados para su financiamiento.

La pena es aún más dura frente a la emisión monetaria. El proyecto señala que "será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena el funcionario público del Banco Central que ordenare, autorizare o ejecutare la emisión de moneda de curso legal en violación a las prohibiciones y reglas establecidas en su Carta Orgánica".

Con esto Milei busca fijar un límite rígido para el gasto público, donde el Gobierno y el Congreso se vuelven co responsables de que ninguna ley o medida implique el mínimo punto de déficit fiscal bajo el riesgo de condenas a prisión para los funcionarios, y una barrera aún más dura para el Banco Central.

El camino de las extraordinarias

El decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso se publicará en el Boletín Oficial el martes -primer día hábil de la semana próxima- y fija un plazo que va del 10 al 30 de diciembre. No obstante, tanto en Casa Rosada como en el Congreso coinciden en señalar que habrá otro llamado para la segunda mitad de enero y hasta febrero.

La lista de temas, según reveló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contiene además el Presupuesto 2026; la ley de "Inocencia Fiscal", más conocida por el "plan dólar colchón"; el proyecto de "modernización laboral"; la reforma del Código Penal y la "adecuación" de la Ley de Glaciares, un tema reclamado por varios gobernadores.

La Casa Rosada confía en que tendrá el apoyo necesario de los gobernadores y sus legisladores para aprobar parte del paquete antes de fin de año. En esa meta -ambiciosa por la interrupción de las fiestas el 24 y 25 de diciembre- está el Presupuesto, la ley de "inocencia fiscal" y posiblemente también la reforma de Glaciares, según anticiparon a iProfesional fuentes parlamentarias del oficialismo.

Si todo se diera como espera la tropa de Milei y no surgieran trabas inesperadas en el debate, Diputados podría aprobar el Presupuesto en la semana del 15 de diciembre para girarlo de forma inmediata al Senado, donde aspiran a dejar sancionada la ley para el 30. Todo es tentativo, porque el tiempo es ajustado. Por caso, juntar senadores en los días previos al Año Nuevo, cuando escasean los pasajes para que vuelvan a sus provincias, será uno de los desafíos.

En la carrera contra el tiempo, la idea del oficialismo y sus aliados en Diputados es que junto al Presupuesto se trate el proyecto que busca dar garantías legales a los ahorristas para que saquen los dólares que tienen guardados "en el colchón".

En ese marco, pocos en el Congreso creen que el proyecto de reforma laboral, que contempla una flexibilización de contrataciones y despidos y cambios en salarios, vacaciones, horas extra e indemnizaciones -entre otros- pueda sancionarse con fuerza de ley este año. Tanto en el oficialismo como en la oposición apuntan a febrero para dar este debate en profundidad.

La carga que ya presenta la agenda de Javier Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso suma ahora también el proyecto con el que busca "blindar" el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, cuyo texto no augura un debate mucho más sencillo que el del Presupuesto o la reforma laboral.