La ONU cuestiona la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela y advierte por su legalidad internacional

Las Naciones Unidas (ONU) expresaron su alarma ante la intervención militar encabezada por Estados Unidos en Venezuela, una acción que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y que, según el organismo, representa una grave transgresión a las normas básicas del derecho internacional.

Desde Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, fijó una posición contundente al recordar uno de los principios centrales del sistema internacional: "Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", sostuvo durante una conferencia de prensa.

Captura de Maduro y cambio de mando: el impacto institucional del operativo de EE.UU.

La operación militar estadounidense, que dejó decenas de víctimas fatales, no solo modificó el escenario político venezolano, sino que profundizó la incertidumbre institucional. Tras la detención de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras el exmandatario fue trasladado a Estados Unidos para comparecer ante un tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el uso de la fuerza con fines políticos constituye una vulneración directa de los pilares del orden internacional. Según explicó, la intervención impulsada por Washington quebranta la prohibición de recurrir a acciones militares para resolver disputas o imponer demandas políticas.

La ONU rechaza la justificación de Estados Unidos y cuestiona la vía militar

Estados Unidos justificó el ataque señalando el historial de violaciones a los derechos humanos del gobierno venezolano. Sin embargo, desde Naciones Unidas rechazaron ese argumento como base legítima para una acción armada unilateral. Turk remarcó que la crisis venezolana exige procesos orientados a la reconstrucción social y subrayó que el futuro del país debe definirse exclusivamente por la voluntad de su población.

En la misma línea, Shamdasani reafirmó la "profunda preocupación" del organismo y advirtió que la rendición de cuentas por abusos no puede alcanzarse mediante intervenciones militares externas que contradigan el derecho internacional. Desde la ONU insistieron en que los mecanismos de justicia deben priorizar a las víctimas y garantizar reparación, algo que —según remarcan— no puede lograrse a través de la vía bélica.

Estado de emergencia y riesgos para las libertades

Otro foco de inquietud señalado por Naciones Unidas es el estado de emergencia decretado en Venezuela tras el ataque. Este régimen habilita restricciones a derechos fundamentales como la libre circulación, la protesta, la reunión y la incautación de bienes considerados estratégicos para la defensa.

Desde la oficina de Turk advirtieron que este escenario de militarización interna puede profundizar la inestabilidad y agravar la situación de los derechos humanos, en un contexto social ya atravesado por una prolongada crisis humanitaria.

Llamado al respeto del derecho internacional

El pronunciamiento de la ONU incluyó un llamado dirigido tanto a Estados Unidos como a Venezuela y a la comunidad internacional. El organismo reclamó el respeto estricto de las normas internacionales, la soberanía de los pueblos y el principio de autodeterminación, así como la protección de los recursos y derechos de la ciudadanía venezolana.

Naciones Unidas reiteró que ninguna situación interna, por grave que sea, habilita el uso unilateral de la fuerza por parte de un Estado extranjero y defendió la vigencia de los mecanismos multilaterales como única vía legítima para encauzar la crisis.

Un conflicto abierto bajo observación 

El impacto de la intervención, sumado al cambio en la jefatura del Estado y al endurecimiento de las medidas de seguridad internas, complejiza aún más el panorama político y social de Venezuela. Frente a este escenario, la ONU manifestó que seguirá monitoreando los acontecimientos y reclamando que cualquier salida se ajuste al derecho internacional y a la protección de las libertades fundamentales.

Según el organismo, la resolución de la crisis venezolana no pasa por acciones militares, sino por procesos legítimos que garanticen participación ciudadana, justicia, reparación y respeto por la autodeterminación del pueblo.