Reforma laboral: Milei activa el "plan verano" para negociar con gobernadores, con la mira en un capítulo clave

Las vacaciones de verano serán muy cortas para el gobierno de Javier Milei, que quiere aprovechar el receso parlamentario de enero para avanzar con las negociaciones en torno a la reforma laboral que el oficialismo quiere aprobar en el Senado en febrero, para lo que necesitará otra vez el apoyo de los gobernadores "dialoguistas", quienes ya empezaron a deslizar dudas sobre el capítulo impositivo del proyecto.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, no quiere perder la iniciativa y piensa reunir a la tropa por Zoom a partir del 16 de enero para "analizar en detalle las propuestas que fueron acercando los distintos sectores", confirmaron fuentes parlamentarias a iProfesional.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará sus reuniones con gobernadores tras haber logrado acercar posiciones con varios de ellos -en buena medida con el desembolso de ATN entre sus provincias- para la aprobación de la primera parte del paquete de leyes que fijó Milei para las sesiones extraordinarias del Congreso.

La agenda de enero de Santilli y de Bullrich apunta en la misma dirección: definir si aceptarán o no las modificaciones al proyecto que plantean distintos sectores, entre ellos algunos gobernadores que ya hicieron sentir una primera resistencia a los artículos sobre Impuesto a las Ganancias y "Reducción de la carga tributaria" por el impacto que podrían tener en las arcas de sus provincias. De esa decisión dependerá cuánto consenso tengan para avanzar a principios de febrero.

Reforma laboral: los alfiles de Javier Milei se moverán en el verano para juntar votos  

En el Gobierno hay una incipiente discusión interna sobre la posibilidad de aceptar cambios en la reforma laboral. En el Ejecutivo casi nunca cae bien que se quieran modificar los proyectos de Milei, pero en el Senado creen que podría ser el mejor camino para construir un consenso que les permita asegurarse una mayoría sólida.

Bullrich plantea que además de los gobernadores hay varios sectores que hicieron observaciones al proyecto durante su tratamiento en la Comisión de Trabajo, donde ya tuvo dictamen. "Nos gustaría dejar el instrumento firmado, lo cual no impide que el dictamen pueda ser modificado posteriormente", afirmó al finalizar la última reunión de ese cuerpo.

Fuentes oficialistas del Senado confirmaron a iProfesional que la idea de empezar a reunir al bloque a mediados de enero obedece precisamente a analizar las propuestas que recibieron. Aclaran que no habrá modificaciones de fondo sobre el espíritu del proyecto, pero que sí considerarán correcciones en la redacción o incorporaciones a partir de los numerosos planteos que llegaron al Senado.

En efecto, durante el breve debate en la comisión por donde pasaron la CGT, la UIA, sindicatos, cámaras patronales, representantes de pymes y de plataformas de reparto, entre otros, la mayoría de los invitados sugirió cambios a la iniciativa, cuando no un rechazo total, lo que se suma a las dudas que siembran los gobernadores y bloques aliados.

De ese otro sector se ocupará Santilli, quien se quedará en Buenos Aires en enero para reunirse con gobernadores, a veces en Casa Rosada y otras en las provincias, con el fin de cerrar acuerdos y juntar los votos para que la reforma laboral se apruebe en febrero, confirman en su entorno. El plan inicial de Bullrich es votar el proyecto en el recinto el 11 o 12 de ese mes, si se alcanza ese consenso.

El capítulo impositivo de la reforma laboral, en la mira de gobernadores

La primera señal de resistencia al capítulo impositivo de la reforma laboral, anticipado por iProfesional, surgió del bloque Convicción Federal, que integra la bancada peronista, pero se diferencia del kirchnerismo, a tal punto que tres de sus cinco senadores votaron a favor del Presupuesto 2026.

Carolina Moisés, referente de ese bloque, advirtió dos semanas atrás que la Constitución Nacional obliga a que las "leyes sobre contribuciones" se traten siempre primero en la Cámara de Diputados y remarcó que "si el Ejecutivo incluyó materia impositiva" en la reforma laboral "el Senado no puede abrir el tratamiento".

El planteo fue pasado por alto, en especial porque LLA tiene a favor el argumento de que el proyecto no crea nuevos impuestos sino que los modifica, una lógica que el Senado aceptó en otros debates anteriores. Pero en ese bloque tallan gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) y, según indicó una fuente parlamentaria a este medio, en los últimos días hubo nuevos señalamientos sobre esa parte del proyecto y surgieron "sobre todo del norte".

No es un dato menor para el oficialismo porque allí es donde están los jefes provinciales que más apoyo le han prestado. Además de Jalil y Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalaqcua son aliados clave para Milei en el Congreso. Junto a otros mandatarios que también mueven votos para el Gobierno, esta semana filtraron su preocupación por los artículos referidos a impuestos coparticipables, los mismos que habían sido objetados por Convicción Federal.

Es el caso de Ganancias, que en el proyecto tiene contempladas rebajas para alquiler de inmuebles y también para empresas. Este tributo es uno de los que más peso tiene en la coparticipación entre Nación y Provincias. Las fuentes consultadas en el Senado anticipan que los gobernadores pedirán "o cambios (en el proyecto) o una compensación" de la eventual caída en la recaudación de las provincias.

Qué dice el capítulo impositivo del proyecto

En rigor, la parte impositiva del proyecto de reforma laboral está en los títulos XXIV y el XXV. Allí aparecen artículos como el 185, que establece una exención de IVA para la provisión de energía eléctrica que sea utilizada en sistemas de riego destinados al sector agroindustrial, aunque hay otros que proponen modificaciones más profundas.

Una de ellas está en el artículo 186, que se refiere la actualización de pérdidas en el Impuesto a las Ganancias para personas jurídicas y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un mecanismo de ajuste por inflación.

Además, el artículo 188 incluye entre las exenciones "las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación" con efecto para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2026.

En tanto, el artículo 190 del proyecto reduce las alícuotas de Ganancias para las "sociedades de capital" en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que abonan el 35% pasarían a 31,5%.

Por otra parte, el título XXV establece una "reducción de la carga tributaria" al dejar sin efecto "a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley" los impuestos internos para los rubros de "los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves".

Estas modificaciones impositivas son las que están en la mira de varios gobernadores, incluso de los que mejor diálogo tienen con la Casa Rosada. Por eso el gobierno de Javier Milei quiere aprovechar el envión que le dio su último triunfo en el Congreso para aceitar esos vínculos y organizar la hoja de ruta del Senado durante enero, con el objetivo de llevar la reforma laboral al recinto en los primeros días de febrero y convertirla en ley antes de marzo.