El costo fiscal que tendrá aplicar la nueva ley que baja la edad de imputabilidad, según el Gobierno
El gobierno de Javier Milei avanza en la Cámara de Diputados con el proyecto de Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 13 años, un tema que había quedado trabado y que ahora busca reflotar con un nuevo texto, en el que subsana un punto clave para el oficialismo: el costo fiscal que tendrá la aplicación del nuevo régimen.
La iniciativa había tenido dictamen de mayoría en las comisiones el año pasado, gracias al acuerdo que logró La Libertad Avanza con los bloques dialoguistas, pero nunca llegó al recinto. Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno decidió retomar el tema pero tendrá que volver a dictaminarse.
En ese marco, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto en el que volvió a su idea original de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años -a pesar de que el año pasado habían acordado fijarla en 14- pero, además, incluyó el financiamiento de la medida, que no estaba detallado en la versión anterior y que superará los $23.000 millones.
Nueva Ley Penal Juvenil: cuánto costará su aplicación y de dónde saldrán los recursos
Con el nuevo proyecto, el oficialismo busca un tratamiento exprés en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán este martes con el objetivo de firmar el dictamen y llevarlo al recinto el jueves, un día después de que el Senado vote la reforma laboral.
En el artículo 51 del nuevo texto, el oficialismo precisó que, para poner en marcha esta ley -si la aprueban las dos Cámaras- se destinará un monto total de $23.739.155.303 millones. Los recursos para ello saldrán del Ministerio de Justicia, que aportará $3.131.996.784, y de la Defensoría General de la Nación por $20.607.158.518.
La aclaración incluida en el nuevo proyecto es importante porque el dictamen anterior le daba a la Jefatura de Gabinete la facultad de readecuar partidas presupuestarias para la aplicación de la ley, pero sin un monto definido, una metodología que el Gobierno ha cuestionado en otras leyes impulsadas por la oposición.
Además, el costo tiene que ver con que los establecimientos penitenciarios deberán contar con lugares especiales para alojar a los menores de edad condenados por delitos graves, separados de donde se encuentren los adultos y que la Justicia deberá darle prioridad a condenas alternativas a la prisión como programas de capacitación y una libertad condicional que requerirá de vigilancia y, por lo tanto, recursos del Estado.
El Gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero los aliados lo condicionan
Esto se establece en el mismo proyecto de ley, cuyos artículos fijan cuáles serán las condiciones para las sentencias que recaerán sobre los jóvenes que cometan delitos a partir de los 13 años. Esa edad será igualmente motivo de discusión en Diputados.
Los bloques de la oposición dialoguista, entre ellos el PRO, la UCR y Encuentro Federal, ya le avisaron a La Libertad Avanza que acompañarán la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, como habían acordado en el dictamen anterior, y no a los 13. Los votos de esos sectores son clave para que el oficialismo alcance la mayoría y por eso estiman que los libertarios lo aceptarán.
En cualquier caso, la baja en la edad de imputabilidad es un cambio sustancial porque hasta ahora los/as adolescentes son juzgados y eventualmente detenidos por cometer delitos a partir de los 16 años, siempre que la pena máxima sea mayor a 2 años de prisión.
Bajo la ley vigente, una persona de 15 años que comete un delito grave -como un homicidio- no puede ser juzgada ni condenada, a pesar de que sí se abre un procedimiento en los tribunales y eventualmente puede ser internada en un instituto por orden de un juez de menores. Con el nuevo régimen, un adolescente de la misma edad podrá ser imputado, procesado y condenado a prisión por delitos como ese.
De la misma forma, hoy un joven que comete un delito menos grave como puede ser el robo simple, que tiene una pena mínima menor a 2 años, no puede ser condenado, mientras que con la nueva ley -si se aprueba- esa misma persona sí podrá ser imputada y recibir una condena, aunque no será de prisión efectiva si la pena prevista no supera los 3 años.
Sin cadena perpetua: cuál será la condena máxima y las condiciones para la prisión
Otro de los cambios importantes tiene que ver con la gradualidad de la pena para los adolescentes. Cuando la condena sea por delitos que contemplan penas de hasta 3 años, el menor no irá preso. De ahí para arriba, la condena a prisión para los menores de 18 será como máximo de 15 años. El proyecto prohíbe taxativamente la imposición de penas de reclusión o prisión perpetua.
En tanto, cuando el delito tenga penas que vayan de los 3 a los 10 años, el juez deberá priorizar alternativas a la prisión efectiva, como la realización de tareas comunitarias, la asistencia a programas de formación o incluso la libertad asistida, siempre que no haya existido muerte o violencia grave y que el imputado no tenga antecedentes.
Por otro lado, las condenas privativas de la libertad no se cumplirán necesariamente en la cárcel. De ser así, tendrá que ser en una sección separada de los adultos en el establecimiento penitenciario. Pero el juez o tribunal también podrá establecer que la condena se cumpla en el domicilio; en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.
Los argumentos del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad
En los fundamentos del proyecto, el gobierno de Milei plantea que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".
Asimismo señala que "la vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional" respecto de los menores que delinquen. Por ello el Gobierno considera "indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
El Gobierno también justificó la reducción de la edad de imputabilidad al señalar que "la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad", dado que Chile, Colombia y Perú la establecieron en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.
Con esos argumentos y con el detalle del costo fiscal que está dispuesto a afrontar para poner en marcha la medida, el gobierno de Javier Milei buscará darle una aprobación rápida al proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 o a los 14 años en la Cámara de Diputados, con el objetivo final de dejar la ley sancionada en el Senado antes del 1 de marzo.