Kicillof promulgó la ley que habilita el endeudamiento por u$s3.600 millones, en plena tensión con Milei

En un escenario de creciente tensión con el Gobierno nacional, la administración de Axel Kicillof avanzó con la promulgación de la Ley N° 15.561, una norma clave para la estrategia financiera de la provincia de Buenos Aires que habilita un esquema de endeudamiento superior a los u$s3.600 millones, crea un fondo de asistencia a los municipios y perdona deudas acumuladas desde la pandemia.

La ley fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el pasado 4 de diciembre, luego de extensas negociaciones en la Legislatura provincial, donde el oficialismo necesitó construir acuerdos para alcanzar la mayoría necesaria.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la norma abrió un nuevo frente de conflicto con la Casa Rosada. Desde el Ministerio de Economía y otros despachos del Gobierno nacional dejaron trascender que no darán aval a la operación de endeudamiento, ya que toda emisión de deuda provincial requiere autorización de Nación debido a que los recursos coparticipables actúan como garantía.

El eje de la disputa pasa por la interpretación del alcance de la ley. Mientras el Ejecutivo bonaerense sostiene que se trata de un instrumento para refinanciar vencimientos heredados -en gran parte de la gestión de María Eugenia Vidal—, desde Nación afirman que implica "deuda nueva", incompatible con la política de restricción fiscal que impulsa el presidente Javier Milei.

Cómo es el esquema de financiamiento de Axel Kicillof

La normativa autoriza al Poder Ejecutivo provincial, en primer término, a tomar deuda en pesos u otras monedas por hasta u$s1.045 millones, monto que equivale a los servicios de deuda previstos para el ejercicio 2025.

Además, habilita al Sector Público Provincial a contraer obligaciones por hasta u$s1.990 millones con múltiples destinos: cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión pública.

En paralelo, la ley faculta a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras por hasta u$s250 millones durante 2026 y autoriza operaciones de endeudamiento específicas para empresas públicas estratégicas, como Buenos Aires Energía (BAESA) y AUBASA, encargada de la gestión de autopistas.

Uno de los capítulos más relevantes de la ley es la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que estará vigente durante los ejercicios 2026 y 2027. El fondo se financiará con el 8% de los recursos obtenidos a partir del endeudamiento y contará con una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos.

De ese total, el 70% se distribuirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se asignará a programas provinciales ejecutados por distintas áreas del Gobierno bonaerense.

La norma también dispone la condonación de deudas que los municipios mantenían con la Provincia por los fondos Covid y por las asignaciones extraordinarias otorgadas para el pago de salarios, un reclamo sostenido de los intendentes desde el final de la pandemia.

Como mecanismo de seguimiento, la ley crea una comisión bicameral encargada de monitorear la emergencia económica, la ejecución del financiamiento y la evolución del endeudamiento provincial.

La iniciativa de Kicillof apunta a darle oxígeno financiero tanto a la Provincia como a los gobiernos locales en un contexto marcado por el fuerte ajuste del gasto público nacional, la caída de transferencias discrecionales y la paralización de obras.

No obstante, la definición final depende del Gobierno nacional, que conserva la potestad de autorizar o bloquear la operación. En ese marco, el financiamiento bonaerense amenaza con convertirse en otro capítulo central de la confrontación política entre la Casa Rosada y el principal distrito del país, con efectos directos sobre la inversión pública, los servicios y el equilibrio fiscal provincial.

Malestar de los estatales bonaerenses con Axel Kicillof

La foto entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los dirigentes de los gremios estatales (administración pública, judiciales, salud y docentes) quedó fuera de foco y algo borrosa. A pesar de pagar el aguinaldo, el mandatario no pudo dar buenas noticias a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. "Que agradezcan que estamos cumpliendo con el cronograma de pagos, la provincia se está desangrando", afirmó a este medio una fuente del gobierno bonaerense.

El sueldo anual complementario (SAC) se debe abonar hasta el 18 de diciembre incluido. Por segundo año consecutivo, Kicillof lo liquidó dos días más tarde. Pero este no fue el disparador de la tensa relación entre el mandatario y los sindicatos, sino la posibilidad de pagarlos en seis cuotas y la falta de una recomposición salarial.

A esto se le sumó que las organizaciones gremiales están reclamando la reapertura de las paritarias para "recomponer los ingresos, que vienen perdiendo frente a la inflación, sobre todo en ítems como transporte y alimentos", según coincidieron sindicalistas de diferentes sectores.

Si bien admiten que este, al igual que 2024, fue un año complicado en materia económica para la provincia de Buenos Aires, por la caída en la recaudación y la falta de coparticipación que afectaron las arcas bonaerenses, indicaron que "podemos exigirle al presidente Milei que envíe los fondos, pero al mismo tiempo debemos avanzar con nuestras demandas al gobierno provincial, porque es el mandato que vienen de las bases".

Explicaron que "el último acuerdo fue en agosto, del 5 por ciento en dos tramos; o sea, la última mejora salarial fue en octubre" y agregaron que "pasó noviembre y ya está terminando diciembre, vienen las fiestas y Kicillof y su ministro de Trabajo, Walter Correa, avisaron que no van a recomponer los ingresos de los estatales y pasaron cualquier tipo de incremento pare enero".

Hoy hay un clima de malestar e incertidumbre entre los sindicalistas; esta última situación debido a la relación entre Kicillof y Milei y la falta de diálogo, lo que hace prever que nada cambie en materia política. Lo que es aún más peligroso, es que el escenario empeore, profundizando el deterioro de los salarios de los empleados estatales.

Organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA- solicitaron la reapertura urgente de la negociación.

La única versión que circuló en el oficialismo provincial fue que el llamado a paritaria será recién para mediados de enero. Por lo tanto, los estatales bonaerenses no tendrán mejoras en sus ingresos en noviembre, diciembre y enero y menos aún en el pago de un bono de fin de año. Estiman que en ese cónclave incluirá una cláusula retroactiva para los meses que no registraron subas salariales y, en ese marco, podría tener una compensación.