Ley de Glaciares: el debate arranca con polémica judicial y política y LLA acusa un intento de "boicot"

El proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un objetivo central del gobierno de Javier Milei, inicia su camino en la Cámara de Diputados la próxima semana con una audiencia pública de dos días que arranca envuelta en polémica por una medida cautelar presentada por agrupaciones ambientalistas contra el sistema que dispuso el oficialismo para esas jornadas, que fue rechazada rápidamente por la Justicia y abrió una fuerte disputa con La Libertad Avanza (LLA).

La iniciativa tuvo media sanción del Senado en las sesiones extraordinarias de febrero, pero en Diputados advirtieron la necesidad de realizar una audiencia pública antes de pasar al debate y la votación de los legisladores, dada la gran cantidad de objeciones por parte de entidades de todo el país y de la oposición hacia el eje central del proyecto, que busca redefinir las áreas periglaciales y reducir así las zonas de exclusión para la actividad minera.

La audiencia se fijó para los días 25 y 26 de marzo y generó tanto interés que hasta el momento se anotaron para participar casi 100 mil personas. Por esa razón, las autoridades de la Cámara baja idearon un sistema alternativo en el que solo se escucharán en esas jornadas a 200 expositores (el primer día de forma presencial y el segundo por videoconferencia).

Al resto se los invita a suscribirse al canal de YouTube oficial de Diputados y cargar un video en su propia cuenta con la ponencia que quieren realizar en la audiencia pública para compartirlo con el canal oficial, donde deberán anotar sus datos personales. Además, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA) decidió acotar a las exposiciones de los primeros inscriptos por provincia.

Estas decisiones de las autoridades fueron las que llevaron a fundaciones ambientalistas a exigir una medida cautelar en la Justicia contra las audiencias públicas para modificar el esquema, solicitar la presencia de veedores judiciales en la Cámara baja y advertir que impulsarán una acción de fondo para pedir que se declare la nulidad de todo el procedimiento.

Sin embargo, horas después Mayoraz comunicó que la Justicia rechazó el planteo y defendió el procedimiento como "plenamente legitimo", al tiempo que sostuvo que "un grupo minúsculo de ONGs y carlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana".

Ley de Glaciares: cómo es la polémica judicial y política que rodea a las audiencias públicas

La cautelar recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. El escrito fue presentado por la Fundación Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En la medida solicitaban "la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas".

"En particular, se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a youtube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública", agrega el texto.

Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen la audiencia tanto presencial como virtual "a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú", que es el tratado ambiental de América Latina y el Caribe -vigente desde 2021- para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y tiene carácter vinculante.

Tras el rechazo de la Justicia, Mayoraz salió al cruce de las agrupaciones y elevó la tensión en torno al debate que se viene. "¡¡Las audiencias públicas porla Ley de Glaciares son ilegítimas!!. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso", disparó el diputado libertario que conducirá las audiencias y agregó: "Pero no lo lograron".

¿Puede ser nulo el procedimiento y trabar el avance de la reforma de la Ley de Glaciares?

En un hilo de publicaciones en X (antes Twitter), Mayoraz indicó que "el marco legal se cumple al pie de la letra" y que el proceso efectivamente "se rige por el Acuerdo de Escazú y por el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados".

Tras remarcar que "se cumplen todos los recaudos exigidos", el diputado también indicó que el Decreto 1172/03 que rige las audiencias públicas y fue consignado en la presentación judicial "no aplica" para el caso de la reforma de la Ley de Glaciares "simplemente porque regula audiencias del Poder Ejecutivo y no del Congreso". Al respecto, remarcó "Invocar ese decreto es un error jurídico básico o una operación política deliberada".

Sin embargo, la pulseada judicial en torno a la audiencia pública podría escalar y complicar el tratamiento del proyecto, dado que las fundaciones ambientalistas advirtieron en el mismo escrito que si no se garantizaba "el derecho de participación en condiciones adecuadas" se solicitará "el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión del trámite parlamentario y del debate en el recinto".

