El Gobierno multó por $21.000 millones al gremio ferroviario por adherir al último paro de la CGT
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El Ministerio de Capital Humano le aplicó una multa de $21.241.500.000 a La Fraternidad. La sanción récord castigó al sindicato ferroviario por no respetar la conciliación obligatoria y adherir al paro general de la CGT del 19 de febrero pasado.
La cartera que conduce Sandra Pettovello fundamentó la medida en el desacato a la orden oficial. El gremio debía retrotraer el conflicto salarial y suspender cualquier medida de fuerza.
Según Capital Humano, el incumplimiento afectó el normal desarrollo de la prestación de servicios ferroviarios y perjudicó el interés general de la población que depende del transporte público.
Pero La Fraternidad no será la única castigada. El Gobierno anunciará en las próximas horas una sanción incluso superior contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Por qué el Gobierno aplicó esta multa récord a La Fraternidad
La sanción surgió tras verificar que el gremio ferroviario ignoró la conciliación obligatoria. Esa medida había sido establecida el 5 de febrero de 2026 con un plazo de 15 días.
Durante ese período, La Fraternidad debía restablecer las condiciones previas al conflicto. También tenía prohibido realizar cualquier acción directa.
La Ley N° 14.786 obliga tanto a sindicatos como a empleadores a abstenerse de medidas de fuerza mientras rige la conciliación. El objetivo es proteger la continuidad de servicios esenciales y salvaguardar el orden público.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, verificó el desacato y dio inicio a sumarios administrativos contra ambos sindicatos.
El régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, establece multas del 50% al 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
Qué dice La Fraternidad sobre la sanción millonaria
Omar Maturano, titular del sindicato ferroviario, anticipó que recurrirá a la Justicia. "Lo veremos con nuestro abogado y seguramente iremos a la justicia porque para nosotros está mal aplicada", afirmó.
Pero el líder gremial fue más allá. Advirtió sobre una posible reacción contundente: "Haremos un paro por tiempo indeterminado".
La amenaza llega en un momento de alta tensión entre el Gobierno y el sindicalismo. La CGT convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el Día del Trabajador.
Esa marcha tendrá una fuerte impronta opositora y servirá de termómetro del conflicto. Se realizará apenas un día después del anuncio de la multa a La Fraternidad.
El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría las multas, la CGT reaccionó duramente. La central obrera calificó la medida como un acto de "persecución política y sindical".
"Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas", expresó la CGT en un comunicado.
La central obrera agregó que el Ejecutivo debería ocuparse del "aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones" en lugar de castigar a los sindicatos.
Cómo fue el proceso que derivó en la multa récord
Capital Humano precisó que la infracción fue categorizada como "muy grave" tras una investigación sumarial. Durante el proceso se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas.
El sumario confirmó que el incumplimiento no solo violó la resolución ministerial. También alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial.
"La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento de conciliación obligatoria", señaló el Ministerio en un comunicado.
Capital Humano destacó la magnitud económica de la sanción y la excepcionalidad de la infracción. La resolución remarca el uso de las "facultades conferidas por la legislación aplicable".
Para el Gobierno, la decisión apunta a "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente". Es una señal de que aplicará con rigor los instrumentos legales en conflictos que afecten servicios estratégicos.
La penalidad de más de $21.000 millones impacta de lleno en la operatividad y el financiamiento del principal sindicato ferroviario del país. La medida sienta un precedente en el manejo de conflictos gremiales y podría escalar la tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.