¿Quiebre de la AFA?: la bravuconada de Tapia contra la Justicia que podría complicarlo y el mensaje de Milei
El llamado "Mundo AFA" al parecer está muy convulsionado. Las sorpresivas declaraciones de ayer del presidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) muestran que la unidad de los dirigentes de esa entidad habría comenzado a resquebrajarse luego de las reuniones de los directivos realizadas en esta semana.
Una fuerte disputa se desató ayer en el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de la resolución que dejó sin efecto las suspensiones al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y a los jugadores del club. La medida, formalizada ayer, el mismo día que empezaba el Campeonato de Primera División, al parecer provocó un quiebre interno y dejó a su presidente, el escribano Fernando Mitjans, en una difícil posición luego de sus declaraciones de ayer.
Por lo que pudo saber iProfesional, de acuerdo con fuentes cercanas a la AFA, las diferencias se profundizaron en las últimas horas, cuando se conoció que la resolución sobre la amnistía fue publicada en el Boletín Oficial del organismo sin previo aviso al propio titular del Tribunal.
En un audio que se filtró ayer, Mitjans reconoce haberse enterado de la amnistía a través de periodistas y no por los canales institucionales.
El audio filtrado y la reacción interna
"Un periodista me mandó el Boletín. Lamento enterarme así. La amnistía ya salió y nosotros estábamos en bolas", se lo escucha decir en el mensaje de voz, en el que además admite haber mantenido diálogo con la prensa sobre el tema.
En tanto, los operadores de Tapia salieron muy fuerte ayer a través de un medio como Doble Amarilla, que sería de Pablo Toviggino y que está a cargo de Pablo Giménez, al sostener que la decisión de avanzar con la publicación sin notificarlo respondió al hartazgo de varios integrantes frente a las reiteradas filtraciones.
Según esa versión, publicada en Doble Amarilla, existía el temor de que Mitjans atribuyera a gestiones personales ante los clubes la eliminación de las sanciones, por lo que se optó por oficializar la medida de manera inmediata, ignorando al propio Mitjans, algo insólito, ya que él tendría que haber sido el primer enterado de la medida decidida por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
En la reunión previa al inicio de la Liga Profesional de Fútbol de ayer se decidió dar amnistía a todos los jugadores sancionados durante el Clausura 2025, incluidos los 11 titulares que presentó Estudiantes de La Plata luego del famoso pasillo de espaldas ante Rosario Central.
Las decisiones políticas y los cruces dirigenciales
"Hubo un pedido de un club para que haya amnistía y se lo trasladamos al Tribunal de Disciplina de AFA para que decida y depende de ellos", afirmó Nicolás Russo, presidente de Lanús, al salir de la reunión. Como hace habitualmente, el dirigente del campeón de la Copa Sudamericana apuntó contra Estudiantes de La Plata al afirmar que: "Estudiantes fue el único que no estuvo ni por Zoom. El único lugar para discutir los temas es acá, en las reuniones, no en los medios, y a pesar de que Juan Sebastián Verón está sancionado por un período de seis meses y no puede asistir a las reuniones, el club de La Plata decidió no presentar a nadie en el cónclave de Puerto Madero".
Pero la reacción de Mitjans fue fulminante, ya que envió una serie de audios por WhatsApp cuestionando el procedimiento adoptado.
El problema es que, lejos de llevar tranquilidad a sus pares del Comité de Disciplina, ese intercambio de mensajes habría reforzado la postura de quienes impulsan que dé un paso al costado, al considerar agotada la convivencia interna.
Lo curioso es que la resolución publicada lleva las firmas de Mitjans y del vicepresidente Sergio Fernández, y los doctores Matías García, Jorge Luis Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo y Martín S. Peluso, que completan ese tribunal, no estaban enterados.
Antecedentes polémicos y nuevas tensiones
De acuerdo con lo que informa la página Doble Amarilla, dirigida por Pablo Giménez, un hombre muy cercano a Pablo Toviggino, no se trata del primer episodio polémico que involucra al actual presidente del organismo.
"Años atrás, un audio filtrado de una conversación con Daniel Angelici, entonces titular de Boca Juniors, lo dejó bajo sospecha por un supuesto intento de suavizar sanciones para jugadores de ese club en el repechaje previo a la Copa Libertadores 2015. Aquella situación lo dejó al borde de la renuncia. Hoy, nuevamente, su continuidad vuelve a quedar en discusión", dice el informe de Doble Amarilla.
Pero a esta sorpresiva declaración de la amnistía se suman las nuevas declaraciones del presidente de la AFA en el día de ayer.