Al estar contenido esto en la misma presentación se supone que el rechazo de la Justicia es total y rige también para ese planteo de suspensión. Pero las entidades pueden insistir con el planteo que, de cualquier forma, se colará en el debate, sobre todo porque la oposición también critica el tratamiento que LLA le da a la audiencia pública. 

Ocurre que Mayoraz no solo acotó las exposiciones y estableció un aforo para los invitados presenciales, sino que también lo hizo con los diputados y asesores. Segun informó, solo podrán entrar a la reunión los legisladores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, lo que impide la presencia del resto de los diputados, que reglamentariamente tienen derecho a participar de todas las reuniones.

Qué hará el Gobierno frente a las objeciones

Como dejó en claro Mayoraz, el oficialismo y los bloques aliados no retrocederán en su interés de aprobar lo antes posible la reforma de la Ley de Glaciares. En primer lugar, porque el proyecto ya tuvo media sanción en el Senado. La votación fue 40 votos afirmativos contra 31 negativos, ajustada para los números de la Cámara alta, pero no deja de ser un anticipo del consenso que puede llegar a reunir LLA en Diputados.

El razón principal es que el cambio en la norma que le transfiere a las provincias la potestad de definir la zona periglacial fue un pedido concreto de los gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, donde la minería es una actividad económica central. Los mandatarios ganarán poder para negociar proyectos de inversión.

Además, el Gobierno nacional también pone la mira en el ingreso de dólares frescos que generaría ese cambio en la ley actual. Según los cálculos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), hay alrededor de u$s30.000 millones que esperan por un marco normativo que les dé certidumbre para volcarse en el país.

Y a eso se le suma la postura ya no tan pragmática sino ideológica de Milei sobre la relación entre ambiente y economía. Si bien se expresó varias veces sobre el tema, en su visita del último jueves a Tucumán dejó una definición llamativa al señalar: "Con esto de cuidar a la tierra con el ambientalismo idiota, entonces hay que destruir al ser humano porque ‘rompe el planeta’... ¿Y para qué está? ¿Para qué nos dio el creador el planeta, para contemplarlo?".

Puntos principales del proyecto para cambiar la Ley de Glaciares

El eje central de la modificación que se propone para la Ley 26.639, de Presupuesto Mínimos para la Protección delos Glaciares y del Ambiente Periglacial es la transferencia de la Nación a las provincias de la potestad para definir el ambiente periglacial, que constituye la zona de exclusión para la explotación minera.

La intención es redefinir qué área es periglacial para que las restricciones a la minería se apliquen específicamente a las formaciones geológicas que cumplen una función hídrica relevante. De acuerdo al texto, la protección se centraría solo en las áreas que la autoridad provincial determine que contienen recursos hídricos "estratégicos" o "relevantes". significativos, dejando sin resguardo a otros.

El argumento central del oficialismo y de los gobernadores es que si bien hay geoformas que son fáciles de identificar y que sin duda se encuentran protegidas, otras no son indudablemente origen de cursos de agua. Esto sucede sobre todo con el ambiente periglacial, donde hay formaciones que son más de un 80% roca y que pueden contener o no agua.

En ese marco, el proyecto elimina la prohibición absoluta de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de ambiente periglacial, dado que las provincias tendrán la facultad de actualizar el inventario de esas áreas y permitir la explotación en lugares que antes estaban protegidos. Las prohibiciones serán reemplazadas por estudios de impacto ambiental que también estarán a cargo de cada provincia.

Los sectores de la oposición que rechazan el proyecto no solo plantean la cuestión de la protección ambiental y los cursos de agua, sino también eventuales problemas jurisdiccionales. Al respecto, uno de los senadores que votó en contra de la iniciativa indicó a iProfesional: "Supongamos que un gobernador toma una medida para atraer inversiones mineras que afecta un cause de agua que pasa por otra provincia y la perjudica, ¿qué se hace en ese caso?".

De esta forma, hay sectores de la oposición que consideran que el proyecto tiene baches o zonas grises por resolver. Esto formará parte del debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares que se viene en la Cámara de Diputados, aunque la polémica está planteada ya desde el paso previo que son las audiencias públicas, con la medida cautelar y la posibilidad de futuras presentaciones judiciales para declarar nulo el procedimiento y trabar así la sanción de la nueva norma.