La bomba que detonó el diálogo con la CGT: por la reforma laboral, obras sociales sindicales perderán $90.000 M

Entre los múltiples conflictos laborales que plantea, el gobierno de Javier Milei introdujo en la reforma laboral que envió al Senado un compendio de "bombas molotov" contra las obras sociales, los jubilados y el propio fisco, cuyos cálculos están haciendo en este momento en la CGT, todas las centrales obreras y en la bancada de Unión por la Patria, como para juntar aliados en contra de le iniciativa.

Según confiaron a iProfesional altas fuentes de la CGT que dirigen Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, la reducción de 6 a 5% en los aportes patronales de los empleadores a las obras sociales implica una quita de $90.000 millones al sistema de salud sindical.

"Ese es un ataque directo a las obras sociales sindicales", confió a iProfesional uno de los popes de la CGT. "Con esto quieren desfinanciarlas para luego intervenirlas", señaló uno de los senadores de Unión por la Patria. En esta ley, la motosierra se aplicaría sobre la salud de trabajadores.

De todos modos, en el bloque peronista señalan que aún están haciendo los números para afinarlos mejor porque las primeras aproximaciones pueden ser imprecisas. Pero no dudan de que serán números astronómicos.

Reforma laboral: el impacto en las obras sociales

Otras fuentes sindicales dieron más precisiones. "La baja de 1 punto en las contribuciones patronales equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (para enfermedades complejas de alto costo) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las Obras Sociales, calculado sobre datos de Agosto", señaló el Secretario de Acción Social de CGT, José Luis Lingeri.

"Para compensar al sistema (solo compensar al sistema) habría que aumentar el monotributo en unos 50.000 pesos (o sea llevarlo de 19.500 a 70.000 el mínimo), y el sistema estaría en el mismo punto desastroso que esta hoy en día", agregó Lingieri a iProfesional.

Los puntos más importantes de la reforma laboral

Este punto en especial detonó los puentes del Gobierno con la CGT, pese a la frágil tregua que existía entre la Casa Rosada y la central obrera que mantenía un perfil bajo pese a la seguidilla de cierres de empresas y despidos.

La central obrera, las dos CTA y las 62 Organizaciones le declararon la guerra al proyecto y convocaron a una marcha masiva a la Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre. El proyecto tambien compromete seriamente la cuota solidaria del 2/3% de los salarios pagan los trabajadores en forma obligatoria aun sin estar sindicalizados y engrosa la caja de los sindicatos.

Si bien el Gobierno no eliminó del todo la cuota solidaria del proyecto final, le impuso fuertes requisitos sin obligación del empleador de retener esos aportes. "En los hechos la cuota solidaria quedaría en la nada", dijo una fuente sindical.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro foco de conflicto

Otro de los puntos que rompió todos los puentes con el sindicalismo y con el peronismo consiste en el nuevo aporte del 3% de los empleadores al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que administrará el Estado para pagar las futuras indemnizaciones por despidos.

Con ese 3% se recaudarán unos u$s2500 millones, unos 3,65 billones de pesos. Pero como contracara de ello los empleadores dejarán de pagar 3% del sueldo a los aportes previsionales, al sistema de contribución de las jubilaciones de la Anses, con lo cual la caja jubilatoria se resentirá en la misma medida que crecerá el FAL del 3%. Esta sería una segunda motosierra para las jubilaciones.

"Es decir los jubilados van a financiar con 2500 millones de dólares a los futuros despidos de los empresarios y éstos no tendrán que esforzarse por los despidos", dicen en la CGT.

En el bloque de senadores del peronismo, el senador Jorge Capitanich hizo otros números que preocupan sobremanera a los peronistas y a los sindicalistas y aún está estudiando en profundidad las implicancias del proyecto. Pero en principió el proyecto de ley eliminará impuestos internos y ello tendrá un impacto fiscal, negativo, de u$s548 millones, unos 800.000 millones de pesos. Se eximirá de impuestos internas asi a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

En este caso, la motosierra la sufrirá la recaudación tributaria y beneficiará a sectores de alto poder contributivo que engrosarían el gasto tributario, el sistema de exenciones impositivas discrecionales y a veces no justificadas que representa un 4,7% del PBI, que totaliza unos 28.300 millones de dólares que hoy superan los 40 billones de pesos. Entre esos sectores emblemáticos están las promociones a Tierra del Fuego, la minería, la economía del conocimiento, los empleados judiciales y otros 50 casos.

La estrategia del peronismo en el Senado para frenar la reforma laboral

En el bloque del peronismo quieren afinar los números para salir muy fuerte con una estrategia comunicacional para explicar a todos los sectores de la economía y tratar de convencer a senadores dudosos y gobernadores aliados al gobierno de Javier Milei para frenar el proyecto en el Senado.

El martes próximo a las 11 habrá una reunión de Labor Parlamentaria y el peronismo intentará dividir la parte laboral de la ley de la parte fiscal, con derogación de impuestos y esta última debería tratarse en una ley aparte en Diputados.

El peronismo tiene 28 senadores y apuestan a unir fuerzas con los cinco senadores del bloque de los peronistas no kirchneristas Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espinola, mientras que la CGT tratará de negociar y convencer a los gobernadores cercanos al peronismo, pero aliados a Milei, como Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Saenz, de Salta, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. El encargado de esa gestión es Gerardo Martinez, dirigente de la construcción.

