ARCA fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la AFA por presunta evasión impositiva
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/12/608506.jpg)
La Justicia en lo Penal Económico aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida y el no ingreso de impuestos y aportes a la seguridad social por un monto superior a los 19.300 millones de pesos.
La resolución fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien interviene en el expediente iniciado a partir de una denuncia presentada por el propio organismo recaudador. Con esta decisión, ARCA quedó habilitada para participar del proceso, solicitar medidas de prueba, acceder al expediente y recurrir resoluciones judiciales en su carácter de acusador privado.
El origen de la investigación
La causa se inició tras una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre, en la que se informó sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la AFA. Según consta en el expediente, el organismo recaudador sostuvo que la entidad habría retenido fondos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto a las Ganancias y a contribuciones previsionales, sin efectuar su ingreso al Estado dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
El período bajo análisis comprende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, y el monto total del presunto perjuicio fiscal fue cuantificado en $19.353.546.843,85.
A partir de la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura formal de la investigación e imputó a autoridades de la AFA por el delito de evasión agravada.
Dirigentes imputados
En el marco de la causa fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La investigación se centra en el rol de la AFA como agente de retención. De acuerdo con el decreto 510/2023, la entidad debe retener el 7,5% de diversos ingresos vinculados a la actividad futbolística, como la venta de entradas, derechos de televisión, transferencias de jugadores, publicidad y apuestas, para el pago de aportes y contribuciones correspondientes a los empleados de los clubes afiliados.
Según la presentación realizada por ARCA, la presunta infracción consistiría en la omisión total o parcial del depósito de los fondos retenidos una vez vencidos los plazos legales previstos para su ingreso.
Detalle de los montos investigados
El expediente incluye un desglose del presunto incumplimiento por tipo de tributo. En concepto de retenciones del Impuesto a las Ganancias, el monto no ingresado superaría los 8.000 millones de pesos, mientras que las contribuciones a la seguridad social alcanzarían una cifra superior a los 8.600 millones. El resto del monto investigado correspondería a IVA y otros conceptos fiscales.
En su escrito, ARCA señaló que los fondos retenidos no constituyen recursos propios del contribuyente, sino que corresponden al Estado desde el momento de la retención, conforme lo establece la legislación vigente.
Avance de la causa durante la feria judicial
Dada la magnitud del expediente, el juez Amarante dispuso habilitar la feria judicial de enero, lo que permitió la continuidad del trámite durante el receso. En ese contexto, se ordenó una serie de medidas de prueba destinadas a reunir información contable, bancaria y fiscal.
Entre otras diligencias, el juzgado libró oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a las entidades bancarias con las que opera la AFA, a la Dirección General Impositiva (DGI) y al propio organismo denunciante. Algunos de los informes requeridos ya comenzaron a ser incorporados al expediente, mientras que otros se encuentran pendientes de respuesta.
La AFA y sus autoridades se presentaron en la causa y designaron como abogado defensor a Norberto Frontini. Hasta el momento, la defensa no formuló planteos de fondo ni solicitó nuevas medidas de prueba.
La investigación continúa en etapa inicial y se encuentra a la espera del análisis de la documentación bancaria y fiscal requerida, que permitirá determinar el alcance de los hechos investigados y la situación procesal de los imputados.