El gobierno celebra cambio histórico en ley de glaciares: "La norma anterior era confusa e impedía el progreso"
La reforma de la Ley de Glaciares consiguió aval del Congreso. La Cámara de Diputados la aprobó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras una sesión que se extendió más de 11 horas.
El gobierno de Javier Milei celebró el resultado como un cambio estructural. Según la Casa Rosada, la modificación apunta a ordenar el marco normativo, fortalecer las competencias provinciales y dar mayor seguridad jurídica para actividades productivas.
La ley 26.639, vigente hasta ahora, establecía un esquema de protección uniforme para glaciares y ambientes periglaciares en todo el territorio nacional. La reforma introduce un modelo diferente: solo quedarán bajo resguardo estricto aquellos glaciares y geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada o relevante, verificada mediante evaluaciones técnicas provinciales.
Ese cambio de criterio redefine qué zonas están protegidas. Y abre la puerta a proyectos en áreas que, bajo la normativa anterior, estaban vedadas.
Qué cambia en el esquema de protección de glaciares
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina sostuvo que la reforma apunta a "precisar" el alcance de la legislación vigente, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y evitar interpretaciones amplias que, según señalaron, impedían el desarrollo de actividades económicas.
Desde el Ejecutivo calificaron la modificación como una "reforma histórica" y afirmaron que permite diferenciar con mayor claridad qué zonas deben ser protegidas en función de su relevancia hídrica. En ese sentido, remarcaron que se mantiene la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares que cumplen funciones hídricas, mientras que se habilita la posibilidad de desarrollar actividades en otras áreas, siempre bajo evaluaciones técnico-científicas.
El Gobierno consideró que la ley anterior generaba "interpretaciones confusas" que derivaban en restricciones generalizadas, incluso en territorios donde no existían elementos a preservar según los nuevos criterios.
Cambios centrales en la protección de glaciares
La reforma establece que solo quedarán bajo protección estricta los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan una "función hídrica comprobada o relevante". Esta verificación quedará en manos de las provincias, lo que implica un cambio respecto del esquema anterior, basado en parámetros más uniformes a nivel nacional.
Además, se reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un modelo de evaluación de impacto ambiental caso por caso. De este modo, cualquier actividad proyectada en estas zonas deberá ser analizada previamente antes de su autorización.
El nuevo enfoque también introduce un esquema de protección condicional: los glaciares incluidos en el Inventario Nacional mantendrán inicialmente su resguardo, pero podrán dejar de estar alcanzados por la ley si se determina que no cumplen funciones hídricas relevantes.
Mayor protagonismo de las provincias
Uno de los ejes destacados por el Gobierno es el fortalecimiento del rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales. La reforma les otorga la facultad de definir criterios propios para identificar y proteger áreas glaciares y periglaciares.
Según el comunicado oficial, este cambio responde al principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales y permite a cada jurisdicción administrar sus reservas hídricas de manera "eficiente, técnica y realista".
En este marco, el Ejecutivo vinculó la reforma con demandas históricas de provincias vinculadas a la explotación de recursos estratégicos, como las que integran las mesas del litio y del cobre.
Modificaciones en el rol del sistema científico
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá siendo de consulta obligatoria. Sin embargo, su función pasará a ser principalmente registral, sin carácter vinculante sobre las decisiones provinciales.
Este cambio forma parte del nuevo esquema que prioriza la autonomía de las jurisdicciones locales en la aplicación de la ley.
Argumentos oficiales: ambiente y crecimiento
En su posicionamiento, el Gobierno sostuvo que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. En ese sentido, afirmó que "el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios".
El Ejecutivo también planteó que la normativa anterior generaba restricciones que consideró contrarias a principios constitucionales vinculados al uso racional de los recursos naturales y a las competencias provinciales.
Asimismo, destacó que el nuevo marco normativo permitirá avanzar en proyectos productivos en zonas que, según la nueva interpretación, estaban "mal catalogadas" como áreas protegidas.
Reconocimientos y apoyo político
El comunicado oficial incluyó un agradecimiento a legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, y mencionó especialmente a mandatarios provinciales que respaldaron la reforma, entre ellos Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz.
También se destacó la participación de funcionarios nacionales en la elaboración del proyecto, que, según el Gobierno, fue resultado de un trabajo coordinado durante un año.
Críticas y contexto del debate
En el mismo comunicado, el Ejecutivo cuestionó las objeciones de sectores ambientalistas y mencionó "intentos de interferencia de organizaciones extranjeras" en el debate. Además, sostuvo que las posiciones críticas responden a agendas que buscan frenar el desarrollo productivo.
Finalmente, el Ejecutivo consideró que, con esta reforma, la Argentina avanza hacia un esquema de "federalismo ambiental". Un modelo orientado a la explotación de recursos bajo criterios técnicos, con mayor participación provincial en la toma de decisiones.