En una especie de bravuconada contra la Justicia argentina, Tapia manifestó que: "Voy a ver en abril a quienes me quieren meter preso", y además agregó que "no voy a entregar al tesorero de la AFA", en alusión a Pablo Toviggino. Tal vez la mención de abril puede estar referida a que la Selección Nacional jugará la llamada Finalissima del Mundo con España el 27 de marzo en Qatar y quizás Tapia espere que eso lo ayude, o también que Tapia pueda demorar hasta abril algunas decisiones de la Justicia en relación con las causas en las que está involucrado.
Las causas judiciales que involucran a la AFA
Hasta ahora hay tres causas judiciales que involucran a Tapia. Una en el fuero penal económico a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA por retención indebida de tributos por unos 19.000 millones de pesos, en la que está imputado junto a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. El fiscal Claudio Navas Rial también imputó al secretario general de la entidad, Cristian Malaspina, y al director general, Gustavo Lorenzo. El juez Diego Amarante, que habilitó la feria judicial para investigar la causa iniciada aceptando al Gobierno como querellante por la apropiación indebida de tributos, ya comenzó a recibir copiosa información solicitada a bancos, organismos y entidades.
La causa más compleja tiene tres actores centrales: la AFA, varios clubes de la entidad y Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, que creció exponencialmente en los últimos años gracias a su vínculo con Tapia y a cesiones de derechos de los clubes con dudoso destino.
Luego se sumó la causa relacionada con Tour ProdEnter LLC, presidida por Érica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, que administraba fondos de la AFA en el exterior, calculados en 260 millones de dólares, de los cuales más de 40 millones habrían ido a empresas fantasmas.
La tercera es la causa sobre la lujosa mansión de Pilar, una propiedad de más de diez hectáreas a nombre de dos personas sin capacidad económica, que acaba de cambiar de juez.
El cambio de juez y la causa por la mansión de Pilar
Al respecto, hay que señalar la decisión del miércoles pasado de la Cámara Federal de San Martín de resolver que la investigación por la compra de la mansión de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, quede a cargo del juez de Campana Adrián González Charvay, un funcionario muy cercano al kirchnerismo y, en particular, al intendente de Pilar, Federico Achával. Esto es solo una muestra de los turbios manejos que se llevan a cabo dentro de la Justicia federal de la Argentina y que impactarán en los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de algunos de sus dirigentes, como su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, quienes están seriamente comprometidos en la investigación que hasta ayer llevaba a cabo el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y el fiscal Franco Picardi.
Lo primero que hay que explicar es que la causa cambia de jurisdicción por el pedido de Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, quienes son los socios dueños de la empresa Real Central SRL, que le compró en 2023 al exfutbolista Carlos Tévez el lote donde se construyó la propiedad en el barrio de Villa Rosa, en Pilar.
Real Central SRL es la empresa que recibió un pago de 500.000 dólares por parte de la AFA para poner en práctica el mecanismo del VAR. Lo curioso es que la empresa tiene como objetivo la actividad agropecuaria.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín fue firmado por el juez Alberto Lugones, muy cercano al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof. Lugones pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y es consejero de la Magistratura de la Nación, que presidió durante el gobierno de Alberto Fernández.
La Cámara de San Martín y las relaciones políticas
La cercanía a Kicillof no es un dato menor, ya que el gobernador designó a Tapia al frente de la Ceamse y se mostró en más de una ocasión con el número uno de la AFA. Kicillof también habría avalado la jugada de Tapia para mudar el domicilio legal de la AFA a la provincia y así evitar la intromisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).
En este punto hay que destacar que, al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, la Cámara de San Martín advirtió en el fallo que: "no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires".
Además, hay que señalar que el vocal de la Cámara de San Martín es el juez Néstor Pablo Barral, que estaría vinculado a un importante hombre de la Justicia.
Lo que también llama la atención es que, en principio, Lugones no era quien debía tomar la decisión, ya que por sorteo quien debía resolver era el juez Néstor Barral, también integrante de la Sala II de la Cámara de San Martín. Pero Barral, según explicó Lugones, amplió su licencia hasta la semana próxima, ya que originalmente se ausentaría hasta el 14 de enero y, por lo tanto, al quedar a cargo de la Sala, Lugones resolvió todo en una llamativa soledad. Todo muy sospechoso.
Las objeciones al fallo y el rol de la fiscalía
Lugones, al ser consultado frente a los plazos, explicó que se reincorporó a sus funciones el viernes pasado y además argumentó que tomó conocimiento de la causa y resolvió a favor del pedido de los presuntos testaferros Pantano y Conte.
Al parecer, la medida tomada por Lugones representa una gran ayuda para Tapia y Toviggino y un duro golpe contra el Gobierno y, en particular, contra la ministra Patricia Bullrich, quien buscaba que Aguinsky siguiera con la causa para poder darle un triunfo político al gobierno de Javier Milei.
"El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (...) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", explica el fallo.
Por ese motivo, el juez del Tribunal de Apelaciones sostuvo que se "enfoca sobre el partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar" y por eso le dio la razón a la defensa de Nicolás Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.
La postura de Aguinsky y el conflicto de competencias
Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes, y que ante ello el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.
Hay que destacar además que la semana pasada la fiscalía ante la Cámara de San Martín postuló que debía esperarse hasta el final de la feria judicial de enero para tomar una decisión, porque era necesario acceder a toda la causa para evaluar su estado actual y la nueva prueba incorporada, de manera previa a opinar.
Por otro lado, el camarista de San Martín a cargo del tema la primera quincena de la feria judicial de enero, Juan Pablo Salas, pidió opinión al fiscal la semana última, cuando faltaba poco tiempo para ser reemplazado por Lugones, quien ahora resolvió tras recibir el viernes pasado el dictamen del Ministerio Público. Todo muy sospechoso.
Por su parte, Aguinsky, avalado por la Cámara en lo Penal Económico, habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación.
El tercer juez y el recorrido de la causa
Sin embargo, el juez Alberto Lugones decidió ayer que: "debe ser el ámbito del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, en donde ha de desarrollarse con la eficacia necesaria la investigación".
De esta forma, el juez de Campana, Adrián González Charvay, será el tercer juez que intervenga en la denuncia que presentó la Coalición Cívica para investigar si el predio de Pilar, una flota de autos de alta gama encontrada en el lugar valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes que pertenecen a la sociedad Real Central SRL son en realidad de dirigentes de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.
En un principio, la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba, como el allanamiento al lugar, secuestro y tasación de todo lo encontrado, y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados.
Luego Rafecas declinó la competencia al fuero penal económico y la Cámara Federal porteña avaló esta decisión en un fallo donde el camarista Leopoldo Bruglia requirió evaluar dónde debía seguir la causa en base al "territorio".
El trasfondo político y la escena internacional
El segundo juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky, continuó con la pesquisa, habilitó la feria judicial de enero para disponer prueba y avanzó sobre la cadena de pagos que permitiría llegar a los verdaderos propietarios de los bienes.
El aspecto tal vez más polémico de la resolución de Lugones es que, al hacer lugar a la inhibitoria en favor de González Charvay, la Cámara de San Martín advirtió que: "no puede escapar que, en la actualidad y desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N° 1366, también de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires".
Lugones además sostuvo que: "la omisión de decidir, en tiempo y forma debidos, sobre la intervención del tribunal competente deriva en la afectación de la garantía del juez natural, que está expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legítimamente nombrados".
Pero, de acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, tanto Lugones como González Charvay tienen una muy buena relación con el ex presidente de Boca Juniors y ex vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, un empresario que se mueve en distintos lugares de la Justicia argentina y que es considerado una especie de operador dentro de la Justicia, donde comenzó su carrera como operador del dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia para transformarse en el operador más importante del expresidente de la Nación Mauricio Macri.
Davos, la FIFA y el mensaje a Tapia
Pero lo que no esperaba Tapia es la reunión sorpresiva que ayer sucedió en el Foro de Davos y que no es una buena noticia para el mandamás de la AFA.
El presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general Karina Milei, se reunieron unos minutos con el titular de la FIFA, y esa reunión al parecer es un mensaje a Tapia en medio de las sospechas por corrupción en negocios vinculados a dirigentes de la entidad y tras la denuncia de la ARCA por presunta retención de impuestos.
Sonrientes y con pulgares hacia arriba, el presidente y su hermana se retrataron con Gianni Infantino, el número uno de la FIFA, tal vez el aliado internacional más importante de Tapia.
La imagen se concreta después de que el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, haya aceptado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa en la que el Gobierno denunció a la AFA y a su presidente, Claudio Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 20.000 millones de pesos.
La ofensiva contra la IGJ y el cierre judicial
Tal vez una fuerte señal para Tapia, que ayer redobló la apuesta al denunciar al doctor Daniel Roque Vítolo, el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), por diversos delitos.
El abogado de la AFA, el kirchnerista Gregorio Dalbón, confirmó ayer que la denuncia penal fue interpuesta por "la comisión de graves delitos en el ejercicio de la función pública: violación de secretos y abuso de autoridad, en perjuicio de la institución y del propio orden jurídico republicano".
La denuncia, que fue sorteada y asignada al Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, será investigada por el fiscal Claudio Stornelli.
Con esta maniobra, la AFA busca cuestionar las medidas tomadas por la IGJ, que actualmente analiza posibles irregularidades en los balances contables de la entidad.