Según el peronismo, el proyecto de reforma laboral profundiza el camino iniciado por el DNU 70/23 y por la ley Bases, y fortalece la posición de los empleadores por sobre los trabajadores. Según ellos, no facilitarán la creación de empleo y la registración de los puestos de trabajo como dice Milei.

Aseguraron que luego de la sanción de la ley Bases creció el desempleo, la ocupación por cuenta propia y la tasa de asalariados no registrados.

Tambien la CGT y las dos CTA reclaman que se apuntará a debilitar la acción colectiva de los trabajadores con cambios en la regulación del derecho a huelga, la negociación colectiva y las asociaciones sindicales, además de fortalecer la disciplina laboral en los lugares de trabajo, con cambios profundos en la ley de contrato de trabajo

"Las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar las prestaciones que otorga (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etc)", señaló un comunicado del Instituto de Estudios Formación del CTA que hizo un detallado análisis del proyecto.

"El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%), por lo que de un día a otro cambiarán de manos 4 puntos de la masa salarial total", agregó ese estudio.

"Las estimaciones de estas iniciativas sobre los fondos de la ANSES y de las obras sociales todavía deben ser analizadas en detalle, pero una primera aproximación señala que se trataría de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores", señaló.

Los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán ser administrados por privados que cobrarán una comisión que será determinada por la reglamentación.

Las centrales obreras aseguran que el proyecto prohíbe el derecho de huelga, los convenios colectivos quedan a tiro de una resolución del Ministerio de Capital Humano y se impulsa la descentralización de la estructura sindical.

Los límites a los sindicatos y el derecho a huelga

En el derecho de huelga el proyecto insiste con el texto del DNU 70/23 y reglamenta los servicios esenciales de manera dificulta hasta lo imposible hacer una huelga.

Casi todas las actividades son consideradas servicios esenciales o de importancia trascendental, lo que implica que, durante una huelga, los trabajadores tengan que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% del que corresponda para un día normal.

El proyecto expresa que lo mismo aplica en caso de una huelga nacional. La realización de asambleas o congresos de delegados también queda bajo amenaza. Será necesario contar con autorización del empleador y se deja claro que durante su realización no se devengan salarios, ni siquiera cuando son la reacción a un incumplimiento patronal.

Por el lado de la negociación colectiva, el proyecto otorga primacía al convenio por empresa o región, por sobre el convenio por actividad o nacional; habilita la negociación a la baja; debilita la ultraactividad; y abre un procedimiento que amenaza a todos los convenios vigentes en la actualidad.

El proyecto pone en peligro los aportes obligatorios de los trabajadores no afiliados que según los sindicatos se benefician por los resultados de cada convenio. Estos aportes, para hacerse efectivos, requerirán la conformidad previa de cada trabajador, algo que difícilmente suceda en la práctica, y que según los sindicatos tiene el objetivo de desfinanciar las organizaciones sindicales.

La reforma promueve la formación de sindicatos de empresa y en muchos casos habilita a que las comisiones internas negocien a la baja cuestiones como la jornada reducida. Se trata de un impulso a la descentralización de sindicatos.

La reforma se mete de lleno con la Ley de Contrato de Trabajo y deroga 9 artículos y modifica otros 55. En todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral, ahorrar costos laborales y limitar la posterior capacidad de reclamo. El proyecto busca individualizar los vínculos laborales.

Por ejemplo, se habilita a establecer bancos de horas u otras modalidades de jornada laboral flexibles, el fraccionamiento de las vacaciones y su otorgamiento en cualquier momento del año por acuerdo individual, sin ningún tipo de intervención sindical.

Genera también facilidades para la tercerización, prohíbe que los trabajadores eventuales sean electos delegados sindicales, habilita la reducción salarial de los trabajadores que se reincorporan luego de una enfermedad o un accidente inculpable, reduce la indemnización por despido, y limita la promoción de acciones judiciales fundadas en el derecho común.

Estos cambios además implican un ahorro patronal en el pago de horas extras, indemnizaciones u otras cargas que surjan de una acción judicial por parte del trabajador. Por el lado de los trabajadores de plataformas, la ley les dedica un capítulo entero para garantizar que nada cambie. Siguen sin ser reconocidos como trabajadores y no les otorga más derechos de los que hoy en la práctica pueden ejercer.

Asimismo, el proyecto elimina el Estatuto del Periodista, la ley de viajantes, la ley de teletrabajo, lo que dificultará mucho el ejercicio de derechos vinculados a estos sectores o para quienes realizan sus tareas de manera remota.

Finalmente, el Gobierno no eliminó las cuotas solidarias de los salarios, pero las restringió al máximo y puso como requisito que cada trabajador tiene que dar su consentimiento. La eliminación de esas cuotas del 2/3% eran promovidas por el ala dura, compuesta por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich, en favor de quitar esas cuotas para dar un golpe en la recaudación de los sindicatos.

Mientras que el asesor en propaganda Santiago Caputo y los operadores de Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, querían dejar la cuoata que beneficiaba a los sindicatos.

También se les quitó a los empresarios la facultad de ser agentes de retención. La ley actual dice que "los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención" de esos aportes. El proyecto de reforma consigna que "los empleadores podrán actuar como agentes de retención" pero "siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes".